Organizaciones denuncian amenazas de muerte contra el abogado que representa al Parlamento Xinka en consulta sobre la mina Escobal
El 15 de marzo, el Parlamento Xinka denunció el incumplimiento continuo de la decisión emitida por la Corte Constitucional respecto a la obligación de las empresas mineras de consultar al pueblo Xinka, así como las amenazas e intimidaciones contra Quelvin Otoniel Jiménez Villalta, abogado del Parlamento Xinka. El Parlamento de Xinka estuvo acompañado por representantes de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa durante su conferencia de prensa en la ciudad de Guatemala.
En su comunicado de prensa, declaran: “Tememos por la seguridad del abogado Quelvin Jiménez Villalta, víctima de amenazas telefónicas, y por la seguridad de todas las autoridades y líderes Xinka que participan en el proceso de consulta. Declaramos al estado de Guatemala y a la Minera San Rafael directamente responsables por nuestra seguridad e integridad física».
El Sr. Jiménez presentó una denuncia penal ante las autoridades guatemaltecas luego de recibir amenazas de muerte por teléfono. Jiménez también ha sido objeto de acciones legales espurias por su trabajo en nombre de las comunidades Xinka para exigir su plena participación en el proceso de consulta, así como la transparencia y el debido proceso. La petición, presentada por la Minera San Rafael a fines de diciembre de 2018, más de un mes después de que Pan American Silver anunció la adquisición de la empresa Tahoe Resources, acusa a Jiménez de actuar de mala fe y solicita a la Corte Suprema y al Colegio de Abogados de Guatemala que apliquen sanciones contra Jiménez por su trabajo defendiendo los derechos de las personas Xinka durante la primera etapa del proceso de consulta. La denuncia fue desestimada por la Corte Suprema que determinó que Jiménez no había actuado de mala fe.
Doce grupos guatemaltecos e internacionales se hicieron eco de la preocupación por la seguridad física de Jiménez y de todxs lxs involucradxs en el proceso de consulta. Hacen así un llamado a las autoridades guatemaltecas para garantizar que el proceso de consulta se lleve a cabo sin coerción, intimidación ni amenazas.
Los alcaldes de cuatro municipios en el entorno de la mina Escobal también se unieron al Parlamento Xinka en la conferencia de prensa emitiendo su propia declaración, que condena el incumplimiento por parte del estado de la orden de la Corte Constitucional para consultar con las comunidades Xinka afectadas e insta a la Corte Suprema a tomar medidas para garantizar el cumplimiento estricto de dicha decisión, libre de coerción, amenazas e intimidación.
La compañía canadiense Pan American Silver se ha comprometido a poner en operación la mina Escobal a pesar de la amplia y bien documentada oposición del proyecto. Pan American adquirió la mina Escobal como parte de su compra de Tahoe Resources en febrero de 2019. El Proyecto Justicia y Responsabilidad (Justice and Accountability Project) presentó una queja ante la Comisión de Bolsa de Valores de EE. UU. y la Comisión de Bolsa de Valores de la Columbia Británica en nombre de Earthworks, BTS y MiningWatch Canadá antes de que se realizara la reunión de accionistas de la compañía el 8 de enero. La queja resaltó una serie de problemas con el proyecto, incluyendo la falta de divulgación de problemas graves y conflictos que ya están surgiendo con el proceso de consulta.
Este blog fue escrito en colaboración con Earthworks.
Para saber más:
Declaración firmada por grupos guatemaltecos e internacionales.
Fuente y foto: www.breakingthesilenceblog.com
