Publicado por Olmedo Carrasquilla Aguila, Radio Temblor, el 29 de octubre de 2024
La historia ambiental panameña nos describe controversias sobre el desarrollo económico basado en su posición geopolítica en contraste a su rica biodiversidad que trasciende pueblos y culturas. Los actuales conflictos sociales son producto del extractivismo de bienes ecológicos, en función de una economía nacional basada en el libre comercio y dictámenes de grupo de poder global, sin medición, control ni reparación de daños ambientales y soslayando toda consecuencia acumulativa a la crisis global. Los movimientos socioambientales presentan modelos de vida solidarios y viables ante la encrucijada socioambiental y su acelerado desgaste por el imperativo capital financiero en la región. Colectivo Voces Ecológicas COVEC
Este es un análisis de la coyuntura actual de Panamá desde la perspectiva de la ecología política, es decir desde de las relaciones entre los factores políticos, económicos y sociales con los conflictos y cambios ambientales, describiendo una sociedad con una profunda relación con su entorno y su histórica economía de mercado.
Panamá en el periodo de los años 2023 y 2024, ha mantenido un entorno político irregular o inestable en comparación a otros períodos. La gobernabilidad hacia los distintos sectores productivos y de la sociedad ha estado mermada de incapacidad o insostenibilidad en la administración de bienes y patrimonio estatal. Al punto que el cumplimiento de las normas legales ha sido suplantado por el tráfico de influencias, la falta de transparencia y la corrupción.
Aquellas causas en esta coyuntura se han promovido bajo una economía – hacia las necesidades sociales y problemas nacionales – clientelista entre la partidocracia criolla y sectores de poder económico y político. Marginando sectores productivos (agropecuario, salud, cultura, educación, otros) y aumentando la brecha social en el marco de la post-neoliberalización.
Aunque Panamá ha sido uno de los países de mayor crecimiento económico en la región en 2023, con una tasa de crecimiento significativa se espera una desaceleración en la mitad del año 2024. La inflación se ha mantenido baja, con una variación del índice de precios al consumidor de 2.1% hasta octubre de 2023. Sin obviar el déficit fiscal y la deuda pública que siguen siendo un tema de debate nacional.
En lenguaje popular, podemos expresar que los 4,5 millones de ciudadanos experimentan un salto cualitativo hacia un retroceso de la calidad de vida sin las garantías que deben proporcionar los sectores comerciales junto a los últimos gobiernos; los cuales han invertido más al sector financiero y banca nacional como también al sector industrial extractivo. Y bajo la lógica del libre comercio y la dependencia bilateral con los clásicos estados supranacionales, el comportamiento del sector económico del país ha estado dirigido por los dictámenes de los consensos de los grupos de poder global (G8, instituciones financieras internacionales IFIS, transnacionales, otros) que han compensado la explotación de territorios y biodiversidad con programas de cooperación financieras proveniente de sus excedentes.
A pesar de esos programas de cooperación, el estado panameño con la incorporación del Ministerio de Ambiente MIAMBIENTE, creado oficialmente el 20 de febrero de 2015, poco avance ha logrado en comparación con las estrategias que han fomentado sectores ecologistas y comunitarios en diversas cumbres internacionales sobre ambiente y cambio climåtico. La deforestación y la contaminación siguen siendo desafíos importantes como parte de las concesiones otorgadas a empresas con un prontuario contrario a mitigar los efectos negativos sobre el planeta y muy distantes a los incongruentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, y que para el movimiento socioambiental no es avalado.
Ante esta modalidad de intervención económica, la reacción colectiva nacional ha sido enérgica en repudio a la usurpación del patrimonio natural y la falta de respeto al ejercicio de los derechos humanos, concentrándose en la oposición a la minería metálica y la ingobernabilidad ambiental en el marco de la crisis climática.
Extractivismo minero
El movimiento social, grupos ecologistas y comunidades rurales (indígenas, campesinos y afros), en el año 2023, emprendieron fuertes protestas contra el extractivismo minero en territorio panameño. Cuya consecuencia detonante fue la ingobernabilidad socioambiental acumulada que generó un estallido social. Iniciando por el discurso recurrente del gobierno nacional dirigido por el presidente Laurentino Cortizo señalando a la pandemia y a los efectos de la guerra en Ucrania como causantes del estancamiento del país, – la cual representó una cortina de humo para mediatizar a la población con sus aspiraciones a una mejor calidad de vida – para culminar en el tráfico de intereses económicos entre familiares allegados al gobierno con la trasnacional minera First Quantum Minerals de capital canadiense.
