La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) expuso los medios de convicción recabados desde 2006 en una amplia investigación e hizo énfasis en el funcionamiento de la Inteligencia Militar como clave en las operaciones registradas en el Diario Militar, en relación con las estructuras acusadas de cometer delitos contra los deberes de humanidad, desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa.
La Fiscalía expuso que en el marco conceptual de la investigación se incluyen planes militares y el contexto histórico, es así como la categoría «enemigo interno» aparece en el Manual de Guerra Contrasubversiva. Entre los planes militares presentados se encuentra el Manual de Inteligencia de Combate, Plan Victoria 82, Plan Firmeza 83, Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo.
Según la Doctrina de Seguridad Nacional, en el marco de la Guerra Fría, las personas identificadas como comunistas eran consideradas «enemigo interno» y también aquellas que «sin ser comunistas trataran de romper el orden establecido», así como sindicalistas, familiares de militantes, sus parejas e hijos, u organizaciones como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) o Amnistía Internacional.
El Ministerio Público mencionó que en en su investigación se aportan elementos que deducen responsabilidades de cada uno de los acusados y un peritaje de las estructuras policiales. Así mismo se presenta el peritaje realizado por el historiador Marc Drouin que evidencia el patrón de desapariciones desde 1966.
El contexto histórico se enmarca en el gobierno de facto general Oscar Humberto Mejía Víctores, en el que fueron cometidas desapariciones y graves violaciones a los derechos humanos como los que se describen en el “Dossier de la Muerte”. Los Convenios de Ginebra contienen una serie de conceptos en los cuales las autoridades tenían la obligación de someter a una autoridad legal competente a personas que hubieran depuesto las armas, y no cometer las graves violaciones que se registran en el Diario Militar.
Asimismo, la Fiscalía presentó como medio de convicción documentación incautada durante los allanamientos en la residencia de Gustavo Adolfo Oliva Blanco, exjefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT). Estos documentos originales contienen información que evidencia el seguimiento y catalogación como enemigo interno del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) desde 1969 a 1984. Una de las técnicas de exterminio fue la desaparición forzada de personas. La primera desaparición forzada masiva de miembros del PGT se cometió en 1966.
En la presentación se mostró el Anexo de Inteligencia de 1984, que registra interioridades del PGT, en donde se jactan de infiltraciones y desmembramiento del mismo en 1983.
El peritaje presentado por Kate Doyle menciona dos instituciones de inteligencia militar que fueron predominantes: la «G2» y la unidad conocida como «El Archivo», ambas tuvieron un papel central en operaciones de vigilancia, detención, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición y bombardeos.
El MP presentó también los medios de convicción relacionados al Modus Operandi y el Plan Común bajo el cual operaron las estructuras clandestinas e ilegales a las cuales pertenecían los hoy acusados. Señaló patrones como el uso de la «Panel Blanca», interrogatorio táctico mediante torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual contra mujeres por su condición de género; así como elaboración de archivos personales como el Diario Militar, en los que se perfilaron a personas como enemigo interno.
Otros patrones eran el control de comunicaciones y seguimiento previo a las capturas, la retención en cárceles clandestinas, allanamientos a residencias de personas perfiladas como enemigo interno por un grupo de cuatro a 12 individuos armados, generalmente vestidos de civil, quienes se identifican como miembros del DIT, Brigada de Reacción y Operaciones Especiales (BROE) o ejército de Guatemala, movilizándose en autos con vidrios polarizados.
En los allanamientos se registran torturas a familiares para extraer información, como el caso de la familia Muralles Paz, donde se registran tratos crueles, humillantes y degradantes contra dos niños, que fueron lanzados contra la pared.
La Fiscalía mencionó circuitos clandestinos de inteligencia, a los que eran incorporadas personas catalogadas como enemigo interno, que eran sometidas a tortura bajo interrogatorio y retenidas en cárceles clandestinas con el fin de ser explotadas como medios de información. Además, eran trasladadas en automóviles para identificar a otros miembros catalogados como enemigo interno. Víctimas sobrevivientes y miembros de las estructuras confirman el traslado de personas capturadas a centros clandestinos de detención como el DIT y la antigua Escuela Politécnica.
Estas estructuras clandestinas privaron de la vida extrajudicialmente a personas durante los interrogatorios como consecuencia de métodos de tortura extrema, en operativos de captura o a quienes intentaron escapar de estos.
Según el MP, el Caso Diario Militar ejemplifica la desaparición forzada en Guatemala durante el Conflicto Armado Interno, al explicar que los planes de inteligencia se expandieron en todo el territorio nacional, replicándose los tratos crueles e inhumanos, detenciones ilegales y desaparición forzada, que dejó como resultado más de 45 mil personas detenidas desaparecidas.
El juez Miguel Ángel Gálvez aplazó la audiencia y citó a las partes procesales para el jueves 31 de marzo a las 8:30 AM.
Fuente: Caso Diario Militar
