Controversia por una represa hecha con dinero canadiense en Colombia. La activista Isabel Zuleta, del Movimiento Ríos Vivos, ha recorrido Canadá pidiendo que se retire el financiamiento al megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango que usará las aguas del río Cauca, el segundo más importante del país. Daños ecológicos y poblaciones afectadas son el resultado hasta la fecha de esta obra hoy paralizada por irregularidades y desperfectos.
El río Cauca reclama justicia. Así se podría resumir las denuncias de la vocera del Movimiento Ríos Vivos, Isabel Zuleta, activista colombiana que ha venido hasta Canadá a solicitar públicamente que se retire el financiamiento canadiense de Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico considerado el más importante del país y cuya construcción ha impactado en los municipios aledaños y ha provocado graves daños ecológicos. Sus opositores acusan a su administración de acoso y asesinatos. Zuleta afirma haber venido hasta Canadá “para que los financiadores sepan de viva voz lo que estamos sufriendo, para que los ciudadanos de esos países asuman las responsabilidades que les corresponden y se solidaricen con nosotros”.
Vinimos aquí porque consideramos que no es ético que las comunidades de Canadá, que las comunidades quebequenses, no sepan qué se hace con su dinero, cómo se destruye la vida de otros, cómo se destruye el territorio con el dinero de las personas de otros países— expresó la socióloga Isabel Zuleta durante su exposición en el Instituto Notre-Dame du Bon-Conseil en Montréal ofrecida en noviembre como parte de una gira por varias ciudades de Canadá — Les pedimos que se retire este dinero que hace tanto daño a Colombia. Se tratan de dos préstamos para la construcción de Hidroituango que ascienden a $313 millones entregado en el 2018 por la Caja de Depósito y Colocación de Quebec (CDPQ, por sus siglas en francés) y de $400 millones de la firma federal Export Development Canada (EDC).
Isabel Zuleta representa al Movimiento Ríos Vivos, defensor de los ecosistemas y comunidades del río Cauca, en el departamento de Antioquia, Colombia, lugar donde se ha venido realizando la obra. Expuso el caso en Montreal gracias al apoyo del comité quebequense que defiende esta causa, Lavons les mains sales de la caisse.
En mayo de 2018, el colapso del túnel de desviación de la presa en construcción provocó inundaciones y desplazamientos de miles de personas. Desde entonces, el río Cauca, el segundo más grande del país, ha ido disminuyendo su poderoso caudal hasta casi secarse. Esto ha ocasionado un impacto ecológico y ha afectado a las poblaciones que viven en sus riberas. Isabel Zuleta ha denunciado la presencia de grupos paramilitares alrededor de la obra y el asesinato de activistas que se oponen a la obra. — Este es un proyecto de muerte y lo rechazamos. Tenemos la esperanza de reencontrar un río de vida —, dijo la activista en su presentación.
El proyecto Hidroituango comenzó en el 2013 bajo la supervisión de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), hoy investigadas por irregularidades en el proceso de adjudicación de la obra. El desastre ocurrió en el 2018 cuando el riesgo por la avalancha pudo causar la ruptura de la represa Hidroituango, ubicada a unos 170 kilómetros de Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia. La situación puso en riesgo a al menos 120 mil personas de cinco municipios e inundó varios poblados. La Caisse (CDPQ) afirma haber participado en el proyecto antes de los desbordes del río Cauca. El grupo de prestamistas al que pertenece “está siguiendo de cerca la situación y está en contacto con la compañía responsable del proyecto”, afirmó la Caisse a Radio Canadá. El 27 de noviembre, gracias a la presión de varios sectores, una delegación compuesta por miembros de sindicatos y de organismos solidarios, e Isabel Zuleta, se reunieron con representantes de la Caisse, que reconocieron que la institución conocía varios de los problemas reportados, pero se limitaron a indicar que la información proporcionada por la delegación sería tomada en cuenta y transmitida a sus equipos, sin ningún compromiso.
Seguimos viviendo con este temor — señala la socióloga Isabel Zuleta, originaria de Ituango — Cuando me preguntaron qué pensaba sobre el proyecto de la presa, pensé que la respuesta a esta pregunta pertenecía a las comunidades. Regresé a mi ciudad natal y tomé la decisión de unirme con los míos.
¿Qué motivó la gira internacional del Movimiento Ríos Vivos?
