Comunicado publicado por el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), 18 de octubre de 2024
«No hay delito que perseguir» : Las organizaciones internacionales celebran la decisión del tribunal salvadoreño de que los cinco defensores del agua salvadoreños son inocentes de los falsos cargos presentados contra ellos. Los cinco defensores del agua acusados por motivos políticos son héroes de El Salvador y nunca deberían haber sido detenidos.
San Salvador y Washington, D.C. – El 18 de octubre, el tribunal que presidía el juicio de cinco defensores del agua salvadoreños declaró que eran completamente inocentes de los dos cargos falsos de asesinato y asociación ilícita que se habían presentado contra ellos.
«Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la República a no apelar esta decisión para garantizar la libertad definitiva de nuestros compañeros a la mayor brevedad posible», señaló la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES), entre cuyos principales miembros se encontraban los procesados. «En lugar de insistir en prolongar este proceso, la Fiscalía debería pedir disculpas a los cinco defensores y a la comunidad, y centrarse en investigar los verdaderos crímenes de guerra, empezando por las masacres cometidas en Santa Marta y otras comunidades». ADES celebró una rueda de prensa a las puertas del juzgado y emitirá un comunicado más detallado hoy.
En respuesta al veredicto, una coalición internacional de 14 organizaciones (enumeradas a continuación) liderada por Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador emitió la siguiente declaración:
Los cinco líderes comunitarios conocidos como los «5 de Santa Marta», Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, fueron fundamentales para el éxito de la campaña para salvar los ríos de El Salvador de la amenaza de la minería de oro. Gracias al voto unánime de la Asamblea Nacional salvadoreña en marzo de 2017, El Salvador se convirtió en la primera nación del mundo en prohibir todo tipo de minería metálica.
Desde la detención de los cinco defensores del agua en enero de 2023 por cargos políticos, destacadas organizaciones y personas han liderado una campaña nacional e internacional en 31 países para exigir que se retiren los falsos cargos y denunciar la motivación política de su detención ante la falta de pruebas presentadas por la Fiscalía General salvadoreña.
Más allá de la falta de pruebas, el procesamiento de este caso por parte de la Fiscalía General de El Salvador ha supuesto un duro golpe para la credibilidad del gobierno salvadoreño, desmintiendo sus afirmaciones de que el país sigue siendo una democracia y de que no tiene presos políticos. Puede que la implacable y valiente presión ejercida por las organizaciones de base de El Salvador -junto con la solidaridad internacional- haya favorecido hoy a los defensores del agua, pero cientos de opositores políticos, dirigentes sindicales y defensores de los derechos humanos siguen en prisión. El movimiento de base de los defensores del agua se mantiene fuerte frente a futuros intentos de debilitar la protección de la tierra y el agua para las comunidades de El Salvador.
Nuestras organizaciones apoyan el llamamiento de grupos de la sociedad civil salvadoreña para que el Fiscal General de El Salvador pida disculpas a los cinco acusados, cuya salud se ha resentido enormemente durante los últimos 21 meses en los que han sido acusados y encarcelados por cargos falsos, y a la comunidad de Santa Marta, que sufrió verdaderas atrocidades militares durante la guerra civil salvadoreña de 1980-1992.
Como se destacó en un informe de investigación crucial en enero de 2024, las campañas nacionales e internacionales también han condenado la criminalización de los defensores del medio ambiente, la falta de derechos legales y el debido proceso bajo el actual ‘Estado de Excepción’ impuesto por el gobierno salvadoreño, y advirtieron de la intención del gobierno salvadoreño de revertir la histórica prohibición nacional de 2017 sobre la minería metálica.
Los cinco defensores del agua nunca deberían haber sido acusados, y la voluntad del gobierno salvadoreño de perseguir estos cargos a pesar de su clara inocencia demuestra una inquietante voluntad de perseguir al movimiento que estos cinco defensores del agua representan. Pedimos al gobierno salvadoreño que retire los cargos ficticios y que respete el Estado de derecho democrático en la búsqueda de una justicia real.
Una delegación de observadores internacionales formada por académicos y abogados de Canadá, Estados Unidos y México observó el juicio y observó varias transgresiones por parte de los abogados del Fiscal General salvadoreño durante el proceso. No sólo violaron la orden de silencio del tribunal al revelar imprudentemente la identidad de testigos y observadores, sino que también mostraron un «comportamiento excesivamente agresivo» hacia los testigos.
