En Colombia la policía nacional de Bogotá asesinó al estudiante de derecho Javier Ordoñez, quien era padre de dos niños de 11 y 15 años. Un video grabado por el amigo de la víctima evidencia que dos policías torturaron brutalmente a Javier hasta su muerte.
En plena vía pública, los policiales usaron una pistola taser, con la que le dieron varios choques eléctricos. Javier imploraba que cesaran, ya que el dolor era insoportable. Una vez sometido fue llevado a un Comando de atención inmediata, CAI, que es un tipo de estación de policía.
En un segundo video, ya dentro del CAI, vemos a Javier sin camisa, con las esposas puestas hacia atrás de la espalda, tirado en el piso, haciendo sonidos que evidencian que estaba agonizando. Tras haber recibido una nueva golpiza, Ordoñez es llevado a un hospital cercano por constantes súplicas de su amigo a los policías. Sin embargo, el personal médico confirma que ya Ordoñez había llegado muerto.
La autopsia de Javier Ordoñez reveló varias laceraciones en el cráneo, un estallido en el riñón derecho, una hemorragia interna en su cavidad abdominal y esquirlas de proyectil de arma de fuego incrustadas en una pierna.
Los dos agentes de la policía que fueron grabados torturando a la víctima en la vía pública fueron arrestados.
Ese crimen bárbaro hizo surgir marchas masivas y pacíficas en toda Colombia . Un asesinato con las mismas caracteristicas del de George Floyd en Estados Unidos. En Colombia se rechazaron las acciones sistemáticas de violencia contra la población civil.
Para Deisy Aparicio, consejera de Paz del Consejo Nacional de Paz, las manifestaciones expresan la indignación de las población tras ser vulnerada sistemáticamente.
Los hechos reflejan la indignación popular que existe ante la institución de la policía, institución que se ha visto inmiscuida en casos de criminalidad contra la población civil de constantes hechos de abuso y exceso de la fuerza. Como también de situaciones de violencia sexual contra mujeres en el marco de procesos de detención, de casos de corrupción y así mismo de trata de personas.
En ese marco el asesinato de Javier Ordoñez se constituyó como un hecho del cual la ciudadanía lo tomo para generar un proceso de movilización ante las estaciones de policía clamando, el sese de esas acciones criminales por parte de esta institución, pero también la reforma profunda que requiere; esa reforma se ha visto amplificada con otros argumentos y es posibilitar que esta fuerza pública actúe. Va garantizando los derechos humanos en el marco de la protesta social, por ejemplo cuando esta tiene un tratamiento de guerra, en el caso colombiano que ha dejado víctimas fatales como lo es el caso de Dilan Cruz que fue asesinado por el ESMAD del año 2019. en ese sentido lo que hoy se ve en las calles y lo que se vio producto de esta situación es un llamado a cómo realmente el Estado garantiza la seguridad de la gente y la vida a todo nivel y no es este el que de alguna manera irrumpe, asesina, violenta o vulnera los derechos de los colombianos y las colombianas.
Adicional al asesinato sistematico de las fuerzas armadas y policiales, las movilizaciones querian también rechazar la violencia contra las comunidades evidenciadas en:
La violencia sexual sistemática de las fuerzas armadas contra la población civil, el manejo de la pandemia, cuyas medidas benefician a los grandes grupos empresariales y banqueros, y que deja totalmente desprotegidas a las clases asalariadas, campesinas, indígenas, afrodescendientes y desempleadas, entre muchas otras.
Asimismo, las más de 50 masacres cometidas contra la población civil en 2020, el asesinato de 971 lideresas y líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, de los cuales 215 fueron asesinados en los primeros 9 meses de este año , el asesinato de mas de 200 desmovilizados que firmaron el Acuerdo, de los cuales 43 han sido asesinados este año .
