por Thelma Gómez Durán (Mongabay) Resumen Latinoamericano, 24 abril 2023
En enero de 2023, el director ejecutivo de de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) y el asesor jurídico de la organización, además de otros tres defensores ambientales, fueron encarcelados acusados de un delito que, supuestamente, se cometió hace poco más de tres décadas.
ADES fue una de las organizaciones que jugó un papel importante en el movimiento ciudadano que llevó a la prohibición de la minería metálica en El Salvador en 2017.
En entrevista con Mongabay Latam, Vidalina Morales, presidenta de ADES, señala que esas detenciones, así como todas las irregularidades que ha tenido el proceso judicial, son parte de los indicios que muestran que el actual gobierno de Nayib Bukele busca abrir la puerta a la actividad minera en El Salvador.
El 11 de enero de 2023, cinco defensores del agua y opositores a las actividades mineras fueron detenidos, acusados de un delito que, supuestamente, se cometió en 1989. Para la salvadoreña Vidalina Morales, el encarcelamiento de sus compañeros hizo que cobrara aún más fuerza una idea que le preocupa desde hace unos años: el gobierno, dice la defensora, tiene la intención de reactivar la minería metálica en El Salvador.
A finales de marzo de 2017, El Salvador se convirtió en el primer país en el mundo en promulgar una ley que prohíbe expresamente la minería metálica. Esa legislación fue el mayor logro de una fuerte movilización comunitaria en la que participaron varias organizaciones ciudadanas, entre ellas la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES).
Antonio Pacheco, director ejecutivo de ADES, y Saúl Agustín Rivas, asesor jurídico de la organización, están entre los cinco defensores detenidos y encarcelados a comienzos de este 2023.
Vidalina Morales se unió a ADES en el año 2000, organización en la que ha ocupado varios cargos. Hoy es su presidenta. Como muchos de sus compañeros, ella participó en forma activa en el movimiento contra la minería que comenzó justo en las comunidades en donde la organización trabaja desde 1993.
En entrevista con Mongabay Latam, la presidenta de ADES explica por qué la detención y encarcelamiento de sus compañeros es un indicio más que fortalece su sospecha: el gobierno de Nayib Bukele busca traer de vuelta la minería a El Salvador.
¿Cómo inició la lucha contra la minería en El Salvador?
—Los antecedentes de la lucha minera en El Salvador tienen más o menos unos 17 años. En 2004, cuando inicia el proceso contra la minería metálica aún no sabíamos las graves consecuencias que trae esa actividad, era algo que desconocíamos en las comunidades del departamento de Cabañas.
En El Salvador nuestro antecedente sobre esta actividad era la minería artesanal de oro que se hacía en los años cincuenta en el oriente del país. Esa actividad causó graves daños al agua, daños que aún están presentes en los ríos de esa región del país.
Nuestra lucha contra la minería comenzó cuando las comunidades de los departamentos de Cabañas y Chalatenango alertaron sobre la posible explotación de la minería en el territorio. Las comunidades empezaron a buscar ayuda con organizaciones. Así es como llegan a nuestra asociación, ADES. Nuestra sede está en Cabañas, muy cerca de donde la empresa Pacific Rim, de capital canadiense, pretendía hacer el proyecto El Dorado para explotar oro y plata.
Las comunidades confiaron en nuestra organización. Nosotros asumimos como propio el tema y empezamos a buscar información, a hacer investigación. Encontramos que la empresa había explorado por ocho años el territorio de Cabañas, en donde estaban los distritos mineros. La empresa estaba ya preparada para que se le otorgaran los permisos de explotación. En la ley antigua se daba primero el permiso de exploración y después venía el permiso de explotación, cuando las empresas presentaban el estudio de impacto ambiental.
Cómo se logró que El Salvador se convirtiera en el primer país en prohibir expresamente la minería metálica?
—Sin el trabajo de las comunidades de todo el país que se organizaron en torno a la oposición al proyecto minero, sin ese trabajo minucioso, pero también sin la fuerza de organización y de articulación, el proceso de lucha no hubiese avanzado significativamente.
A nivel nacional se conformó la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, espacio que con sus dificultades aún existe. Eso sirvió para visibilizar la problemática a nivel nacional y también incidir a nivel internacional.
Durante los 12 años de lucha se enfrentaron dos momentos muy importantes y difíciles. Uno fue el asesinato de compañeros que estaban en la lucha. Otro momento complicado fue cuando la empresa demandó al país ante un tribunal internacional. Al final, el tribunal dio la razón al país.
