Publicado por Delphine Jung, Radio-Canada, 2 de mayo de 2023
A pesar de contar con un presupuesto considerable, el «policía» de las empresas canadienses en el extranjero no ha publicado ni una sola investigación en cinco años. Sin embargo, algunos exigen justicia. En Guatemala, por ejemplo, los indígenas exigen que Canadá tome las riendas de una situación insostenible: el robo de sus tierras por una minera canadiense.
Sheri Meyerhoffer no es una mujer fácil de contactar. Y, sin embargo, Native Spaces lleva semanas intentando (la primera solicitud se envió el 27 de febrero) conseguir una entrevista con la Defensora del Pueblo canadiense para la Responsabilidad Corporativa (CCO).
Pero no ha ocurrido nada.
El departamento de comunicación nos remitió sistemáticamente a su página web y a sus informes trimestrales. Uno de los últimos informes tiene 28 páginas y se titula Building Public Trust.
Nos recuerda la visión, la misión y el mandato del OCRE: investigar los abusos contra los derechos humanos cometidos por empresas canadienses que operan en el extranjero en los sectores del petróleo y el gas, la minería y la confección.
Y hay muchas empresas mineras canadienses fuera de Canadá. Sobre todo en América Latina. La mina El Escobal, iniciada por Goldcorp, absorbida por Tahoe Resources y finalmente por Pan American Silver en Guatemala es un ejemplo. Todas estas empresas son canadienses.
Desde el principio, los indígenas xincas se han opuesto a esta mina, que lleva extrayendo plata en el sureste del país desde 2007.
Los xincas afirman que la mina ha puesto en peligro sus recursos de agua potable, ha contaminado y secado ríos, ha multiplicado por cuatro la presencia de arsénico y ha dañado la montaña por la que discurre el túnel de la mina. Los xincas la consideran sagrada. Peor aún, afirman que la mina niega desde hace tiempo su propia existencia en este territorio.
La situación llegó a un punto sin retorno en 2013, cuando el jefe de seguridad del yacimiento ordenó reprimir una manifestación pacífica. Los guardias dispararon contra la multitud y 12 personas resultaron heridas. Otros cuatro xincas fueron secuestrados y uno asesinado.
Entre 2000 y 2015, las empresas mineras canadienses que operan en América Latina estuvieron implicadas en 44 muertes, 30 de ellas consideradas selectivas. También hubo 403 heridos, 363 de los cuales se produjeron durante protestas y enfrentamientos. Estos datos proceden del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa, una clínica jurídica vinculada a dos universidades.
Kelvin Jiménez lucha por los derechos indígenas desde el Parlamento Xinca, que reúne a las autoridades indígenas de su territorio. Su observación es edificante: “Cuando entró la minera canadiense Goldcorp, nos obligó a dejar de lado nuestra lucha por salvar nuestra lengua y, en cambio, salvar nuestro territorio.”
Una mina inquietante
La mina canadiense de El Escobal está situada en el sur del país, cerca de la aldea de San Rafael las Flores.
Según el último censo nacional, hay más de 250.000 xincas en Guatemala y estaban presentes en el país antes que los mayas.
Kelvin Jiménez ha recurrido en repetidas ocasiones a la embajada de Canadá en Guatemala. «Desde 2011, íbamos una vez a la semana, con una carta y una flor, a la embajada. Dijimos que no queríamos esta mina», cuenta.
Por eso, cuando en 2018 Kelvin fue informado de la creación de la Defensoría del Pueblo, creyó ver la luz al final del túnel. Por fin, la situación xinca llegaría a Ottawa.
La esperanza no duró mucho. Pronto, Kelvin Jiménez se preguntó cuáles eran exactamente las competencias de este Defensor del Pueblo.
Y no es el único.
De hecho, las ONG y los expertos entrevistados por Espaces autochtones fueron categóricos: presentar una queja ante la oficina del defensor del pueblo es «una pérdida de tiempo».
Algunos de los entrevistados para este artículo hablan incluso de boicotear a las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
«Nunca aconsejaríamos presentar o no una queja, pero nuestro análisis es que con el mandato actual del OCRE, es una pérdida de tiempo. No es una oficina que vaya a satisfacer tus necesidades», afirma Emily Dwyer, directora de políticas de la Canadian Network on Corporate Accountability.
