Publicado por Nelton Rivera González, Prensa Comunitaria, 2 de septiembre de 2024
La empresa Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (PRONICO) recibió una nueva certificación para exportaciones de productos mineros y despertó la preocupación de varios sectores. La empresa no contaba con dicho permiso del Ministerio de Energía y Minas (MEM) desde 2022, afirmó a Prensa Comunitaria, Julio Roberto Luna Aroche director general de minería.
Aunque el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no hizo público de manera oficial el anuncio de la certificación entregada a la empresa, la noticia corrió entre los comunicadores locales en El Estor y personas afines a la minera, quienes anunciaron que PRONICO habría obtenido del gobierno de Bernardo Arévalo la certificación de exportaciones este año.
PRONICO y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) son subsidiarias de la transnacional ruso-suiza Solway Investment Group, ambas operan la minería de níquel a cielo abierto en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal en el Caribe guatemalteco y fueron sancionadas por corrupción en el sector minero en 2022 a través de la Ley Magnitsky por los Estados Unidos.
La noticia causó preocupación en las autoridades comunitarias y ancestrales del pueblo Maya Q’eqchi (Xyuwa’ ch’och’ ut xna’ ch’och’) en esta región del país. Uno de estos grupos se pronunció en rechazo a la certificación el 28 de agosto : “…expresamos nuestra preocupación por el interés de las empresas mineras por seguir afectando nuestra armonía comunitaria al agilizar solicitudes de más licencias de exploración y explotación mineras… Por lo que exigimos al Ministerio de Energía y Minas y al Estado que dejen sin efecto dichas solicitudes…”.
También generó preocupación en los pescadores artesanales quienes afirman que días antes de confirmarse la certificación observaron el ingreso de una cantidad significativa de góndolas -camiones de carga de tierra– por la ruta de río Dulce a El Estor y por el lado de Panzós.
Uno de los vecinos de El Estor, quien pidió reserva de su nombre, afirmó que hace dos semanas sintieron un temblor y nuevamente el ruido que se genera cuando está encendida la planta procesadora, ubicada a escasos 5 kilómetros del centro del municipio. “Fue la señal de que la minera estaría reiniciando los trabajos” refirió el comunitario.
PRONICO anunció la recepción de esta certificación el día 27 del mes en su página digital.
Esta certificación se entrega tan solo siete meses después que, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos levantara las sanciones a las tres empresas rusas: CGN, PRONICO y Mayaníquel.
El mismo día del levantamiento de las sanciones, en enero pasado, la OFAC sancionó al exministro de Energía y Minas del gobierno de Alejandro Giammattei, Alberto Pimentel Mata; y a Oscar Rafael Pérez Ramírez, su viceministro de Desarrollo Sostenible, señalados ambos de corrupción y sobornos en el sector extractivo, sanción que también se extiende a Luis Miguel Martínez Morales, exjefe del Centro de Gobierno.
La versión del MEM
Prensa Comunitaria preguntó al director de minería del MEM, sobre ¿si el MEM habría entregado la certificación a PRONICO y qué pasos debe seguir la empresa para poder retomar las operaciones mineras?, a esto respondió Luna: “El Ministerio de energía y minas otorga licencias de explotación y también credenciales de exportación.”
A PRONICO, lo que se le entregó fueron credenciales de exportación. Esta no es una empresa que se dedique a la explotación de minerales, sino al procesamiento. Lo que se le otorgó, fueron unas credenciales de exportación que tienen vigencia de 1 año.
O sea, ellos cada año tienen que solicitar esta credencial de exportación. Tuvieron credencial hasta 2022, pero en el año 2023 y 2024 no se les había extendido. “Y, adicionalmente quiero mencionarles que ellos ya exportan producto procesado, pero que, aunque en este momento se les está otorgando la credencial de exportación, ellos indican que por cuestiones de mantenimiento y operativas, la exportación no va a poder ser hasta dentro de algunos meses.”
Las exportaciones y sanciones de 2022
El 18 de noviembre de 2022 las dos empresas propiedad de Solway, CNG y PRONICO fueron sancionadas por los Estados Unidos a través de la Ley Magnitsky, por lo que sus activos y capitales en ese país fueron congelados.
Fue a partir de enero de 2023 que Solway decidió suspender las relaciones laborales con sus trabajadores en Guatemala. En un comunicado fechado 28 de febrero anunció que 500 trabajadores aceptaron la suspensión voluntaria, además, informó de la suspensión temporal de las operaciones industriales diarias que, incluyeron a CGN y PRONICO.
El Observatorio de Industrias Extractivas OIE, confirmó que durante 2022 la minera exportó 295,207 toneladas de mena de níquel, reportando únicamente en regalías al Estado de Guatemala unos Q124,372.42 el equivalente a unos $US16,152.
Esta producción se dio en el contexto de la suspensión de las operaciones mineras, al mismo tiempo que la Corte de Constitucionalidad en abril de 2022, anuló la Consulta realizada por el MEM sobre el proyecto minero Fénix, por considerar que el MEM realizó el proceso de manera arbitraria, violentando nuevamente los derechos del pueblo Q’eqchi.
Ese mismo año OIE descubrió que la operación de Solway en Guatemala con la venta del níquel fue opaca, esta se realizó por debajo del precio de la tonelada métrica real, esto según la London Metal Exchange (LME) que registró el valor real en US$25,834 la tonelada métrica. Vendiendo la empresa a un costo inferior de US$14,079 y no con los valores reales del mercado internacional.
Es decir, Solway registró una venta por US$ 4,156,219,353, cuando el precio real en el marcado equivalía a unos US$ 7,626,377,638, OIE afirma que este tipo de venta le sirvió a la empresa minera para pagar menos regalías al Estado.
El Estado debe repetir la consulta comunitaria, así lo sentenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para el abogado ambientalista Rafael Maldonado y quien ha acompañado el tema legal junto a la Gremial de Pescadores Artesanales y el pueblo Q’eqchi en El Estor, el Estado guatemalteco tiene varios temas legales pendientes por resolver.
Sobre lo ordenado por la Corte Constitucional en abril de 2022, afirma que fueron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes resolvieron no entrar a conocer lo ordenado por la máxima corte en materia de lo constitucional. Es decir, evadieron retrotraer todo el proceso de la Consulta Comunitaria por el proyecto minero Fénix y dar por finalizado el proceso de consulta a pesar de las anomalías desarrolladas por el ministerio en el desarrollo de esta.
El Estado está obligado a repetir la Consulta Comunitaria de manera libre, previa e informada por la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto según la sentencia del caso Rodrigo Tot comunidad Agua Caliente Lote 9 versus el Estado de Guatemala de 2023.
En esta sentencia, la Corte IDH reconoce la gravedad de la violación de los derechos del pueblo Q’eqchi a la consulta comunitaria sobre este proyecto minero y que lo realizado previo a 2020 por el Estado fue una conducta discriminatoria, ordenando al Estado nuevamente la realización de la Consulta.
Vea aquí la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