El Salvador tuvo que enfrentar la pérdida de vidas humanas para liberarse de la extracción minera.
—¿Cuántos proyectos se cancelaron en el país a partir de la promulgación de la Ley que prohíbe la minería metálica?
—El único proyecto que estaba próximo a explotarse era el del Dorado, en el Departamento de Cabañas, pero habían al menos entre 70 y 80 solicitudes de exploración.
Existieron represalias en contra de las comunidades que participaron en forma activa para que esta ley fuera realidad?
—La represión se dio, sobre todo, entre 2006 al 2009 y luego en 2012. Después de que se aprueba la ley, a partir de ahí lo que sucede es que en el oriente del país no se detiene la minería artesanal. A pesar de que existe la ley, hay personas que desde entonces y hasta ahora siguen en la minería artesanal. Esas comunidades se involucraron poco o casi nada en la lucha, porque para ellos la minería artesanal es su fuente de empleo.
Nosotros sabemos que aunque se haga en forma artesanal, la minería siempre tiene niveles de contaminación muy fuertes. A pesar de eso, la gente de esas comunidades empezaron a protestar porque se les habían cerrado fuentes de empleo, pero no era como una protesta masiva.
A partir de la aprobación de la ley, la represión la hemos vuelto a sentir a partir de 2021. Desde entonces, nosotros vemos indicios de querer reabrir espacio a la minería metálica en El Salvador.
—¿Cuáles son esos indicios?
—En el 2021, el gobierno salvadoreño se une al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (una iniciativa que impulsa la minería). En ese momento nos preguntamos por qué lo hacía si en El Salvador hay una ley que prohíbe la minería metálica. Luego, el gobierno creó un ente regulador de la minería que es la Dirección de Hidrocarburos y Minas.
El caso más preocupante, y que aumenta nuestra sospecha de que este gobierno tiene grandes intereses en abrir la puerta a la minería, tiene que ver con el presupuesto. Desde que se firmó la ley que prohíbe la minería han habido pírricos presupuestos para darle seguimiento a lo que señala esa ley, en especial sobre la remediación ambiental o el cierre técnico de minas. En el año 2022, ese presupuesto aumentó. Y en el 2023, hay una partida de 4.5 millones de dólares para este tema, sin que se hagan trabajos de remediación ambiental.
A nivel de territorio, la sospecha crece aún más. Nuestras oficinas están muy cerca de donde está el proyecto minero El Dorado. En los últimos meses, nos han informado que están entrando personas a las comunidades a comprar terrenos y los están pagando muy bien. Justamente son los terrenos en donde están los distritos mineros.
Todo esto sustenta nuestra sospecha de que este gobierno tiene gran interés por aperturar la minería metálica en el país.
Cuáles son esos indicios?
—En el 2021, el gobierno salvadoreño se une al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (una iniciativa que impulsa la minería). En ese momento nos preguntamos por qué lo hacía si en El Salvador hay una ley que prohíbe la minería metálica. Luego, el gobierno creó un ente regulador de la minería que es la Dirección de Hidrocarburos y Minas.
El caso más preocupante, y que aumenta nuestra sospecha de que este gobierno tiene grandes intereses en abrir la puerta a la minería, tiene que ver con el presupuesto. Desde que se firmó la ley que prohíbe la minería han habido pírricos presupuestos para darle seguimiento a lo que señala esa ley, en especial sobre la remediación ambiental o el cierre técnico de minas. En el año 2022, ese presupuesto aumentó. Y en el 2023, hay una partida de 4.5 millones de dólares para este tema, sin que se hagan trabajos de remediación ambiental.
A nivel de territorio, la sospecha crece aún más. Nuestras oficinas están muy cerca de donde está el proyecto minero El Dorado. En los últimos meses, nos han informado que están entrando personas a las comunidades a comprar terrenos y los están pagando muy bien. Justamente son los terrenos en donde están los distritos mineros.
Todo esto sustenta nuestra sospecha de que este gobierno tiene gran interés por aperturar la minería metálica en el país.
¿Es por este contexto que consideran que el encarcelamiento de integrantes de su organización está ligado con la intención de abrir el paso a la minería metálica en El Salvador?
—Así es. Aunque se logró la ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador, en nuestra organización y en nuestro departamento de Cabañas no habíamos dejado de hablar sobre las afectaciones de la minería. Cuando empezamos a ver los indicios de que se buscaba reactivar la minería en nuestro país, nosotros empezamos a informar aún más a las comunidades.