Así también, el desplazamiento de 12.552 personas en territorio nacional, la obstrucción a la implementación del histórico Acuerdo final de Paz firmado en 2016 que buscaba garantizar el fin de la guerra en Colombia con justicia y equidad.
Estas manifestaciones dejaron un total de 13 personas asesinadas con armas de fuego y más de 350 heridos en Bogotá y el municipio de Suacha- Cundinamarca.
Para Juan Pinto, de la federación colombiana de educadoras y educadores, FECODE ADEC de Suacha, las y los jóvenes son los más afectados.
El pasado 9 y 10 de septiembre del año 2020 se presentó una jornada de movilización y de protesta a nivel nacional, la cual fue cruelmente reprimida por parte de la policía y el ESMAD. Dando como el resultado 13 personas asesinadas, lo cual sin duda alguna es un abuso y una violación fragante a los derechos humanos en Colombia por parte de la policía y del Estado. Además de eso el país y el municipio de Suacha principalmente viven enormes problemas de desigualdad social, pobreza y exclusión donde los jóvenes son los más afectados y por lo tanto la movilización tiene estos virajes de violencia y radicalización.
La situación en Colombia es tan grave que después de los hechos del 9 y 10 de septiembre 49 ciudadanas y ciudadanos interpusieron un recurso de acción de tutela, que es un reclamo jurídico, y tiene la intención de proteger todos los derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta.
La Corte Suprema de Justicia dio respuesta a esta acción de tutela y decretó un fallo que ordena la implementación de medidas para garantizar el derecho a la protesta pacífica, pues halló que la acción de la fuerza pública es «sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada». Así mismo, decretó que en un plazo de 48 horas el Ministro de defensa pida perdón por los asesinatos cometidos por la fuerza pública.
El ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo comentó que “los dos agentes son objeto de investigación disciplinaria y penal y la institución dará toda la colaboración que requiera la autoridad competente”. Sin embargo, antes del fallo, el 11 de septiembre afirmó que la policía pide perdón por “cualquier violacion de la ley” sin referirse en ningún momento a las 14 personas asesinadas, incluyendo a Ordoñez.
El fallo va dirigido al presidente Iván Duque, a los ministros de Defensa y del Interior, a la alcaldía de Bogotá, al Ministerio Público, al director general de la Policía Nacional, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, para su absoluto cumplimiento.
El presidente Iván Duque, por su vez, ha manifestado que nunca la fuerza pública ha atacado o atacará las manifestaciones pacíficas de las y los ciudadanos y que hace algunos meses no se utiliza la escopeta calibre 12. La cual fue suspendida en el fallo. Para algunos congresistas estas afirmaciones deslegitiman el fallo de la Corte Suprema e incitan un desacato.
El procurador Fernando Carrillo afirmó que este fallo es de obligatorio cumplimiento, ya que si no se obedece al poder judicial se incurre en desacato. Aseguró que las decisiones de la Justicia deben acatarse y cumplirse aunque no se compartan, porque esa es la base de un Estado Democrático de Derecho.
El asesinato y tortura de Ordoñez por parte de la policia de Colombia no es el unico en la historia reciente del país. Entre otras razones, esto obedece a que la policía colombiana es militar y no civil como en otros países de la región. Esta fuerza pública se encuentra en manos del ministerio de defensa y no de justicia. Lo que significa que, cuando haya un abuso o crimen cometido por la fuerza pública colombiana, ésta será juzgada por la justicia penal militar, es decir, jueces militares.
Para César Santoyo del Colectivo Sociojurídico OFB, la policía ha sufrido una degradación como fuerza civil.