Nosotros nos dimos cuenta de que realmente el Estado colombiano no nos escuchaba, consideraba que nuestra voz no era importante y decidimos buscar voces de apoyo y de solidaridad en el extranjero. Por eso empezamos a pensar en la idea de hacer un viaje internacional. Desde hace más de un año estamos planeando esta gira con el Movimiento Ríos Vivos. Entonces, la búsqueda es en dos sentidos: uno, de visibilizar la situación de los afectados por Hidroituango, de la crisis en general por este megaproyecto. Luego se trataba de ir a los países en donde están los financiadores para que sepan de viva voz lo que estamos sufriendo, para que los ciudadanos de esos países asuman las responsabilidades que les corresponden, pero asimismo para que ellos se solidaricen con nosotros, que le hablen a nuestros países, al gobierno en Colombia, para que no nos persigan, para que no nos estigmaticen, para que no nos maten. Así hay un elemento de protección, es decir que hoy en día el gobierno sigue estigmatizando, señalando a los opositores a Hidroituango, a los que defendemos el territorio, el agua y la tierra.
Concretamente, ¿cómo se organizó la gira?
Nosotros hemos empezado a conocer personas de diferentes partes, que entendieron un poco lo que estamos sufriendo, sobre todo colombianos que viven en otros países. En Canadá, conocimos en primer lugar al Comité por los derechos humanos en América latina (CDHAL), que nos ha acompañado desde muchos años y que ha estado pendiente de nosotros.
¿Y cómo conocieron el CDHAL?
Al CDHAL lo conocimos cuando empezaron los desalojos y pedimos ayuda. Ellos empezaron a llamarnos, a auxiliarnos. A través del CDHAL se pudo coordinar la gira con las otras organizaciones en Canadá. El CDHAL coordinó la articulación con el Proyecto Acompañamiento Solidaridad Colombia (PASC), las organizaciones en Vancouver. Desde nuestra llegada hemos colaborado con alrededor de 25 organizaciones. Los eventos han salido muy bien en el oeste canadiense así como en Quebec y pasaremos a Ontario. Se busca que la dignidad de los pueblos canadienses haga que se retire el financiamiento.
Dos voceros del Movimiento Ríos Vivos están de gira por Europa, ¿cómo se organizó su estancia?
Ahora tenemos dos defensores campesinos en España, Genaro de Jesús Graciano en Madrid y Milena Flores en Barcelona. Ellos se han ido en el contexto de un programa de tres meses, ofrecido por el gobierno español y en el cual postulan defensores de derechos humanos que están en peligro. Allí están visitando los bancos, haciendo acciones, firmando peticiones. Ellos ya lograron reunirse con los bancos belgas, alemanes y franceses que financian Hidroituango. Todavía los bancos españoles no les han querido recibir. Los resultados son muy positivos, porque realmente hay una sensibilidad de la población ante la tragedia que significa la destrucción del territorio.
¿Puedes hablarnos del evento en cual participaste en Winnipeg?
El evento en Winnipeg fue con comunidades autóctonas afectadas por hidroeléctricas en Canadá. Fue un evento de intercambio de experiencias. Aquí también hay mucha gente que está sufriendo de proyectos hidroeléctricos. Hay muchas amenazas de nuevos proyectos y hay gente que quiere organizarse aquí en Canadá. Me encontré con personas como Shanon Chief y otras mujeres militantes muy inspiradoras que siguen defendiendo el agua.
¿Cómo cambió la lucha después del desastre que hubo en mayo de 2018?
Es que ya no se puede negar la tragedia que nosotros estamos viviendo. Se evidenció. Ya nadie la puede negar ahora y la represa está parada, hay mucha más sensibilidad hacia la situación.
¿Qué representa el retiro del financiamiento?
Es importante el retiro del financiamiento porque implica que esta entidad tiene ética, que no está dispuesta a seguir financiando el daño que todos los días hacen. Se trata del respeto a las comunidades y a la dignidad humana. Si la Caja no retira su inversión, implica que no le importan las violaciones de los derechos humanos, que sus inversiones pasan por encima del que sea sin importar nada, ni los humanos. Después del desastre de 2018, la construcción esta parada por una orden judicial. Solo se están haciendo las actividades de emergencia, para las situaciones que ponen en peligro la vida de los habitantes locales. Ahora, en cambio, están discutiendo las empresas implicadas para que se retomen los trabajos, ya están pidiendo más plata. Entonces, el paro de la financiación puede tener un rol decisivo. El objetivo para las comunidades afectadas es que pare de manera definitiva, de llegar al desmantelamiento de la obra. Es una lucha compleja pero realista. El momento es muy importante, vamos a seguir sin bajar la intensidad.
Cristina Pretell Díaz est étudiante au certificat en études féministes de l’UQAM. Il s’est spécialisé en coopération internationale à l’Université de Montréal. Il travaille avec plusieurs organisations de défense des droits de l’homme.
Alexis Lapointe es estudiante del Certificado de Periodismo en la Université de Montréal. Periodista independiente, da voz a través de sus artículos a su pasión por el idioma y a las culturas hispanas. Es traductor del español al francés. Lea más artículos del autor.
Referencia : Hispanophone
