En los primeros dos meses del 2022, más de 274.000 personas han sido afectadas por dinámicas asociadas a la violencia armada.
En medio de la campaña electoral para la Presidencia, de la grave crisis estructural y de la emergencia sanitaria por el coronavirus, la violencia en Colombia sigue siendo aún más crítica: un informe de Naciones Unidas señaló que en los primeros dos meses del 2022, más de 274 mil personas han sido afectadas por la violencia, con un incremento del 621% de la criminalidad en jun año.
Mientras, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció múltiples crímenes en contra de líderes sociales, excombatientes y población civil: en los tres meses transcurridos de 2022, Colombia ya registra 30 masacres.
El 28 de marzo en el municipio Uribia en el norteño departamento de La Guajira, fueron asesinados tres indígenas wayúu. La defensoría del Pueblo denunció la presencia y actuación de grupos de crimen organizado de orden binacional (colombo-venezolano) en la frontera marítima, en presunta alianza con habitantes de la zona, vinculados al narcotráfico.
Durante 2021, Indepz contabilizó 114 masacres y señaló que al menos 198 líderes sociales fueron asesinados, para un total de mil 284 dirigentes muertos tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016. Añadió que durante marzo se sumaron 15 víctimas de homicidios en contra de líderes sociales. Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la entonces guerrilla de las FARC-EP se registraron 1.334 asesinatos de hombres y mujeres.
Los asesinatos en marzo se presentaron en los departamentos de Bolívar, Boyacá, Chocó, Caquetá, Cauca, Putumayo, Norte de Santander, San Andrés Isla y Tolima. Desde 2016, Indepaz registró 310 asesinatos en contra de las y los firmantes de paz, y 11 de estos hechos se han presentado durante este 2022.
Mientras, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) reveló que en los primeros dos meses del 2022, más de 274.000 personas han sido afectadas por dinámicas asociadas a la violencia armada, lo que representó un aumento del 621% en comparación con el mismo periodo del 2021 y alertó que al menos 13 mil colombianos se han tenido que desplazar este año.
La OCHA advirtió que se espera que para este año, “la situación humanitaria del país continuará siendo compleja y afectará a las poblaciones más vulnerables del país de cara al periodo electoral, y a los rezagos socioeconómicos de la pandemia. No hay que perder de vista las emergencias de menor magnitud que hay en el centro-sur del país, dado que son zonas utilizadas como rutas de cultivos ilícitos”, complementó.
De acuerdo con la organización internacional, el aumento de este índice responde a varios factores como la disputa entre grupos armados que afecta la tranquilidad de las poblaciones.
El informe señala, asimismo, que hay reportes de personas que se han movilizado de Venezuela a Colombia por enfrentamientos en la frontera. “La situación humanitaria de los territorios de la zona de Frontera con Venezuela y del Pacífico se complejizó debido a la disputa territorial que ejercen diversos Grupos Armados No Estatales (GANE). La población de estos territorios se enfrentó a emergencias por desplazamiento”, señala.
En enero se presentaron 25 emergencias por desplazamiento masivo, en las que más de 12 mil personas fueron forzadas a dejar sus territorios, mientras que en febrero se informaron 11 casos. “Las familias desplazadas reportan amenazas de reclutamiento forzado y algunos casos el uso de sus hogares como escudo de guerra en medio de enfrentamientos”, indican el reporte.
Además, algunas personas desplazadas se niegan a hacer reportes del hecho victimizante, al temer retaliaciones, mientras que un gran porcentaje de víctimas retorna sin garantías de protección ni condiciones de seguridad adecuadas en sus territorios”, señaló.
Durante este año, la Defensoría del Pueblo publicó cinco alertas tempranas relacionadas con riesgos de desplazamiento forzado, siendo “las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con orientación sexual e identidad de género diversas, comunidades afrodescendientes e indígenas, personas en proceso de reintegración, líderes sociales y defensores de derechos humanos como principales poblaciones en riesgo”.
La ONU indicó que durante los dos primeros meses de este año ya se reportan 48 mil personas en situación de confinamiento, de las cuales el 87% están en el Chocó, un incremento del 394% en relación al mismo periodo del año anterior.
“El confinamiento se presenta como estrategia de autoprotección de comunidades que quedan en medio del fuego cruzado y que experimentan contaminación por artefactos explosivos. En la mayoría de los casos, las condiciones de seguridad no son aptas para realizar misiones de verificación y/o entregas humanitarias, por lo que muchos confinamientos quedan invisibilizados en las cifras oficiales”, explicó.
Siguen los falsos positivos
En la vereda el Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo, el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, dirigido por el mayor general Edgar Alberto Rodriguez, ejecutó una nueva masacre, la que fue presentada como un combate contra un grupo de las Farc organizado en el Frente 48. El alto oficial suma acusaciones por su participación en 73 ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.
Las víctimas fueron el presidente de la Junta de Acción Comunal de esa vereda, Didier Hernández Rojas, su esposa Ana María Sarria, Pablo Panduro Coquinche (gobernador del cabildo Kichwa), un menor de 16 años, Oscar Olivo Yela, dos personas conocidas como Pequeño y Cuéllar, resultando heridos Willinton Galíndez, Vanesa Rivadeneira Reyes y Nora Andrade, quienes participaban de un bazar comunitario.
El operativo fue financiado por las mafias del narcotráfico de reconocidos criminales como la Araña (Giovany Andrés Rojas) y el Alacrán (Víctor Patiño Fomeque) con fluidas y abundantes relaciones con oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas a quienes aportan millonarias cifras de dinero y lujosas propiedades en Bogotá y Medellín.
La Defensoría del pueblo, la población del municipio y la vereda, y las organizaciones de los Derechos humanos financiaron que se trata de un “falso positivo” de civiles inermes presentados como guerrilleros muertos en combate.
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), denuncio que “eran civiles, no guerrilleros”, sobre la muerte de las 11 personas. La comunidad señaló que el bazar era para recolectar fondos para atender necesidades de la misma vereda y que se recolectaron once millones de pesos, los cuales desaparecieron en manos de los soldados durante los hechos.
El analista Horacio Duque señala que “A pesar de la grave denuncia, que vuelve a poner el foco sobre el dantesco capítulo de los “falsos positivos”, el gobierno uribista de Iván Duque descartó de inmediato cualquier irregularidad criminal. El irresponsable ministro de Defensa, el uribista Diego Molano, respondió en sus redes sociales: “Operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros”. Pero crecen las dudas sobre la versión que ha entregado la Fuerza Pública del oficial Rodriguez”.
Mientras la violencia no decrece, organizaciones, comunidades y víctimas, insisten en que se haga un cumplimiento integral del Acuerdo de Paz. Este aspecto y los Acuerdos Humanitarios que se gesten con otros grupos armados serán claves para el o la candidata que asuma la Presidencia de Colombia en el mes de agosto.
Texto original y foto: Centro latinoamericano de análisis estratégico