«No recomendamos a nuestros aliados que presenten una denuncia», afirma Dana Stefov, analista política de Oxfam Canadá.
Esto, según las ONG, puede explicar el escaso número de denuncias presentadas -unas 20- desde su creación hace cinco años.
¿Poder debilitado?
Porque al final, la ESO no tiene poder real, según estas partes interesadas.
«La primera propuesta para crear un defensor del pueblo en enero de 2018 le otorgaba el poder de citar a testigos y examinar documentos en poder de las empresas, pero después de un intenso cabildeo por parte de la industria minera, los poderes de investigación fueron retirados del defensor del pueblo en abril de 2019», explica Shin Imai, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho Osgoode Hall que lleva una década trabajando en cuestiones de derechos humanos relacionadas con las empresas mineras canadienses.
Ilustra la situación con esta analogía: «Imagina que hay un asesinato y atrapas al sospechoso, pero el sospechoso puede decidir si la policía puede registrarle, mirar en su casa o hablar con sus vecinos».
«Si no le das poderes, la cosa se vuelve problemática. Hoy vemos el OCRE como un cascarón vacío». – Una cita de France-Isabelle Langlois, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Canadá
«El gobierno ha cedido a la presión de los grupos de presión y de la industria. Todo se basa en la buena voluntad de las empresas», opina también Dana Stefov.
Emily Dwyer es aún más tajante: «No merece la pena dar dinero a una oficina ineficaz».
En su informe trimestral, la ERCC afirma que «si las partes están de acuerdo, la ERCC puede recurrir a una investigación conjunta. Si no es posible, el Defensor del Pueblo puede llevar a cabo una investigación independiente de los hechos».
Guadalupe García, coordinadora del Observatorio de Industrias Extractivas, una plataforma de investigación sobre empresas mineras, pudo reunirse con la Defensora del Pueblo, Sheri Meyerhoffer. Ella envió a Espacios Indígenas una transcripción de su conversación con Meyerhoffer en mayo de 2019.
«Me dijo que ella solo da recomendaciones y que no puede obligar a la mina a entregar documentos. Sin embargo, estos documentos son pruebas de que la mina estaba negando la existencia de los xincas», explica.
Durante esta conversación, la Sra. Meyerhoffer admite que «la Oficina no tiene poder para penalizar, sancionar, pero podemos recomendar al ministro y al Gobierno que tomen ciertas medidas». El departamento de medios de comunicación del OCRE confirma esta cita.
«El Defensor del Pueblo no puede hacer nada por nosotros», concluye García.
Kelvin Jiménez, del Parlamento Xinca, está de acuerdo.
«No tienen fuerza para exigir responsabilidades a las empresas, sólo dan directrices. Carece de fuerza», afirma. El mensaje que transmite «es que el gobierno canadiense sólo está ahí para sacar provecho [de la tierra], sin importar si conduce a la violencia», añade.
«El Defensor del Pueblo canadiense está ahí ante todo para asegurarse de que las cosas van bien para las minas». – Una cita de Kelvin Jiménez, diputado xinca
En una respuesta enviada por correo electrónico en inglés, el OCRE afirma que puede solicitar documentos a las empresas.
«Cuando una empresa no participa en un procedimiento de investigación, el defensor del pueblo puede adoptar conclusiones negativas […]. Además, cuando una parte no participa activamente en el proceso de examen sin una explicación razonable, puede considerarse que no ha actuado de buena fe. En este caso, el OCRE puede recomendar al Ministro que revoque [su apoyo] a la empresa, así como cualquier financiación futura concedida por [el Ministerio]», escribe su oficina de prensa.
El reto de la transparencia
Pero las quejas contra el Defensor del Pueblo no acaban ahí. ONG, expertos y defensores de los derechos humanos denuncian la opacidad de la organización.
Sin embargo, el OCRE presume de transparencia.
Pero en su página web es imposible ver en detalle el trabajo realizado desde su creación.
Sin embargo, cuenta con un presupuesto de 4,3 millones de dólares y en el presupuesto de 2021 se propuso dotarla con 16 millones adicionales a lo largo de cinco años, de 2021 a 2023.
