MÓNICA OLVERA MOLINA
El diálogo que empezó este jueves 7 de abril a partir de las 10 de la mañana entre afectados, expertos en el tema de presas y autoridades del sector agua, donde según la agenda se abordaría el impacto socio-ambiental que tendría la presa El Zapotillo en el corto y largo plazo conforme a los lineamientos que establece la Comisión Mundial de Represas (CMR), representaba una oportunidad histórica para el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), en vista de que tendría que reconocerse que en cada proyecto de infraestructura hidráulica de este tipo existen graves afectaciones socio-ambientales inherentes a su construcción.
Las grandes presas han sido promovidas como política de desarrollo a escala internacional por el Banco Mundial (BM), en la década de los años 50 el número de tales infraestructura era cercano a las cinco mil, pero a partir de la intervención de este organismo el mundo se llenó de presas para 1998 había 47 mil 655 grandes y 800 mil pequeñas, se represaron la mitad de los ríos del mundo a una tasa sin precedentes de uno por hora.
El informe Represas y Desarrollo: Un nuevo marco para la toma de decisiones, de la CMR publicado en el año 2000 significó un fruto de la presión internacional de los movimientos y organizaciones sociales que exigieron al BM la evaluación de los proyectos que había financiado. Contiene datos escalofriantes que dejan a la vista la política autoritaria de la construcción de los proyectos, la corrupción que implican, el alto costo económico que representa para los países pobres debido al financiamiento, la ineficiencia con que opera la infraestructura y, por supuesto, las afectaciones socio-ambientales.
Más de 80 millones de personas han sido desplazadas y empobrecidas a raíz del interés que mueve a la construcción de grandes presas. El emplazamiento de tales infraestructuras ha significado la sobreexplotación de los principales sistemas hídricos del mundo. Se estima que los ecosistemas fluviales del 60 por ciento de las cuencas del mundo se encuentran gravemente fragmentados por la presencia de presas. Rompe de igual manera el informe el mito de la hidroelectricidad que se ostentaba como energía limpia, toda vez que la descomposición de materia orgánica en el área de embalse emite Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Aproximadamente cuatro mil 500 presas se han construido en México, de las cuales más de 700 han sido clasificadas como grandes por su tamaño. Entre todas almacenan el 80 por ciento del agua superficial disponible. No obstante, sólo 50 grandes presas concentran el 80 por ciento del total anterior, por lo que las obras de tal tamaño son consideradas institucionalmente como la infraestructura hidráulica más importante del país. Sin embargo, las instituciones responsables de su construcción u operación, no han efectuado evaluaciones nacionales que contemplen todos los aspectos tratados en el Informe de la CMR.
En México, la construcción de grandes presas ha ido de la mano de una política autoritaria, que expropia el territorio a comunidades y pueblos, principalmente indígenas. Y dado el desplazamiento forzado, los antropólogos hablan de etnocidio. Entre las décadas de 1950 y 1990 el número de desplazados rondaba los 200 mil entre mazatecos, chinantecos, tzotziles, nahuas, zoques, huicholes, pames, otomíes, mayos, yaquis, mestizos. Un ejemplo, la lucha de los chinantecos para exigir indemnizaciones justas por el despojo sufrido hace ya más de 35 años a causa de la construcción de la presa Cerro de Oro, en Oaxaca, muestra que las afectaciones son inmediatas y se extienden a muy largo plazo. La construcción de la presa Itzantún, en Huitiupán, Chiapas, podría desplazar a más de 13 mil personas, entre indígenas y mestizos.
El 80 por ciento de las presas en México, grandes y pequeñas, presentan un grado de contaminación. Es decir, la construcción de presas es explicación básica del problema debido a que al no correr el río no se puede limpiar. El río Santiago es caso emblemático al ser de los más contaminados y represados del país; las presas sobre su cauce se convirtieron en depósito de aguas industriales y residuales. Soporta el río Santiago las grandes hidroeléctricas Santa Rosa y Aguamilpa, las cuales han repercutido seriamente en Marismas Nacionales; y por si fuera poco, recientemente se construyeron El Cajón y La Yesca, megaproyectos de los últimos sexenios. Para rematar, se pretende la construcción de decenas más de proyectos por la Conagua y la CFE en los afluentes del mismo río, como es el caso de El Zapotillo sobre el río Verde.
Aprovechar el momento de estas mesas de diálogo es indispensable para desmitificar la construcción de presas como modelo de desarrollo puesto que en todo el país se han reactivado proyectos de grandes presas, aunado al suculento negocio que promueve la Ley de Aguas Nacionales al permitir la privatización simultánea de su construcción y de la venta de agua y energía provenientes de la misma. Se trata de 509 proyectos de la CFE y cientos de la Conagua. Ahora bien, muchos de estos proyectos fueron considerados en décadas pasadas como inoperantes, riesgosos, costosos o socialmente conflictivos. Para muestra un botón: al proyecto de presa El Purgatorio, en el río Verde, estado de Jalisco, se asignó ya presupuesto para construcción; no obstante, en 1992 el proyecto fue rechazado.
En contraste a la ineficiencia, los proyectos de presas son sumamente costosos y representan un endeudamiento permanente para el país. En el caso de los proyectos hidroeléctricos, son contemplados como Pidiregas. Tanto La Parota, en Guerrero, como Paso de la Reina, en Oaxaca, costarían cada una inicialmente mil millones de dólares. La corrupción se hace evidente en estos proyectos, es el caso de Arcediano, Jalisco, donde no queda claro a dónde fueron a parar los cientos de millones de pesos asignados para la construcción de la presa que finalmente no se emplazó. Cabe señalar que poco se habla de las presas que han quedado como elefantes blancos, muestra de que la corrupción que pervive en torno a tales infraestructuras es un negocio inmobiliario, por lo que no necesariamente tienen que funcionar.