Sorpresivamente, el 11 de enero de 2023, capturan a Teodoro Antonio Pacheco, director de ADES, quien desde los orígenes de esta lucha antiminera ha sido una persona clave en esta resistencia. No solo encarcelan a nuestro director, también a nuestro asesor jurídico, Saúl Agustín Rivas, y a otros compañeros que son líderes comunitarios en Santa Marta (Miguel Ángel Gámez, Alejandro Lainez, Pedro Antonio Rivas). Ellos han trabajado en temas claves. Alejandro Lainez, por ejemplo, ha trabajado en el rescate de la memoria histórica de la comunidad.
Para nosotros esto es grave. Esos encarcelamientos reafirman la denuncia que hemos hecho sobre la posibilidad de permitir, de nuevo, la minería metálica en este país en donde los poderes están totalmente cooptados por un solo poder que es el Ejecutivo.
Los diputados y diputadas en el Congreso aprueban las leyes que llegan desde el Ejecutivo sin leerlas, sin revisarlas. El órgano judicial también está cooptado.
La Fiscalía, lo mismo. Eso lo hemos visto en las audiencias que se han dado con el caso de los compañeros. Las juezas que llevan los casos, al final de la audiencia solo dan lectura a un documento que ya llevan escrito. Estamos viendo que el sistema de justicia en este país está respondiendo al interés de una persona y esa persona se llama Nayib Bukele.
De qué delito acusan a los miembros de su organización?
—Para nosotros, la Fiscalía inventó un caso en contra de nuestros compañeros. Los acusa de una supuesta muerte. Pero todas las acusaciones se han realizado con base en puros supuestos. Los acusa de un asesinato ocurrido en 1989, en plena guerra en El Salvador. No han encontrado el cadáver. Uno de los testigos que llevan a la primera audiencia dice que a él le contaron, que él no vio nada. Eso es pura suposición.
Hay tantas irregularidades en este proceso que creemos que si no se ha caído aún es porque, desde los que mandan en este país, lo están sosteniendo para tener a nuestros compañeros apresados.
—Ustedes han denunciado que se han dado muchas irregularidades en el proceso judicial…
—El caso está declarado en reserva, eso implica que no se puede hablar de cómo va el proceso. Previo a esta reserva, nosotros tuvimos acceso a un documento de unas 80 páginas. Así fue como nos enteramos de las acusaciones y en donde hemos detectado varias contradicciones.
Otra cosa grave es que en la segunda audiencia, del 8 de febrero de 2023, la jueza negó la revisión de medidas, por lo tanto, los compañeros deben seguir su proceso en prisión durante los siguientes seis meses, hasta que se dé la siguiente revisión del proceso.
Nosotros pedíamos que revisaran el caso, que dejaran a los compañeros llevar su juicio en libertad, sobre todo porque algunos de los compañeros padecen de enfermedades crónicas. Hoy no sabemos sobre su estado de salud, tememos que pueda empeorar o fallecer en la cárcel, puesto que bajo este régimen de excepción hay muchas personas que están saliendo muertas de las cárceles. Hay un hacinamiento en las cárceles, no hay visitas de familiares, no hay visitas de abogados, no hay medicamentos.
Si el supuesto crimen se cometió mucho antes de que se creara ADES, ¿les dieron alguna explicación de por qué realizaron un allanamiento a las oficinas de la organización y decomisaron sus computadoras?
—Esa es una de las cosas raras del caso. Si era un supuesto crimen cometido en 1989, ¿por qué se llevaron las computadoras? Además, se llevaron sus teléfonos.
Difunden que varios compañeros eran guerrilleros. Y sí, esa es parte de nuestra historia, no solo de ellos, es la historia de nuestro país. Cuando se firman los acuerdos de paz, las organizaciones guerrilleras se reconocen. La Fiscalía ahora dice que esas organizaciones están vigentes. Somos una organización legalmente constituida, que estamos cumpliendo con todas las exigencias que Gobernación pide a las organizaciones de la sociedad civil.
—¿Desde cuándo no ven a sus compañeros?
—Hasta el 18 de enero de 2023, las familias podían visitarlos. Después los trasladan a Soyapango y solamente el abogado podía visitarlos y llevarles sus medicamentos. Se los llevaba todos los días, porque no permitían que los compañeros pudieran tener sus dosis de medicamentos. Por eso, el abogado tenía que religiosamente llevar todos los días las dosis de medicamentos que requerían los compañeros.
