Ecología. Según la socióloga, la quita de retenciones a la minería profundiza el modelo del kirchnerismo bajo control de las corporaciones. No hay consulta pública ni debate responsable sobre el tema, opina.
La reciente quita de las retenciones a las empresas mineras por decreto pone al descubierto la importancia que el gobierno de Mauricio Macri asigna a la continuidad del modelo minero, controlado por las grandes corporaciones transnacionales, y muy cuestionado a nivel social. En el decreto figura que las retenciones aumentaban el riesgo de desempleo en un sector castigado por la baja internacional del precio de los minerales, y agrega también que aquellas no son coparticipables, y que hay que orientarse hacia un país “más federal”.
En 2015 el lobby empresarial minero también hizo campaña. A través de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), estos sectores presentaron una agenda de diez puntos a los candidatos presidenciales, exigiendo garantías “para fortalecer al sector”, entre los cuales se destacaba la eliminación de las retenciones (5%) y la pretensión de avanzar con proyectos de minería a cielo abierto en las provincias donde existe resistencia popular y leyes que restringen la actividad.
Siete provincias entre 2003 y 2015 sancionaron una legislación que prohíbe la megaminería a cielo abierto (Chubut, Mendoza, San Luis, Tucumán y Tierra del Fuego), en dos de ellas fueron derogadas (La Rioja y Rio Negro), aunque el escenario de conflictos incluye también La Rioja, Catamarca y San Juan. Para la CAEM poco importaba quien ganara, ya que los candidatos más importantes (Scioli, Macri y Massa), habían expresado su apoyo público al sector. No casualmente, durante 2015 las asambleas ciudadanas iniciaron una campaña con el lema “Gane quien gane, aquí no habrá megaminería”.
Así, 2015 estuvo signado por una fuerte disputa que volvió a reafirmar el cuestionamiento de las poblaciones afectadas por la megaminería, hecho del cual ningún candidato presidencial, mucho menos el presidente, pareció tomar nota. Hubo varios focos de conflicto. En septiembre la empresa minera Barrick Gold, en su proyecto Veladero, vertió un millón de litros de agua cianurada en las nacientes del río Jáchal. Posteriormente, un estudio técnico de la Universidad Nacional de Cuyo, encargado por los municipios afectados detectó que la contaminación de la cuenca del río con metales pesados es de hasta 14 veces por encima de los valores tolerables según la normativa nacional. Meses después, la Asamblea “Jáchal No se Toca” informó que un niño ha sido el primer contaminado por el derrame tóxico de Veladero, luego de que le detectaran arsénico y mercurio en sangre.
El desastre ambiental en San Juan echó por tierra la idea de una “Minería Sustentable”. Los datos existentes también mostraron la falsedad de “la prosperidad minera”: la empresa Barrick paga allí sólo U$S 1,7 por cada U$S 100 de minerales que extrae, lo que en conceptos de regalías significa un aporte de menos del 1% del presupuesto sanjuanino. Además, la minería metalífera emplea unas 2500 personas en forma directa, menos del 1% del total del empleo de esa provincia.
En septiembre y octubre de 2015 hubo dos represiones. En La Rioja la policía provincial reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma a los vecinos de Famatina que se dirigían hacia la minera Midais, hiriendo a ocho personas. En San Juan, se reprimió a vecinos de la localidad de Jáchal, cercana al emprendimiento Veladero, quienes se manifestaban en protesta por el derrame de cianuro. Hubo 23 detenidos y varios heridos durante la represión. En Chubut se descubrieron tareas de inteligencia sobre vecinos involucrados en la resistencia contra la megaminería. Aunque el Ministerio Público Fiscal provincial admitió dichas tareas por parte de un organismo nacional, en el marco de otra causa, no hubo consecuencias legales ni políticas por este gravísimo hecho ni por la represión en La Rioja y San Juan. Ni que hablar de la Barrick Gold, apenas castigada con la suspensión de la planta de lixiviación por un mes.
El año 2015 se cerró con dos grandes triunfos jurídicos, luego de siete años de litigio, ya que los máximos tribunales de justicia de Córdoba y Mendoza confirmaron la constitucionalidad de las leyes de prohibición de la megaminería, judicializadas por las empresas mineras.