El 2 de octubre de 2023, diversos frentes de lucha nacional iniciaron movilizaciones en repudio a la minería convocando una marcha multitudinaria en la ciudad capital, a la que asistieron diferentes sectores estudiantiles, gremios docentes, sindicatos, productores agropecuarios, ambientalistas, artistas, ecologistas, organizaciones de mujeres, organizaciones de base comunitaria entre otros. Aunado a esto, en distintos puntos del país, hubo acciones de calle con la finalidad de que el gobierno nacional retirara de manera definitiva el retirar el anteproyecto de ley 1043 basado en un nuevo contrato minero con la empresa Cobre Panamá, además el cese inmediato de la actividad minera por parte de la transnacional First Quantum Minerals en la provincia de Colón, y que se declarara una moratoria minera nacional. Así mismo se exigía que se promoviera cambios a la Constitucional Política de Panamá para contemplar su prohibición en territorio nacional.
El lunes 23 de octubre se dieron protestas, cierres con el anunció de una huelga general del sector docente y médico por 48 horas para exigir la derogación del contrato minero aprobado en tres debates y sancionado el mismo día por el presidente Laurentino Cortizo el viernes 20 de octubre de 2023.
En respuesta al contrato minero aprobado de forma acelerada y sin suficiente consulta ciudadana, las protestas masivas se intensificaron a un grado que no habían sido registradas desde la dictadura de 1989. Frentes de lucha contra la minería como el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería MPVMS, Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza del Pueblo Organizado por sus Derechos ANADEPO, el Movimiento Sal de las Redes, los Guerreros del Mar, pueblos originarios y campesinos enarbolaron una lucha de liberación contra la dependencia del capital extractivo metálico.
Aunque la Asamblea de Diputados aprobó la Ley 407 sobre un moratoria minera prohibiendo otorgar nuevas concesiones y rechazar las que están en trámite, las acciones de protestas continuaron, y con la presentación una demanda de inconstitucionalidad el viernes 27 de octubre de 2023, por la abogada Martita Cornejo Robles, para que se declare inconstitucional la Ley 406.
Luego de días y semanas de bloqueos de vías, marchas, piqueteos, bloqueo al puerto de la empresa Minera Cobre Panamá en el mar Caribe y un plantón en la primera casa de la justicia panameña, el 28 de noviembre de 2023, en cadena nacional de medios de comunicación nacionales e internacionales, la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) anunció el fallo de inconstitucionalidad ante el contrato ley 406. La CSJ consideró que el mismo violaba la Constitución Nacional, la legislación ambiental y los derechos de los pueblos afectados por la actividad minera. La decisión se produjo luego de más de un mes de protestas masivas en contra de la explotación minera por parte de First Quantum Minerals en una zona protegida, donde se han denunciado graves impactos ambientales y sociales.
El resultado de esta lucha por la vida también dejó graves secuelas como lo demuestra el Informe sobre Violaciones y Criminalización de la Protesta Social en el marco de la Huelga Minera en el año 2023 emitido por la Red Nacional en Defensa del Agua, Guerreros del Mar, el grupo Ya es Ya, la Asociación de Profesores de la República de Panamá ASOPROF entre otros movimientos socioambientales de Panamá. El informe registra cuatro muertes durante las protestas, cientos de heridos, más de 1,500 casos de detenciones arbitrarias, 23 casos de activistas y manifestantes que enfrentan criminalización y procesos legales, personas que sufrieron agresiones y lesiones físicas; al igual que se documenta cómo se han establecido medidas punitivas y represalias contra grupos, como maestros y sindicalistas, que participaron en huelga nacional.
La post huelga antiminera de octubre de 2023 ha tenido como reto el cierre de la minera canadiense First Quantum bajo el régimen legal estipulado en el Código Minero. El gobierno panameño reiteró en 18 de julio de 2024, que para negociar con First Quantum, con los acreedores y banqueros del proyecto Cobre Panamá, se tendrán que suspender todos los procesos de demanda y arbitrajes internacionales iniciados contra el país por el cierre de la actividad minera. Así lo expresó el presidente de la República, José Raúl Mulino, en el primer conversatorio con los medios de comunicación, al admitir que Panamá no puede hacer nada para detener las demandas interpuestas por distintos accionistas del proyecto Cobre Panamá, pero tampoco pretende negociar bajo las actuales circunstancias. La demanda más reciente fue por parte de la Corporación Franco – Nevada de Canadá, que formalizó la demanda de arbitraje contra el Estado panameño por el cierre del proyecto Cobre Panamá, que era operado por Minera Panamá, filial de la también canadiense First Quantum.
