CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los últimos 15 años, seis proyectos mineros operados por empresas canadienses en México estuvieron vinculados con hechos violentos: ocho personas fallecieron, dos desaparecieron, 14 fueron heridas, 35 fueron detenidas y 83 enfrentaron la justicia, según un informe del Proyecto para la Justicia y la Rendición de Cuentas Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), una organización de abogados canadienses.
De acuerdo con el JCAP, cuatro de cada diez empresas mineras que operan en América Latina son de origen canadiense y, entre 2000 y 2015, al menos 28 de ellas estuvieron involucradas en afectaciones a los derechos humanos en 14 países del subcontinente, en 11 de los cuales murieron personas, ya sean líderes comunitarios e indígenas, víctimas de “ataques dirigidos”, pero también activistas, mineros, policías, guardias de seguridad, periodistas, abogados o sindicalistas.
El informe destacó que durante este periodo murieron 44 personas, se perpetraron 15 agresiones sexuales y actos de represión violenta que resultaron en por lo menos 363 personas heridas –212 de ellas eran líderes comunitarios opuestos al proyecto minero– y en 709 casos se reportaron acciones de “criminalización” de la oposición a los proyectos, que abarcan demandas, detenciones y condenas.
Con base en este padrón, la organización observó la “proximidad” entre los proyectos, la violencia y la criminalización, así como la “posible complicidad” de las mineras en contextos de violaciones a derechos humanos. Estas empresas, abundó, se alían con los gobiernos para frenar la protesta social y, en algunos casos, con grupos criminales.
Tres días más tarde, con el afán de apagar la polémica que generaron sus declaraciones, McEwen se retractó y ofreció una disculpa por el “malentendido”, que “creó la impresión totalmente falsa entre los medios mexicanos de que teníamos contacto regular con elementos criminales en su sociedad”.
En su informe el JCAP, un conglomerado de abogados y estudiantes en derecho que aporta ayuda legal a las comunidades afectadas por las actividades extractivas de empresas canadienses, señaló que en sus informes de actividades las empresas mineras ocultaron tres de cada cuatro eventos que provocaron muertes, así como nueve de cada diez casos que generaron heridos.
También observó que cuando las mineras informan sobre un acto violento, suelen minimizar la tensión social generada por la actividad minera. Un ejemplo, mencionado en el estudio, ocurrió en octubre de 2015, cuando la policía nicaragüense desalojó con violencia un bloqueo que paralizaba las operaciones de la mina El Limón, propiedad de B2Gold. El operativo resultó en la muerte de un policía; además, 31 personas resultaron heridas.
En un comunicado sobre el evento, la minera aseveró: “El gobierno de Nicaragua instruyó a la policía remover el bloqueo ilegal, detener a los responsables por sus acciones violentas que dejaron muerto a un policía y heridas a otras personas, y restablecer el orden civil en la ciudad de El Limón. El bloqueo fue removido exitosamente por la policía, y los trabajadores pudieron volver al trabajo”.
Es más, en ciertos casos, como el de Barrick Gold Corporation, la violencia se considera como “parte del negocio”, deploró el JCAP. En su informe anual más reciente, la empresa reconoció que, al implementar “un número de medidas y salvaguardias” en una subsidiaria de Sudáfrica, no hay garantía de que el personal de seguridad actúe de acuerdo con los estándares internacionales.
Uno de los principales problemas, que subrayó el JCAP en su informe, recae en la responsabilidad de las empresas en violaciones a los derechos humanos. En junio pasado un colectivo de 180 organizaciones no gubernamentales enviaron una carta a Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, en la que le exhortaron a implementar un mecanismo eficiente de rendición de cuentas de las empresas mineras en el extranjero.
“En muchos casos la empresa o el Estado implementaron la ley para desincentivar la protesta o agobiar a los líderes sociales opuestos a la minería mediante procesos legales o encarcelamientos”, señaló el informe, al añadir que según los nuevos lineamientos de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, los actores del sector privado deben ir “más allá” de las leyes nacionales y adoptar códigos de conducta conformes con los mejores estándares internacionales en materia de derechos humanos.
El JCAP también señaló la relativa inutilidad del Consejo de Responsabilidad Social Corporativa (CSR, por sus siglas en inglés) y el Punto Nacional de Contacto (NCP), dos instancias consultivas que deberían revisar las conductas de las empresas canadienses en el extranjero.
De acuerdo con la organización, el CSR apenas recibió seis quejas en sus seis años de existencia, y el NCP investigó cinco casos desde 2011.