Lejos de ser casuales o episódicos, la gravedad de lo sucedido sólo en los últimos seis meses de 2015, muestra de modo emblemático el carácter inherentemente conflictivo de la megaminería. Esto se debe a su triple carácter, en tanto síntesis del despojo económico (grandes ganancias de las empresas, exiguos beneficios para la población), de la devastación ambiental (contaminación e inexistencia de controles, destrucción del territorio) y regresión de la democracia (rechazo o manipulación de dispositivos institucionales, censura a periodistas y activistas, tendencia al disciplinamiento social). Dos de los temas más importantes que destacan las resistencias ciudadanas son la defensa del agua como bien común universal (la megaminería la utiliza con desmesura); y la ausencia de licencia social, que ha ido arraigando en la exigencia de democratización de las decisiones.
La articulación entre lobby minero y gobiernos supera las divisiones político-ideológicas entre gobiernos conservadores y progresistas. Las coincidencias anclan en una visión hegemónica del desarrollo, basada en la idea del crecimiento económico exponencial (productivismo), la mercantilización de la naturaleza, una visión ecoeficientista de los riesgos (la ecología como ciencia remedial y no preventiva) y la promesa de empleo. Pese a que a veinte años de implementación de la megaminería este “discurso promesante” del extractivismo (Mirta Antonelli) es desmentido por los hechos, la apertura de una discusión nacional sobre el tema ha sido fugaz y transitoria. El rápido realineamiento entre poder político y económico expulsa el tema de la agenda política y mediática, instalándolo de nuevo en un cono de silencio.
La estrategia del anterior gobierno apuntó a la provincialización de los conflictos, lo cual le dio resultados positivos en la medida en que logró controlar los posibles efectos de la nacionalización de la discusión. La única excepción fue la Ley Nacional de Glaciares, aprobada en 2010, pero que hoy no se está aplicando, ni tampoco el inventario de glaciares ha sido finalizado. Por otro lado, el kirchnerismo no tenía un relato “progresista” que ofrecer. La megaminería siempre fue un tema incómodo, criticado en voz baja por sectores del progresismo que eligieron el ninguneo o la demonización de las luchas socioambientales que nacían de las diferentes provincias, así como la negación de la evidente comunidad de negocios entre Estado, grandes corporaciones e intereses privados. A nivel nacional, la estrategia fue entonces cancelar cualquier posibilidad de discusión y redirigir la problemática hacia la particular e invisibilizadora dinámica política de las provincias.
El gobierno de Macri avanzó sobre varios frentes, aunque sin discurso vergonzante sobre la minería, sin culpas ni falsos progresismos. Transfirió la secretaría de minería al nuevo Ministerio de Energía y Minería, a cargo de Juan José Aranguren, ex CEO de Shell, creó un Ministerio del medioambiente, donde nombró al rabino Sergio Bergman, quien confiesa no saber nada del tema, y reforzó la figura de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), creada por el kirchnerismo en 2012. Al mismo tiempo, comenzó a hablar de “cuidado del ambiente” y de “participación ciudadana”. Pero en su narrativa el cuidado del ambiente es una fórmula vacía, más ligada al marketing, unos pocos eslóganes efectistas, que a una propuesta de discusión integral sobre las consecuencias socioambientales, culturales y políticos, de los actuales modelos de desarrollo. Además, posee una idea hiperdébil de la sustentabilidad que, en el límite, podría fraguar en unos poquísimos controles –económicos y ambientales–, ahí donde el kirchnerismo no realizó ninguno. Tampoco se sabe muy bien en qué consistiría la participación ciudadana, en un país donde se vetan las consultas públicas, se anulan leyes protectoras o éstas no se cumplen, y se manipulan las propuestas de democracia semidirecta. En suma, en la Argentina no hay debate nacional sobre la megaminería; todo sucede en las “lejanas provincias”, pero pese a las grandes asimetrías, las resistencias sociales no son solo simbólicas, pues tienen como correlato la prohibición de la actividad en siete provincias, hecho inédito en el contexto latinoamericano. Al mismo tiempo, estas luchas –hoy presentes en Buenos Aires, como, por ejemplo sucede con el actual acampe de la Asamblea de Andalgalá frente a Tribunales– revelan una disputa cada vez mayor en las provincias donde la promesa de desarrollo, luego de 20 años de megaminería, no ha dejado más que contaminación, territorios ocupados y destruidos, creciente asistencialismo (privado o estatal) y una conciencia del despojo de la ciudadanía.
Maristella Svampa es socióloga, escritora y miembro del grupo Plataforma 2012.
