La lucha por justicia para Berta Cáceres no va a terminar aquí. (…) No somos víctimas pasivas. Vamos a actuar porque Berta Cáceres se lo merece, porque el pueblo Lenca se lo merece, porque nos siguen persiguiendo aún ahora, porque esta estructura criminal que atentó contra Berta Cáceres sigue activa y eso también vamos a denunciar.” Laura Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres, que tomó la palabra al final del juicio.
Del 19 al 24 de noviembre, el juicio de los primeros 8 acusados del asesinato de Berta Cáceres tuvo lugar en Honduras. La defensora de los derechos humanos y lideresa del pueblo Lenca era cofundadora y coordinadora del Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (COPINH),y trabajó sin descanso para frenar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), que pretende instalarse sobre el río sagrado Gualcarque. Antes de su muerte que ocurrió en su casa el 2 de marzo 2016, Berta había denunciado 33 amenazas que había recibido y que nunca fueron investigadas. También fue criminalizada y varios otros líderes del COPINH fueron atacados y asesinados.
Las organizaciones internacionales de Canadá y de la provincia de Québec expresan su preocupación ante la gestión de este caso, manchado de irregularidades, de falta de transparencia y de violaciones a los derechos de las víctimas. La Corte rechazó la admisión de pruebas que demostraban la culpabilidad de dirigentes y empleados de la empresa hidroeléctrica DESA quienes, según personas cercanas de Berta y un grupo de expertos jurídicos internacionales que hicieron un trabajo de investigación elaborado, serían los responsables del asesinato.
En el transcurso del juicio, las pruebas presentadas por el abogado de las víctimas que aportaban informaciones importantes sobre el contexto, pero también de manera más general sobre la estructura que financió el asesinato, no fueron admitidas a la Corte. Estas incluían análisis de expertos reconocidos que demostraban la probabilidad de una conspiración más grande en el asesinato de Berta Cáceres.
Durante el juicio fue ampliamente demostrado, por los mensajes textos que se encontraban en los teléfonos incautados, que el ejecutivo de DESA contrató uno de sus antiguos jefes de seguridad, un ex-militar jubilado, Douglas Bustillo, para coordinar el asesinato de Berta Cáceres. El responsable social ya ambiental de DESA, Sergio Rodriguez, utilizaba las redes de informadores para registrar cada gesto de Berta, mientras Bustillo reclutaba el mejor oficial de las fuerzas especiales, Mariano Díaz, y una celda criminal encargada de ejecutar el asesinato. El Fiscal del Estado no investigó estos elementos cruciales del caso que permitían vincular a los responsables de DESA al asesinato de Berta.
Desde su inicio, el juicio fue manchado de irregularidades y de fallas en los procedimientos. Así empezó la Corte, antes mismo que los procedimientos previos fueran revisados, amenazando el desarrollo de un debido proceso. En eso se incluye las mociones relativas al derecho del COPINH a participar como víctima, las limitaciones en cuanto a la difusión pública del juicio y la recusación de los jueces.
A pesar de las demandas repetidas, los fiscales no presentaron cargos criminales por conspiración contra el acusado, lo que habría facilitado la admisión de pruebas describiendo las actividades de la red criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres. Más de dos años después que se hayan depositados elementos de pruebas esenciales como un teléfono y una arma que fueron encontradas en la casa del Mayor Mariano Díaz, la Fiscalía reportó que la mayoría de estos objetos no habían sido analizados.
El juicio se abrió con la expulsión de los abogados representando a las víctimas, la Corte consideró que estos habían abandonado el juicio, cuando en realidad habían presentado previamente una explicación escrita de su ausencia, tal como lo estipula el derecho hondureño. Esta expulsión representó una grave falta al derecho de las víctimas, tanto del punto de vista del derecho hondureño que internacional.
Durante las audiencias preliminares, el fiscal negó a las víctimas y a la defensa el acceso a las pruebas, y esto, incluso después de que la Corte haya ordenado a los fiscales presentarlas. No obstante, la Corte no sancionó los procuradores por desobedecer a sus ordenes.
La Corte también rechazó la demanda de las víctimas a participar en el proceso y a tener su propio consejo jurídico, obligándolos a que los represente el Fiscal público quien obstaculizó y retuvo informaciones esenciales.
El COPINH y la familia de Berta Cáceres declararon como ilegal el proceso judicial debido a estas numerosas irregularidades cometidas por el Estado hondureño durante el juicio.
El COPINH reporta que las amenazas en contra de los y las integrantes de las comunidades que se habían opuesto a DESA se han multiplicado durante el juicio, obligando a por lo menos un líder Lenca a huir de la región. Esto se debe probablemente a una campaña de difamación dirigida contra el COPINH. Esto se comprueba por las publicaciones de un bufete jurídico de Washington, contratado por DESA y que enunció numerosas acusaciones infundadas de violencia hacia el COPINH, poniendo en riesgo a la organización y a sus miembros. También publicaron insinuaciones escandalosas acerca de la vida sexual de Berta, utilizando mensajes de hostigamiento de Bustillo a Cáceres como un prueba de relación amorosa.
El veredicto del 29 de noviembre es un primer paso importante, sin embargo, no habrá justicia mientras no sea expuesta la estructura criminal detrás del asesinato de Berta Cáceres y mientras los autores materiales e intelectuales no sean llevados ante la justicia.
Hacemos un llamado a que el Fiscal general de Honduras haga una investigación exhaustiva y acuse a los individuos implicados en el asesinato de Berta Cáceres, pero también en otros casos de violencia vinculados con la represa Agua Zarca, incluyendo los grupos financieros que siguen promoviendo la violencia en la región de Río Blanco.
Reiteramos nuestras preocupaciones acerca del desarrollo de los procedimientos, mencionadas, entre otros, por miembros de la Misión legal de observación, que podrían servir de base a una apelación futura.
BC Teachers’ Federation
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)
Common Frontiers
Ontario Secondary School Teachers’ Federation
Fonds humanitaire des Métallos