Después, a mediados de marzo, de manera repentina los trasladan a la antigua cárcel de mujeres en Soyapango. A partir de esa fecha, no se les ha vuelto a ver, ni el abogado ni la familia. Ahí están totalmente limitadas las visitas. Lo que sabemos es que a finales de marzo, a dos de los compañeros los trasladaron a otro penal que tiene atención médica. Creemos que lo trasladaron a ese penal, porque se empeoró la salud de los compañeros.
La detención de sus compañeros, ¿qué consecuencias ha tenido en el trabajo cotidiano de ADES?
—Ha sido un golpe fuerte para nuestro trabajo. Nuestro fundador ha sido una persona con una visión a futuro y un gran compromiso con las comunidades. Sin embargo, el trabajo que él ha forjado durante todos estos años de vida de nuestra asociación es muy fuerte. Nuestra esperanza es que el trabajo de ADES no caiga. Tenemos bases muy sólidas y hemos preparado a jóvenes para que asuman el relevo de la organización. Nuestra apuesta ha sido a la preparación académica y política de nuestros jóvenes.
Lo que estamos viendo es que en nuestro país se están cerrando espacios a las organizaciones sociales que hacen trabajo de defensa de los derechos humanos y de la defensa del ambiente y el territorio.
Ahora, en este gobierno hay un listado de organizaciones que han señalado por tener afinidades con partidos políticos. Nosotros no aparecemos en ese listado. Eso nos da cierta esperanza, pero tampoco nos confiamos, porque con la detención de nuestros compañeros nos están atacando.
Este gobierno, hasta ahora, no ha dicho nada sobre la detención de los compañeros. Ese silencio, nos preocupa. Porque, a nuestro juicio, es una forma de avanzar en su intención de apostarle a la minería.
En la actualidad son los defensores ambientales y de territorio los perseguidos políticos en América Latina?
—Sí. Esto lo estamos viendo en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador. La nueva forma de represión es para defensores de derechos humanos, pero especialmente contra quienes se oponen a los proyectos de las industrias extractivas. En nuestro caso, a la minería. Nosotros estamos en una situación crítica, grave. Nuestra gran preocupación es que en medio de todo esto puedan legalizar la minería metálica.
En las comunidades hay mucha gente que dice: ‘Primero pasarán por nuestros cadáveres, antes que permitir que una empresa minera entre a explotar la minería’.
Si se abre paso a la minería aumentaría más la violencia, los asesinatos en nuestras comunidades.
En esta región, las comunidades están históricamente acostumbrados a vivir de la agricultura, la ganadería y la pesca. La minería, ¿qué oportunidades les trae? Ninguna. Quizás oportunidad para unos pocos, pero dejando un daño para toda una eternidad. Esto lo hemos visto aquí en el oriente del país, donde todavía se viven las consecuencias que dejó la minería.
Para ustedes cuál es el camino que se debe seguir para no tener zonas de sacrificio ambiental y social?
—Desde nuestra organización, la apuesta es la agroecología, la soberanía alimentaria. Estos son temas de revolución, definitivamente. Tenemos nuestros ríos contaminados. Tenemos serias problemáticas de deforestación y encima tenemos ya la presencia del cambio climático. Y aún así se sigue depredando, se sigue contaminando, se sigue con este modelo tan perverso, se sigue con el modelo capitalista y neoliberal.
Nosotros, desde las comunidades, creamos nuestras alternativas. Nuestro compañero Antonio es un gran soñador de que la revolución del hoy es una apuesta enorme por la agroecología, por la soberanía alimentaria en su amplitud de la palabra. Esa es nuestra gran aspiración. Cuesta, claro que cuesta, pero nosotros no hayamos otro camino.
Hace poco nos visitó una persona del cuerpo diplomático de Alemania. Nos comentaba que en Alemania han prohibido muchos de los venenos tóxicos que aquí, en El Salvador, se siguen vendiendo. Allá en Europa son bastante estrictos con sus leyes, pero en países pulgarcitos como El Salvador, esos productos se venden libremente. Hay sociedades que están desarrolladas a costa del empobrecimiento de países como los nuestros.
Nosotros estamos en contra de esos modelos perversos. Nuestra apuesta es proteger lo poquito con lo que aún contamos. Si nuestras prácticas, nuestras formas de vida, no van acorde a lo que demanda este momento, vamos a colapsar como humanidad. Por eso es que tenemos que apostarle al cuidado de nuestros bienes comunes y a la defensa de nuestros territorios.
