Periódico El Sur de Acapulco, secc principal.
Mariana Labastida
El Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito 41 resolvió a favor de los comuneros integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) el juicio de nulidad con el que queda sin validez la asamblea organizada por el gobierno del estado el pasado 28 de abril del 2010 en la comunidad de La Concepción en la que se daba por aprobada la expropiación de mil 383 hectáreas a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para iniciar la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota.
El vocero de los opositores Marco Antonio Suástegui Muñóz dijo que con dicha resolución “hemos ganado la quinta batalla y casi la guerra”, la cual esperan ganar definitivamente con ayuda del gobernador, Ángel Aguirre Rivero quien consideró que será aliado de los campesinos después de la visita que haga a los Bienes Comunales de Cacahuatepec el próximo 7 de mayo.
Por su parte el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra –quien encabezó la defensa de los comuneeros– precisó que “todo gobierno con vocación democrática está obligado a respetar la legalidad, si no de qué estamos hablando, estamos regresando al autoritarismo”, para pedir al gobierno de Aguirre que respete la resolución de la autoridad agraria.
En conferencia de prensa en el Zócalo de Acapulco, una comisión del Cecop informó que el TUA resolvió el pasado 18 de abril a favor de los opositores.
El abogado Vidulfo Rosales informó que la resolución de la sentencia al juicio de nulidad 360/2010 fue a favor de los comuneros opositores a la presa, quedando nula la asamblea del 28 de abril del 2010 en la comunidad de La Concepción en la cual se había autorizado a la CFE la expropiación de mil 383 hectáreas de tierra para la construcción de la hidroeléctrica.
De modo que “quedan nulos todos los convenios que se puedan celebrar, que se hayan celebrado o se quieran celebrar con posterioridad a esta sentencia” precisó Rosales Sierra, ya que la resolución “dice que la presa no se puede construir, dice que no se pueden ocupar previamente las tierras y no se puede expropiar en estos momentos”.
Explicó que la asamblea fue anulada por la serie de irregularidades que se cometieron de manera previa y durante la realización de la misma, las cuales fueron demostradas por los opositores como fue que no se respetó la ley agraria al no convocar a asamblea con 30 días de anticipación, sino en un plazo menor de dos semanas.
A las asambleas deben asistir el 75 por ciento del total del padrón que es de 7 mil 200 comuneros, y sólo acudieron mil 200 personas, entre ellas algunos comuneros muertos que supuestamente firmaron; así como la presencia de policías del gobierno del estado resguardando la asamblea. “Con esto quiere decir y reitero de nueva cuenta que la asamblea llevada a cabo es nula de todo derecho”, subrayó el abogado.
Vidulfo leyó un documento entregado a los medios de comunicación en el cual se califica la resolución como el “punto final” a la intención de la CFE y del anterior gobierno de Zeferino Torreblanca de construir la presa, por lo cual los integrantes del Cecop, organizaciones sociales y y organismos no gubernamentales como Tlachinollan, instan al gobierno federal, estatal, a la paraestatal y al Congreso local y federal a que garanticen respeto a la decisión de los habitantes de los pueblos.
“Exigimos al gobierno del estado de Guerrero, hoy encabezado por Ángel Aguirre Rivero, a que cumpla con el compromiso de todo gobernante con vocación democrática de acatar sin restricciones la letra y el sentido de la sentencia dictada por el TUA y situándose sin reticencias, del lado de la población campesina del estado, en congruencia con la palabra empeñada durante su campaña tanto como el compromiso que ha expresado con la legalidad”.
De no respetarse la sentencia por el gobierno del estado, Rosales Sierra dijo que se recurrirá a instancias internacionales, donde se exponga que “no hay recursos legales efectivos en contra de los derechos violados a la tierra, el agua, si no respeta la legalidad el gobernador”, a quien le expuso que “todo gobierno con vocación democrática está obligado a respetar la legalidad”, de lo contrario agregó, se estaría regresando al autoritarismo.
La quinta victoria legal
El vocero Suástegui Muñoz dijo que con la resolución a su favor del juicio de nulidad “hemos ganado la quinta batalla y casi la guerra”, sin embargo puntualizó que no bajarán la guardia hasta que no vean publicada en el Diario Oficial de la Federación la cancelación del proyecto. No obstante confió en que la “guerra” la ganen definitivamente con la “ayuda” del Congreso del Estado, el gobernador Aguirre, el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores.