En el marco del cierre de la mina Cobre Panamá sobre el Corredor Biológico Mesoamericano CBM han surgido otras transnacionales con el ánimo de usurpar bienes minerales o la injerencia directa hacia el estado para revertir lo invertido como es la empresa canadiense Orla Mining, que tenía tres concesiones para extraer oro en Cerro Quema, ubicado en la provincia de Los Santos. La misma presentó formalmente la solicitud de arbitraje contra el Estado panameño por la no renovación de los permisos para comenzar a extraer mineral en la península de Azuero cuya exigencia se basa en el pago de $400 millones debido a su cancelación. La notificación de intención se presentó el 28 de marzo de 2024, y la compañía indica que el Estado panameño incumplió los términos de inversión acordados en el Tratado de Libre Comercio que firmó con Canadá. El arbitraje será administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en Washington, DC, de conformidad con sus Reglas de Arbitraje.
En otro ámbito de la lucha antiminera en Panamá, el Movimiento Por un Veraguas Verde aún aguarda el fallo de inconstitucionalidad contra la mina Veragold en Cañazas bajo el contrato ley minero 92 de 2013 para explotar, extraer y exportar oro y otros metales en el distrito de Cañazas y La Mesa. La demanda fue interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia CSJ el 14 de noviembre de 2023. Acción legal admitida y bajo la ponencia de la magistrada Miriam Yadira Cheng Rosas. Que posteriormente fue sometida a consulta a la Procuraduría de la Nación confirmando su inconstitucionalidad.
Justicia Climática y Transición Energética Justa y Real
En víspera de las movilizaciones contra la minería en Panamá, se realizó el Encuentro de Justicia Climática en América Latina y el Caribe, del 26 al 28 de octubre de 2023, entre organizaciones miembros y aliadas de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática, y la Campaña Global para exigir Justicia Climática, lanzando el Mapa de Falsas Soluciones a la crisis climática y una declaración de compromiso y solidaridad con la lucha del pueblo panameño contra la minería.
La declaración también enfatizó la creencia compartida por estas organizaciones de que la raíz de la crisis climática reside en el sistema capitalista, extractivista y patriarcal. En este sentido, reafirmaron su compromiso de impulsar transformaciones estructurales basadas en la soberanía y solidaridad de los pueblos, buscando alternativas reales y efectivas para abordar la crisis climática.
Sin embargo, los sectores antagónicos a la soberanía panameña en su término amplio como país, en las últimas décadas han impulsado y siguen impulsando un régimen incongruente con la gobernabilidad socioambiental promoviendo un mercado energético para suplir aún las demandas del Plan Puebla Panamá (PPP), institucionalizar el mercado de metales y compensar la ilógica solución financiera al cambio climático derivado del extractivismo.
En respuesta a ese modelo extractivista, organizaciones como el Colectivo Voces Ecológicas COVEC, Movimiento 10 de abril M10 del pueblo Ngöbe Buglé, el Movimiento de la Juventud Indígena Guna Yala MJK y la organización indígena Mujeres Defensoras del Bosque CEW Emberá ratificaron que existen otros modos de vida y costumbres ancestrales acorde a las demandas reales de los pueblos que son víctimas de la desigualdad social y desastres naturales.
Algunos de las propuestas son:
- Impulsar un plan de capacitación sobre participación ciudadana y consulta popular tomando el Acuerdo de Escazú ratificado el 10 de marzo de 2020, a través de la Ley 125 del 4 de febrero de 2020.
- Implementar un Plan de Monitoreo Comunitario PMC, constituido por las comunidades rurales, defensores socioambientales, el sector científico / académico, y autoridades locales – nacionales. Garante de las evaluaciones e informes socioambientales sobre proyectos de alto impacto a la población y biodiversidad.
- Ratifique el Convenio 169 de la OIT e incorpore la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la legislación interna.