El movimiento de solidaridad internacional apoya el llamamiento de la sociedad civil salvadoreña y de las organizaciones de derechos humanos para que se ponga fin al persistente «estado de excepción» en El Salvador, se libere a las miles de personas que han sido encarceladas injustamente y se garantice la vigencia de la histórica prohibición nacional de la minería metálica de 2017.
«Aplaudimos este veredicto, que demuestra que la justicia debe prevalecer en El Salvador. Los cinco defensores del agua acusados por motivos políticos son héroes de El Salvador, y nunca deberían haber sido detenidos», ha declarado John Cavanagh, asesor principal del Instituto de Estudios Políticos. «Estos cargos tenían una clara motivación política y, con ellos, el Fiscal General salvadoreño ha demostrado una flagrante falta de respeto por los derechos humanos y el medio ambiente en El Salvador. Pero la lucha no ha terminado – debemos garantizar que la persecución de estos líderes comunitarios y ambientales no continúe y que ellos y otros puedan continuar su importante trabajo en condiciones de seguridad. Continuar este juicio desde el principio sigue indicando la voluntad del gobierno salvadoreño de renegar de las protecciones garantizadas por la histórica prohibición minera de 2017.»
«Agradecemos a los cientos de organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil que han trabajado incansablemente durante más de 20 meses para denunciar esta injusticia. Un veredicto de culpabilidad habría sido una sentencia de muerte para nuestros compañeros, ya que las condiciones inhumanas de las cárceles salvadoreñas se han convertido en una trampa mortal para personas de edad avanzada que padecen problemas crónicos de salud», ha declarado Vidalina Morales, presidenta de ADES. «Instamos al Fiscal General a que no recurra esta decisión ante los tribunales superiores, pero estamos dispuestos a utilizar el sistema internacional de derechos humanos si es necesario para defender su inocencia y sus vidas».
«Como hemos dicho, la absolución de nuestros defensores del medio ambiente era el único resultado legal y justo. Esta decisión también defiende los intereses y el bienestar del país», continuó Morales. «Reconocemos el profesionalismo, independencia y valentía de los jueces del juzgado de Sensuntepeque, quienes aplicaron correctamente la ley y no cedieron a las presiones e intereses extrajudiciales que conspiraron para inventar este caso.
«Aplaudimos el veredicto. Se trata de una importante victoria para la justicia medioambiental y los derechos humanos», declaró Viviana Herrera, coordinadora del programa de América Latina de MiningWatch Canada. «Nos unimos a la sociedad civil salvadoreña, en particular a las organizaciones ambientalistas como ADES, que han trabajado arduamente en este caso, y esperamos que siente un precedente para cualquier caso futuro de defensores del agua que enfrenten procesos por motivos políticos en El Salvador.
«Gracias a su unidad, convicción y valentía, y con un masivo apoyo internacional, el movimiento popular salvadoreño ha puesto fin hoy a una grave injusticia», ha declarado Alexis Stoumbelis, Director de CISPES. «No deberían haber sido necesarios veinte meses de masiva campaña nacional e internacional para liberar a estos líderes comunitarios cuando no había pruebas de que se hubiera cometido un delito, y todo el mundo lo sabía. Por ello, las organizaciones internacionales y los gobiernos deben unirse también al llamamiento en favor de la libertad y la justicia para las decenas de dirigentes sindicales, defensores de la tierra y líderes comunitarios que han denunciado los ataques contra sus derechos y su democracia y que ahora se encuentran en prisión, enfrentados a cargos falsos o en el exilio, así como para las decenas de miles de personas detenidas arbitrariamente en virtud del estado de excepción. Sus vidas están amenazadas cada día que permanecen en prisión».
Esta declaración cuenta con el apoyo de las 14 organizaciones siguientes : International Allies against Mining in El Salvador, Americas Policy Group/Groupe d’orientation politique pour les Amériques (APG-GOPA), Alianza Centroamericana de Minería (ACAFREMIN), Comité de solidaridad con el pueblo del Salvador (CISPES), Common Frontiers, CoDevelopment Canada, Institute for Policy Studies Trade and Mining Project, InterPares, MiningWatch Canada, Pax Christi International, SHARE Foundation, Hermanas de la Misericordia de las Américas – Equipo de Justicia, Iglesia Unida de Canadá, Washington Ethical Society.
Fuente : https://cispes.org/article/press-release-santa-marta-5-are-free
