En los próximos días, se decidirá el destino de Pablo López Alavéz, un activista de un pueblito en el sur de México. La decisión de una corte federal podría afectar también el destino de una parte del bosque en las montañas de Oaxaca que él considera su hogar. Algunas personas también esperan que el dictamen siente un precedente para los defensores de la tierra y el medio ambiente en todo México.
López (50) luchó durante décadas para proteger el bosque donde vivía en San Isidro Aloápam. Luchó tan persistentemente que se convirtió en un problema para quienes querían lucrarse de la tala de los árboles. Hace nueve años fue arrestado bajo cargos de asesinato. La evidencia sugiere que le tendieron una trampa. Su pueblo tiene miedo de hablar. El bosque que trató de proteger está siendo talado sin piedad.
San Isidro Aloápam es un pequeño pueblo rodeado de bosques y agua dulce, en lo alto de las montañas de la Sierra Norte de Oaxaca. Alrededor de 700 zapotecas descendientes de la civilización precolombina viven allí. No tienen computadoras, acceso directo a tiendas o servicios de salud. La mayoría no habla español.
Del otro lado del río está San Miguel Aloápam con una población tres veces más grande. Durante más de una década, los habitantes de San Miguel se han beneficiado de la tala del bosque que comparten con San Isidro y que Pablo López y su comunidad quieren proteger. Han talado con el consentimiento del gobierno local y de las autoridades forestales y ambientales.
López ha liderado protestas contra la tala que él considera ilegal. Ha documentado y reportado la actividad a las autoridades locales, ha organizado bloqueos de carreteras y ha emprendido labores de concientización sobre la importancia del bosque para garantizar a su pueblo el acceso a una fuente de agua segura y sostenible.
La respuesta a su activismo no se hizo esperar. En 2000, fue declarado culpable de atacar las vías públicas, pero un tribunal de apelaciones anuló el veredicto. También fue acusado pero no condenado por asalto, robo de madera y daños. Luego, en 2010, quince hombres armados rodearon a López y a su familia mientras se trasladaban en su automóvil.
Hablando tímidamente en el español que tuvo que aprender para abogar por la libertad de su esposo.
López fue juzgado y condenado a 30 años de prisión por el asesinato de dos hombres de San Miguel Aloápam durante un tiroteo en 2007.
López testificó y presentó pruebas de que estaba en otro lugar el día y hora del tiroteo y se quejó de inconsistencias y contradicciones durante el enjuiciamiento y los testimonios de los testigos. También señaló que sus derechos indígenas estaban siendo violados.
Observadores externos coincidieron en que el procedimiento estaba viciado.
El WGAD determinó que el estado mexicano no le proporcionó un juicio justo y recomendó su liberación inmediata así como una reparación de acuerdo con los estándares internacionales.
La Defensoría del Pueblo en Oaxaca respaldó el llamado del WGAD, recordando que su oficina había emitido una opinión sobre el caso de Pablo López tras determinar que las irregularidades durante la investigación y el proceso legal habían violado la veracidad de la evidencia y la legalidad, formalidad y legitimidad de las pruebas. Las autoridades ignoraron ambos llamados.
El caso de López no es aislado. El WGAD emitió cinco recomendaciones adicionales para detenciones arbitrarias de otros activistas de derechos humanos solamente en Oaxaca.
Según un informe de la organización de derechos humanos Consorcio Oaxaca «al menos 141 defensores de derechos humanos fueron sometidos a detención arbitraria entre 2013 y 2018». La duración de estos arrestos fue de solo unas horas a casi 6 años.
Un informe de 2019 del Comité Cerezo y otras ONGs ubicó a Oaxaca de segundo en una medición de los estados mexicanos más peligroso para los activistas.
«El caso de Pablo López es emblemático de todo las fallas en el sistema legal mexicano que ha sido convertido en un arma para atacar a los defensores de derechos humanos que desafían los intereses de ricos y poderosos», dice Jim Loughram, portavoz de Front Line Defenders*.
Organizaciones indígenas locales dicen que los ricos y poderosos en este caso son paramilitares asociados con el negocio del comercio de madera en San Miguel Aloápam y partidarios del PRI, el partido tradicional que más tiempo ha estado en el poder. Segun éstas, tanto la investigación preliminar como el caso penal demuestran que hubo complicidad y corrupción de las autoridades y del sistema judicial.
La persecución contra López se ha extendido a su familia, especialmente a su esposa. Yolanda Pérez, también activista ambiental, es ahora blanco de amenaz“En su campaña electoral, el presidente López Obrador dijo que el nuevo gobierno de México volvería a examinar todos los casos en los que hubiera evidencia adecuada de falta de debido proceso. El presidente debería honrar ese compromiso y Pablo López Alavez debería ser puesto en libertad de inmediato,” sostiene Loughran.as de muerte e intimidación y se ha visto obligada a abandonar su hogar en las montañas y establecerse en la ciudad cerca del centro de reclusión de su esposo.
A principios de este año, un tribunal federal acordó revisar todos los cargos y pruebas en el caso de Pablo López.
Las organizaciones que apoyan a López y a otros defensores de derechos humanos encarcelados en todo el mundo esperan que sea liberado.
La comunidad zapoteca, a menudo marginada y silenciada, ha encontrado una defensora vocal y versátil en Yolanda Pérez. Recientemente usó su español para hablar por su esposo en el Parlamento de la UE en Bruselas y en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
*Front Line Defenders (FLD) se fundó en Dublín en 2001 con el objetivo específico de proteger a las personas defensoras de derechos humanos en peligro, aquellas que trabajan, sin violencia, por alguno o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Foto: Front line defender
