Publicado por Prensa Comunitaria, el 28 de octubre de 2024
Gustavo Adolfo Morales Duarte y René Guillermo Girón Palacios lograron su reelección en la Corte Suprema de Justicia. Los nuevos magistrados resolvieron una apelación del Ministerio Público, con la que se busca criminalizar y enviar de nuevo a prisión a Rigoberto Juárez Mateo y Ermitaño López Reyes por delitos por los cuales no fueron juzgados. Juárez Mateo considera que hay un revés fuerte al sistema de justicia en el país, no solamente por estos dos personajes, más bien de la mayoría de los que fueron electos, “prácticamente es una perversidad la operación del sistema de justicia”.
La ola de criminalización y la deriva autoritaria del sistema de justicia, se pone de manifiesto ante la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, que, aunque la mayoría son nuevos, han sido sindicados en el caso Comisiones Paralelas 2020, y dos de ellos, por sus resoluciones en contra de las autoridades que defienden los territorios en Huehuetenango.
Los 13 magistrados electos tienen una brasa caliente en sus manos, siguen la línea de persecución y criminalización de la administración anterior, o se separan y hacen cumplir las leyes en favor de los derechos humanos de la población, y en defensa de quienes han protegido los territorios, como en el caso de Rigoberto Juárez Mateo y Ermitaño López Reyes.
Durante la administración anterior, el magistrado Gustavo Adolfo Morales Duarte, fue miembro de la Cámara Penal de la CSJ, y que junto al magistrado René Guillermo Palacios, emitieron una resolución contra Rigoberto Juárez y Ermitaño López al resolver una apelación presentada por el Ministerio Público (MP) que busca criminalizar a las autoridades indígenas de Huehuetenango.
Morales Duarte fue el quinto candidato escogido por la Comisión de Postulación para integrar la Corte Suprema de Justicia, obtuvo 27 votos a favor. Mientras en el Congreso de la República fue el tercer magistrado de la CSJ electo al obtener 110 votos a favor y 49 en contra, por lo que fue reelecto para el período 2024-2029.
Obtuvo 35 votos del partido Vamos, que celebraban cada vez que un candidato que ellos apoyaban era electo como en el caso de Morales Duarte; 24 votos de la UNE; 10 votos de VALOR; 10 votos de CABAL; 7 Votos de VIVA; 6 Votos de TODOS, 4 votos de BIEN; 2 votos de Unionistas; 2 votos de Victoria; 2 Votos de Nosotros (independientes); 2 Votos de Elefante; 2 votos de CREO; 2 votos de Azul; 1 voto de Cambio y 1 voto de Nosotros.
Morales Duarte fue señalado en el caso Comisiones Paralelas 2020 por el amaño en la elección de Cortes, además, de criminalizar a dirigentes y autoridades indígenas en el departamento de Huehuetenango, como Rigoberto Juárez y Ermitaño López.
El actual magistrado de la CSJ integró la Cámara Penal de la CSJ donde emitió una resolución que afectó a Juárez Mateo y a López Reyes, al resolver una apelación del Ministerio Público que podría enviarlos de nuevo a prisión.
Se les acusa también de haber emitido una resolución que extendía el encarcelamiento preventivo del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín hasta el 23 de septiembre de 2025, sin embargo, Zamora Marroquín recobró su libertad tras 800 días en prisión preventiva.
Morales Duarte mantiene vínculos con el actual presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Néster Vásquez Pimentel, a quien se le señaló de presionar para que la Comisión de Postulación incluyera a Morales Duarte en la nómina entregada al Congreso para ser reelecto.
Por su lado, René Guillermo Girón Palacios obtuvo 27 votos a favor por parte de la Comisión de Postulación para la CSJ. Fue apoyado por el partido Vamos dirigido por el expresidente Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.
Girón Palacios fue reelecto por el Congreso de la República al obtener 158 votos a favor de 160 diputados. De los 158; 39 fueron del partido Vamos; 28 de la UNE; 23 de Semilla (independientes); 18 del partido CABAL; 10 de VALOR; 10 de VIVA; 6 de TODOS; 4 de BIEN; 4 de VOS; 3 de Victoria; 3 de CREO; 2 de Elefante; 2 de Nosotros (independientes); 2 Unionistas; 1 de Winaq; 1 Nosotros; 1 de Cambio y 1 de Azul.
Girón ha dictado resoluciones para criminalizar a Rigoberto Juárez y Ermitaño López por oponerse a la implementación de una serie de hidroeléctricas que operan sin consulta a los pueblos originarios del departamento de Huehuetenango, y que afecta a las comunidades de los municipios de Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas.
