Varias organizaciones sociales de Quebec y Canadá lanzamos una alerta el pasado 5 de junio para manifestar nuestra gran preocupación y profunda indignación por la violenta represión y violaciones a los derechos humanos que se anunciaban en el contexto de la jornada del domingo 7 de junio del 2015. Nuestra inquietud fue justificada y la jornada electoral se ha visto marcada por un proceso antidemocrático y represor donde las violaciones a los derechos humanos fueron la norma.
En varias entidades del país y en especial en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, se observó un proceso electoral particularmente violento en donde una semana antes de las elecciones se sumaban más de 26 muertos. En la semana que precedió a los comicios la violencia se recrudeció y los episodios de abuso de autoridad, coacción y tortura por parte de los cuerpos policiacos de todos los niveles y de grupos paramilitares y de choque se multiplicaron.
A pesar de las denuncias y alertas que fueron emitidas por parte de organizaciones civiles mexicanas e internacionales, las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la jornada electoral fueron sistemáticas y se militarizaron los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. En Xalapa, Veracruz; el viernes 5 de junio fueron brutalmente atacados por un grupo de personas encapuchadas, 8 estudiantes de la Universidad Veracruzana. El ataque con palos con picos y bates se dio dos días después de que el Partido del Trabajo infiltrara un documento de la Secretaría de Seguridad Pública donde se señalaba a estos estudiantes y a otros activistas como “desestabilizadores de elecciones”, 3 de ellos continúan hospitalizados y uno de ellos presenta una fractura craneoencefálica.
En Oaxaca, helicópteros militares de reconocimiento sobrevolaron todo el día la ciudad capital y los municipios aledaños. Ante el clima de inseguridad, la Organización de Estados Americanos (OEA) decidió anular su programa de observación electoral que llevaría a cabo en ese Estado. En el municipio autónomo de Álvaro Obregón hirieron de bala a un ciudadano y mientras era trasladado al hospital, la policía local les dio alcance, le atacó nuevamente y golpearon a dos mujeres que le acompañaban. Al mismo tiempo, en todo el estado fueron detenidas de manera arbitraria 88 personas.
En el estado de Guerrero, el jueves 4 de junio en Tixtla fue violentamente reprimida una manifestación que se llevó a cabo en solidaridad con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y para exigir la anulación de las elecciones. Esta intervención de la policía federal dejó varios lesionados y dos profesores heridos de gravedad. El viernes 5 de junio, la policía estatal reprimió a integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) en la ciudad de Tlapa de Comonfort; así mismo la policía estatal, permitió y respaldó la acción violenta de grupos de personas armadas vinculadas con distintos partidos políticos, que se enfrentaron contra los grupos sociales. El domingo 7 de junio la gendarmería nacional reprimió las movilizaciones sociales en Tlapa de Comonfort y abrió fuego en contra de la población civil de la localidad. Por su parte, la policía federal realizó violentas detenciones arbitrarias de un grupo de profesores, al mismo tiempo que dieron muerte al estudiante Antonio Vivar Díaz, hirieron de gravedad a 4 personas y allanaron varias casas sin orden judicial.
Incidentes de este tipo se suscitaron en todo el país en medio de una jornada electoral donde la intimidación a partir de la militarización fue parte de los dispositivos estatales para imponer una elección que fue rechazada por la sociedad civil organizada y donde el balance final de las agresiones y arbitrariedades cometidas por los órganos de gobierno contra la población mexicana en el contexto de la jornada electoral se conocerán en los próximos días.
Sin embargo, por el momento nos interesa enfatizar que una de las mayores preocupaciones en materia de derechos humanos que alertan a nuestro organismo es la llegada masiva de cuerpos policiacos a los estados de Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y en particular de elementos del ejército y de la gendarmería mexicana. Un país militarizado demuestra una grave crisis institucional y ya ha generado graves casos de tortura, feminicidios, más de 100,000 asesinatos, 26,000 personas desaparecidos, 250,000 desplazamientos forzados y múltiples ejecuciones extrajudiciales que se han suscitado en los últimos 12 meses en Tlatlaya, Iguala, Apatzingán y Tanhuato. Así mismo se ha visto el respaldo de acciones violentas de grupos de personas armadas vinculadas con distintos partidos políticos, por el gobierno.
Como organismo de defensa de los derechos humanos denunciamos el uso incesante de la fuerzas públicas mexicanas con sus ciudadanas y ciudadanos, y las constantes violaciones de derechos humanos por parte del gobierno mexicano y donde el número actual de muertes, de desplazamientos y de desaparecidos en México supera ya al de las dictaduras de Chile y Argentina.
El CDHAL y los organismos aliados exigimos al gobierno mexicano la desmilitarización inmediata del país, que actúe en estricto apego a derecho y, al mismo tiempo, reiteramos el exhorto a la comunidad internacional a que denuncie las graves violaciones perpetradas por el Estado mexicano y sus órganos de gobierno y a que inste a sus gobiernos a que ejerzan presión sobre México para que éste respete los múltiples tratados internacionales en materia de derechos humanos a los cuales ha suscrito. Por último, nuevamente, hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar atenta a posibles acontecimientos y a denunciar públicamente cualquier acto de represión ejercido por los órganos ligados al gobierno mexicano y grupos de choque.
Al gobierno canadiense le solicitamos nuevamente el reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por el gobierno mexicano a su ciudadanía y que se retire a México de la Lista Canadiense de Países Designados de Origen, puesto que el criterio para incluir a un país en esta lista es que el Estado garantiza el respeto de los derechos humanos de su ciudadanía y es garante de la seguridad de las personas, lo cual no es el caso de México.
Montreal, lunes 8 de junio del 2015
Comité por los Derechos Humanos en América Latina.
