La suspensión del otorgamiento de licencias ambientales para el polémico proyecto refleja la omisión de los impactos sobre los pueblos indígenas por parte de la defectuosa Evaluación de Impacto Ambiental
Altamira, Brasil . En respuesta a una demanda civil presentada el 13 de noviembre por la oficina del Fiscal Federal en el estado de Pará (MPF-PA), un juez federal ordenó la suspensión inmediata de la licencia ambiental para un gigantesco proyecto de extracción de oro propuesto por la compañía canadiense Belo Sun Mining a lo largo de la Volta Grande del río Xingu hasta el análisis completo de los efectos sobre los pueblos indígenas llevado a cabo en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El MPF también pide un proceso de consultas gratuito, previo e informado y el consentimiento de los pueblos indígenas locales para el proyecto conforme con el Convenio 169 de la OIT y la Constitución brasileña.
El juez Sergio Wolney afirmó que «la concesión de licencias del proyecto minero sin análisis previo y necesario de los impactos sobre los pueblos indígenas, un hecho confirmado por la evidencia presentada en este caso, constituye una grave violación de la legislación ambiental y de los derechos indígenas.»
Según Wolney un «hecho innegable» es que el proyecto minero, programado para su instalación en las inmediaciones de la polémica presa de Belo Monte, puede resultar en consecuencias devastadoras e irreversibles, incluidos los efectos sinérgicos con Belo Monte por la calidad de vida y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y sus territorios.
Para el MPF, la concesión de una licencia ambiental para un proyecto adicional con impactos probables graves sin un estudio previo de sus consecuencias para la población indígena es inadmisible. La población de Volta Grande del río Xingu ya sufrirán los peores impactos de Belo Monte como resultado de la desviación del 80% al 90% del caudal del río Xingu para alimentar las turbinas de la represa. Los impactos potenciales de Belo Monte son tan graves que a la hora de conceder una licencia de primera fase del proyecto, la agencia ambiental federal (IBAMA) estableció un período de seis años para comprobar si Volta Grande y la población que depende de ella sería capaz de sobrevivir a un permanente déficit hídrico y las otras consecuencias del desvío del río Xingu asociado con la construcción de presas.
Mientras tanto, Belo Sun afirmó hoy que tomará todas las «medidas legales pertinentes para apelar la decisión del Juez Federal y defender la validez y la legalidad del proceso de concesión de licencias.»
«Es interesante que Belo Sun pretende colaborar con las autoridades reguladoras y legales en Brasil, cuando en la práctica la empresa cuestiona estas mismas autoridades y no respeta la legislación nacional e internacional, negándose a reconocer los posibles impactos severos de la empresa minera sobre los pueblos indígenas del Xingu.» dijo Maíra Irigaray Castro, la Coordinadora del Programa de Amazon Watch en Brasil.
El proyecto minero de Volta Grande propuesto por Belo Sun apunta a convertirse en el proyecto de extracción de oro más grande de Brasil. El proyecto se encuentra a unos 10 km aguas abajo del complejo hidroeléctrico de Belo Monte, actualmente en construcción, que desviará un 80% del caudal del río Xingu de su cauce natural en la Volta Grande. La denominada «área de influencia directa» del proyecto de Belo Sun en la Volta Grande se encuentra a 9.5 km del Territorio Indígena Paquiçamba, el hogar del pueblo indígena Juruna.
El 18 de noviembre, el Consejo Estatal del Medio Ambiente en el estado de Pará (COEMA) se reunió para discutir la concesión de una licencia ambiental preliminar para el proyecto de Belo Sun. Uno de sus miembros, un fiscal estatal, pidió aplazar la decisión, exigiendo un análisis más detallado de los documentos del proyecto. La próxima reunión del Consejo está prevista para el 2 de diciembre. Sin embargo, con la decisión de la corte federal de ayer, el Consejo Estatal está ahora impedido legalmente de aprobar el polémico proyecto de Belo Sun. En el caso que Belo Sun o el gobierno estatal de Pará no cumpla con la decisión del tribunal federal recibirán una multa diaria de R $ 20.000 (aproximadamente EE.UU. $ 16.000)
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