Perversidad del sistema
Rigoberto Juárez Mateo, autoridad maya Q’anjob’al, señaló el interés de la mayoría de los magistrados por aferrarse al cargo y quedaron estas dos personas. “En una primera mirada es que hay un revés fuerte al sistema de justicia en el país, no solamente se trata de estos dos personajes, más bien de la mayoría de los que fueron electos, prácticamente es una perversidad la operación del sistema de justicia”, dijo.
No creo que las leyes sean malas, más bien son las personas las que interpretan de manera equivocada el espíritu de esas leyes que es lo que ha ocurrido con nosotros, porque no hay ningún delito que se registre en las leyes que digan que mediar en alguna situación es delito, defender territorios es delito o hablar con la verdad es delito, sin embargo, los operadores de justicia tuercen las leyes a su manera y a intereses muy particulares.
“Están orillando a la sociedad guatemalteca a una situación opuesta a este sistema, ojalá no sea ese el interés o intención de esas personas y que la opinión de la población los haga reflexionar, para que reaccionen y rectifiquen sus actuaciones y hagan que la justicia en Guatemala retome los senderos que son importantes para generar confianza en la vida plena de la población guatemalteca”, agregó Juárez Mateo.
Asimismo, mencionó que hay una perversidad de fiscales del Ministerio Público que quieren sentencias, aunque no haya delitos y jueces que se prestan a ese tipo de acciones arbitrarias. “En términos generales, los operadores de justicia en su mayoría están actuando de una manera incorrecta, con honrosas excepciones hay algunos que valoramos por su capacidad y honradez, pero que también han sido por los órganos de justica”, refirió.
Se deben al pueblo
Indicó que todos los operadores de justicia reciben un salario oneroso que viene de los impuestos de la población, por lógica deben responder a quienes les paga, “el patrón es el pueblo quienes le deben responder de una forma correcta, pero es allí donde se pervierte esa lógica de quien es el que manda”.
Agregó que hay una crisis generalizada en el país que está obligando a la población a migrar porque en Guatemala ya no hay seguridad. “Ojalá que no sea esa la respuesta de esos personajes para ahondar en esa crisis para el beneficio de unos cuantos”, dijo.
Juárez Mateo reiteró que a los nuevos magistrados hay que darles el beneficio de la duda y esperar una actitud lo más honesta posible.
Según Rigoberto Juárez, el rol de la autoridad ancestral es generar confianza y ser mediador ante alguna situación de tensión que se pueda generar entre la población o comunidades, y llevar a los contendientes a un ambiente de paz y armonía, que es el mandato que el pueblo ha depositado a la autoridad.
Juárez fue una de las voces con mayor protagonismo en la resistencia contra el golpe de Estado, y en defensa del voto ciudadano para el establecimiento de la democracia en las jornadas del 2023. Además, es integrante de una forma de organización que data de cientos de años que articula a diversas naciones ancestrales que habitan en Huehuetenango.
Una justicia que no acepta la autoridad ancestral
En agosto de 2016, el Ministerio Público apeló la sentencia que había emitido la jueza Yassmín Barrios en contra de Rigoberto Juárez, por seis meses de prisión conmutables por el delito de coacción, mientras que a Ermitaño López fue condenado por dos años de prisión conmutables por el delito de obstaculización de la acción penal, ambos defensores del territorio y autoridades ancestrales en el área de Huehuetenango.
En 2021, una Sala de Apelaciones resolvió agregar a una resolución el delito de detenciones ilegales a la sentencia emitida por Barrios, pero con más años de prisión inconmutables. Con esa resolución Juárez Mateo y López Reyes tendrían condenas más largas de siete y 23 años, respectivamente.
Por esta situación Juárez Mateo y López Reyes plantearon un recurso ante la Cámara Penal de la CSJ el cual fue rechazado y que buscaba dejar sin efecto la resolución de la Sala de Apelaciones del Ramo Penal de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio.
Dicha resolución fue sujeta a un recurso de casación, sin embargo, la Cámara Penal no aceptó los argumentos presentados por la defensa de Juárez Mateo y López Reyes, quienes defienden los territorios Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti’ y mestizo en Huehuetenango, además de ser autoridad ancestral de las comunidades del área norte de dicho departamento.
En 2021, se presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, ya que la Cámara Penal no aceptó los argumentos presentados por la defensa sobre el papel de las autoridades ancestrales y organización de los pueblos indígenas de Huehuetenango, pero la Corte rechazó dicho amparo, dejando así el camino libre a la Cámara Penal para que resolviera en contra de las autoridades ancestrales.
El pasado 22 de agosto presentaron un nuevo amparo ante la CC que busca revocar la decisión de la Cámara Penal. Sin embargo, hasta el momento no han recibido respuestas.