Bueno la doctrina de la policía nacional en colombia es como todas las policías a nivel mundial, supuestamente un grupo o un cuerpo de civiles uniformados. Desafortunadamente a lo largo del conflicto social y armado que habido en el país, esta característica se ha venido perdiendo y ha venido militarizando y armándose la policía nacional. Al punto que dentro de los esquemas de acción y dentro de las unidades de acción que tiene la policía en sus operativos en su parte operacional, mantienen una dinámica de confrontación directa, de armamento de corto y largo alcance, de armamento privativo de fuerzas militares y esto ha generado en que también la protesta social sea confrontada y conjurada con este tipo de armamentos. De igual forma en el tema del esquema antidisturbios está claro que hay un uso deliberado y bastante permanente de armamento no convencional como las recalzadas y otro tipo de usos y de instrumentos que pueden causar mucho daño a la gente civil. Y pues en ese sentido es necesaria una reforma estructural de la fuerza pública no solamente de la policía, enfocándose en este momento en una fuerza pública para la paz, en una fuerza pública que tenga garantías de defensa de la población pero también garantías de respeto por la movilización y la protesta social.
Son al menos 20 personas asesinadas en manos de la policía colombiana durante los primeros nueve meses del año 2020. Sin embargo, desde la creación del ESMAD, escuadrón móvil antidisturbios, hace 20 años, la cifra puede llegar a más de 34 asesinados durante las protestas y manifestaciones en todo el país, asegura la ONG Temblores.
“El primero de ellos fue Carlos Giovanni Blanco, quien fue asesinado con un arma de fuego en el marco de una movilización en contra de la guerra en Afganistán, en el año 2001, en Bogotá”.
“El segundo caso se presentó un año después en el 2002 en la ciudad de Bucaramanga, Santander, en donde murió Jaime Alfonso Acosta, de 18 años, por un disparo con arma de fuego”.
El 1 de mayo de 2005 Nicolás Neira de 15 años cayó al suelo y ocho agentes del Esmad lo rodearon, lo golpearon, lo patearon y no lo soltaron hasta matarlo.
En 2011 el patrullero Wilmer Alarcón le disparó por la espalda al joven Diego Becerra, mientras éste dibujaba un grafiti en el norte de Bogotá. Seis años después la Justicia condenó al agente a 37 años de cárcel, pero se fugó y no ha sido capturado.
El 25 de noviembre de 2019, el joven Dylan Cruz murió en una clínica en el centro de Bogotá dos días después de que un miembro del Esmad le disparara una bolsa llena de perdigones que le impactaron en la cabeza, durante una manifestación.
Janner García, de 22 años, se despertó el 20 de abril de 2020 al oír un enfrentamiento entre la policía y una pandilla al frente de su casa, se asomó por la ventana y un policía le disparó y luego le arrojó un gas lacrimógeno “para que no le prestaran ayuda”.
Ánderson Arboleda, un joven afrodescendiente muerto el pasado 20 de mayo de 2020. Él falleció en una clínica de la ciudad de Cali, en el suroeste del país. Estuvo en coma, con muerte cerebral, después de que varios policías lo golpearon.
En su informe Silencio Oficial, la ONG Temblores emite un aturdido grito de justicia por los 20 años del ESMAD del año 2019. “El asesinato selectivo de ciudadanías en manos del Esmad se ha convertido en una herramienta de negación del derecho a la protesta pues, como está ampliamente documentado, cuando el Esmad asesina a una persona manifestante envía un mensaje de miedo e intimidación a todas las personas que salen a las calles a reclamar la garantía de sus derechos”.
Aún así, para Alejandra Rodriguez, lideresa social y edilesa de la Unión Patriótica, las manifestaciones continuarán hasta que la vida en Colombia importe.
Estas últimas semanas en Colombia han sido de mucho movimiento, de mucho proceso de organización social, frente a la represión que se ha venido presentando por parte de la policía nacional, pero también en manifestaciones en contra de los asesinatos sistemáticos a líderes y líderes sociales y a excombatientes. Entonces hay que seguirnos movilizando justamente por eso para defender la vida, para defender la paz y para garantizar que sigamos en un estado democratico y no en un proceso dictatorial.
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Foto : Ivan Valencia