- Rechazar las falsas políticas de mitigación y reparación a los efectos negativos al ambiente producto del extractivismo y cambio climático, como son los instrumentos financieros: compensación por pérdida de biodiversidad, Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) el programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD) y el mercado de carbono. Así como el rechazo a la falacia de la necesidad minería para utilizar metales (cobre, litio, otros) para el proceso de transición energética.
- Fortalecer otras dinámicas de producción nacional, como es la economía popular solidaria, cooperativismo, turismo ecológico y otras costumbres, que también son alternativas enfocadas de manera humana y ambiental ante crisis y situaciones de vulnerabilidad social.
- Propiciar un debate nacional sobre el agua. Esto representa un tema central en el debate público sobre su acceso como un derecho humano versus la economía emergente. Su objetivo es promover un proyecto de ley para elevarla a rango constitucional y transformar su estructura institucional.
- Fortalecer el sector agroalimentario bajo políticas de integración económica y social con enfoque de género. El sector agropecuario está constituido por grandes, medianos y pequeños productores, que con la participación de las mujeres en este proceso como, son un eslabón clave dentro de la cadena productiva y seguridad alimentaria. Estas políticas en mención, también deben tomar en cuenta el acceso a las tierras, créditos y asistencia técnica con un enfoque agroecológico, ya que la producción nacional en distintos niveles, garantiza la sostenibilidad del capital económico de los productores y de los consumidores.
La Transición Energética Justa y Real se reafirma como parte de la democratización de las oportunidades de sostener de manera responsable y verdadera los sistemas de producción (energético, agroproductor, etc.) junto a los ciudadanos en todo el sentido de la participación, documentación y decisión.
Algunos casos de carácter socioambiental en Panamá:
Justicia climática para el pueblo indígena de Guna Yala
La comunidad indígena de la isla Cartí Sugdupu de la comarca Guna Yala fue reubicada el pasado 29 de mayo 2024 a tierra firme debido al aumento del nivel del mar en el Caribe, por efectos negativos que está generando el cambio climático. Con esta gestión han surgido algunos cuestionamientos debido a que la población indígena no ha procesado dicho traslado, ya que su cultura y creencia ancestral es infringida y desplazada. Dicha gestión gubernamental no tomó protocolos para preservar sus costumbres y los obligó a adaptarse a un entorno distinto que no contempla sus prácticas como pueblos originarios.
La Cuarta Línea Eléctrica en el caribe panameño
En un comunicado público el pasado mes de junio de 2024, las mujeres indígenas y campesinas del corregimiento Río Luis y Calovébora en la provincia de Veraguas expresaron su total rechazo a la construcción de la cuarta línea de transmisión eléctrica porque ha sido un proyecto inconsulto e impuesto, ignorando el consentimiento libre, previo e informado, además que se agrava la situación al desconocer la existencia de los pueblos originarios en estos sitios, violando la autodeterminación de los pueblos. Por otro lado, en el comunicado señalan que dicho proyecto provocará grandes devastaciones de bosque primarios y secundarios; pérdida de la biodiversidad y de los ecosistemas, empeorando la existente crisis del cambio climático, poniendo en riesgo su existencia como pueblo. Además, destaca el papel de las mujeres como protectoras de la naturaleza, defensoras de la soberanía alimentaria y transmisoras de saberes ancestrales y prácticas culturales.
Crisis del agua y Canal de Panamá
En el marco de la crisis climática, el canal interoceánico está afectado por un nuevo fenómeno del niño limitando el tránsito de barcos, provocando retrasos, aumento de los costes de envío y un enorme embudo de espera en las entradas del canal. A partir del impacto negativo al comercio, han surgido debates e ideas tecnócratas para mitigar dicha situación; es decir, acaparar mayores volúmenes de masa hídrica que puedan abastecer el sistema operativo del canal ampliado.
Una de estas ideas es el proyecto de embalse hídrico del Río Indio. Generando debate público y oposición por diversos sectores socioambientales, principalmente por la Coordinadora Campesina por la Vida rechazando el proyecto de reservorio hídrico multipropósito o embalses que planea desarrollar la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en la cuenca del río Indio, la cual ha sido catalogado como una estrategia de un solo sector político y económico que se ve beneficiado a raíz del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) que declara inconstitucional la ley 20 del 21 de junio de 2006 por lo que se retrotrae la cuenca expandida de 1999, volviendo a incluir en la región Occidental y por ende Río Indio al territorio del Canal de Panamá.