En total, en el OCRE trabajan 20 personas, entre ellas 17 expertos.
En el mejor de los casos, el OCRE informa de que actualmente está tramitando 16 reclamaciones, 13 de ellas en el sector de la confección, dirigidas contra China, Bangladesh y Honduras. Otra queja se recibió en el primer trimestre de 2023 y se refiere a una empresa minera de Pakistán que supuestamente no respetaba los derechos humanos.
Se desconoce qué grupos han presentado las denuncias y a qué empresas se han dirigido.
Esto es para respetar «la confidencialidad de todas las partes», dice ERCO en un correo electrónico. Al menos hasta que se complete el informe de evaluación inicial. Tras semanas contactando con el departamento de comunicación del OCRE, por fin informaron un Espacio indigeno de que «en las próximas semanas se publicarán 15 informes de evaluación iniciales».
Emily Dwyer comentó: «Está muy bien poner palabras clave como transparencia en tu página web, pero si no lo demuestras con tus actos…».
Dwyer también criticó los retrasos en la tramitación de las quejas. Señala un caso de trabajo forzado de uigures por parte de una empresa canadiense. «Ha pasado un año y todavía están en la fase inicial de evaluación», afirma.
¿Y qué hace el Defensor del Pueblo? Al menos se reúne con ellos.
El Defensor del Pueblo se reúne con grupos de presión
A través de una búsqueda en el Registro Canadiense de Grupos de Presión, Aboriginal Spaces pudo observar que la Sra. Meyerhoffer se reunió con la Asociación de Exploradores y Productores de Canadá, un grupo de presión de energía y recursos naturales, el 28 de octubre de 2022.
También se reunió con la Asociación Minera de Canadá el 25 de mayo de 2022 y el 20 de junio de 2022.
«Que se reúna con los grupos de presión es normal. Pero, ¿por qué lo hace? ¿Por complacencia o para negociar mejoras? Y si se hace a puerta cerrada, el ser humano tiende a creer que lo que ocurre allí no es gran cosa», afirma Langlois, de Amnistía Internacional Canadá.
«No compartir ninguna información es problemático», añade Dwyer, que también subraya el interés público del OCRE.
Un «conflicto de intereses» percibido
Guadalupe García afirma que es difícil incluso confiar en Sheri Meyerhoffer.
En su currículum, Meyerhoffer afirma tener 17 años de experiencia como abogada en el sector del petróleo y el gas. Esto incluye un papel en la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo en la década de 1990. Añade que también tiene 13 años de experiencia en gobernanza internacional y derechos humanos.
«Existe un conflicto de intereses», afirma García. «Su antigua posición como abogada no la ayuda a estar realmente abierta a lo que la gente pueda decir sobre la industria minera. Nos cuesta imaginar que pueda estar del lado de los derechos humanos», argumenta.
Esto inquieta menos a France-Isabelle Langlois, de Amnistía Internacional Canadá, y al profesor Shin Imai. «No la descalifica, puede ser una ventaja si está bien versada en derecho internacional», dice Langlois.
«No es necesariamente malo, pero tiene que ser capaz de demostrar que entiende a ambas partes. Es preocupante que se niegue a hablar con los periodistas, porque demuestra que no es neutral», afirma Imai.
Guadalupe García también lamenta que el OCRE forme parte de Global Affairs Canada. Por correo electrónico, el departamento asegura que el OCRE es independiente.
«El OCRE depende de Global Affairs Canada, pero más concretamente de Mary Ng, Ministra de Comercio Internacional, Fomento de las Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico», añade Dana Stefov.
Por escrito, el OCRE afirma que el Defensor del Pueblo «depende directamente del Ministro de Comercio Internacional». Su presupuesto «independiente» se «presenta al Consejo del Tesoro».
En Guatemala, la mina ha suspendido sus operaciones a la espera de que concluya un proceso de consulta que llega demasiado tarde para los Xincas. Sólo se siguen manteniendo los túneles.
Pero para ellos, el daño ya está hecho. Kelvin y Guadalupe hablan de daños medioambientales, sociales e incluso espirituales para los xincas. Y son irreparables.
Este texto ha contado con la colaboración de Rufo Valencia, periodista de RCI, para la traducción simultánea del español al francés.
