Daniel Quintero, alcalde de Medellín, y el propio presidente de Colombia, Iván Duque, son responsables de la contratación de empresas que perfilan y monitorean a personas, periodistas y movimientos sociales que critican sus gobiernos en las redes sociales. Eso lo comprobó una serie de documentos e informes que fueron entregados por Telemedellín al Observatorio de Control a la Gestión Pública.
En los informes, aparecen términos como “cibermilitantes” o “atacantes” utilizados para desestimar y estigmatizar cualquier tipo de oposición.
El Movimiento Ríos Vivos Colombia, reconocido por su lucha en defensa de los derechos humanos, ambientales y culturales de las comunidades afectadas por el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, es mencionado en varios de los documentos llevados a la luz pública.
Los informes muestran que el movimiento Ríos Vivos era llamado de “atacante” por sus sistemáticas denuncias, lo que lo pone aún más en riesgo frente a grupos armados como los paramilitares. Ese esquema de perfilamientos o seguimientos tienen el carácter de persecución política a las y los opositores de regímenes como el de Iván Duque, caracterizado por una amplia violencia contras las comunidades.
Para Isabel Zuleta, una de las lideresas del movimiento, la situación es de alta gravedad pues genera un discurso de odio contra Ríos Vivos.
El alcalde Daniel Quintero prefiere pagar a firmas especializadas en seguimiento a redes que escuchar a las comunidades afectadas por Hidroituango articuladas en el movimiento Ríos Vivos. En ese seguimiento a redes no solo se evidencia la información pública que tiene el movimiento sobre nuestras denuncias, sobre las situación que vivimos en el territorio de la construcción de Hidroituango, sino que además en los informes de estas firmas especializadas se nos señala como “atacantes” se desvirtúa al quehacer organizativo y la lucha que hemos liderado por más de ocho años. Nos preocupa esta estigmatización y señalamiento, porque genera un discurso de odio en nuestra contra, genera la construcción de ese otro negativo como paso previo a los ataque, como paso previo a las situaciones de violencia que hemos vivido en el territorio.
El esquema de vigilancia de personas o grupos preocupa a quienes se dedican a la defensa de derechos humanos y territorios. La violencia en Colombia no cesa incluso en el periodo de pandemia. Hasta inicios de agosto de este año, fueron contabilizados 349 asesinatos de líderes y lideresas en Colombia.
Escuchen la version audio de esta noticia aqui.
Photo : Joaquin Sarmiento/AFP/getty