Agregó que la resolución emitida por el TUA será uno de los documentos que entregaran al gobernador en la visita que haga a los Bienes Comunales de Cacahuatepec la próxima semana, para que se dé cuenta que el proyecto no es viable. Y dijo que los comuneros creen que tendrán en Aguirre a “un aliado en contra de la presa La Parota”, el cual quieren que primero acepte que el proyecto no es posible antes de prometerles y hacer obras en las comunidades.
“Nosotros vamos a pedir que respete la ley”, dijo en cuanto a lo que esperan del gobernador, de quien dijo que el proyecto “no es de su competencia” si se hace o no, ya que el tribunal agrario emitió la resolución que debe de ser respetada, “él ha dicho, y le vamos a tomar la palabra, que no se va a entrometer en los asuntos de La Parota, él ha dicho que va a apoyar a la gente sean simpatizantes o no”.
Enfatizó que “desde hoy anunciamos (que) no vamos a permitir otra asamblea más propiciada por el comisariado espurio o el gobierno del estado” y se exigirá a Aguirre Rivero que cumpla con su promesa de no reprimir los movimientos sociales, ni a los líderes del CECOP. “Yo creo que Ángel Aguirre no se va a meter en camisa de once varas y despertar al Guerrero bronco, exigir que traiga el desarrollo, porque La Parota se esfumó”, enfatizó.
En declaraciones posteriores, dijo que como parte de las acciones que continuarán realizando pedirán al TUA la depuración del padrón el cual se podría incrementar de 7 mil 200 a 18 mil comuneros, por los derechos que podrían tener los hijos de los comuneros ya fallecidos, y advirtió que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en los Bienes Comunales de Cacahuatepec hay 50 mil habitantes, por lo que se podrían independizar 50 mil habitantes, “por ahí les podríamos dar la campanada de que Cacahuatepec se deslinde de Acapulco”.
Por su parte, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández recordó que en la asamblea del año pasado en La Concepción se cometió un “atropello más” en contra de los comuneros por la cantidad de policías del gobierno del estado que estaban resguardando la zona de la reunión, movimiento que fue coordinado por el entonces secretario particular del ex gobernador, César Bajos Valverde.
“Hoy a un año se ha demostrado que tiene la razón este movimiento de campesinos y si ellos dicen que no a La Parota se debe de respetar” enfatizó, por lo que consideran como “punto final” esta última resolución en los que se está demostrando que los que deciden lo que se hace en los Bienes Comunales de Cacahuatepec son los dueños de la tierra.
Agregó que “ya se vio en el sexenio pasado de Zeferino que en verdad violentó la ley, reprimió a los campesino, metió policías, hubo muertos, hubo divisiones y ese es el saldo de un sexenio sangriento y no queremos que se repita con el mismo partido en el gobierno que no escuche, que no atienda a los campesinos, creo que es la oportunidad del gobierno para escuchar”.
Enfatizó que “no es un capricho, simplemente es el derecho que queremos que se respete y se atienda a los campesinos”, y que los gobiernos democráticos no pueden imponer proyectos, sino que se debe de impulsar el desarrollo a partir de las condiciones reales de los campesinos, ya que las autoridades en Acapulco han pensado primero en las condiciones económicas y no en el desarrollo social de los pueblos.
Los opositores recordaron que desde el 2005 la CFE y el gobierno estatal realizaron asambleas agrarias para obtener la autorización de los comuneros para empezar con el proceso expropiatorio y con ello iniciar la obra de construcción de la presa, sin embargo todas las asambleas han sido anuladas por el TUA, como es el caso de las realizadas en la comunidad de Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma.
Las asambleas fueron impugnadas por los opositores con resoluciones favorables a éstos; por lo cual con esta última resolución del TUA queda establecida la ilegalidad con la que se han conducido el gobierno federal, estatal y la CFE en su afán de impulsar e imponer el proyecto, expusieron.
“La más reciente resolución, sumada a los resultados de la consulta del 12 de agosto del 2007, a las recomendaciones de las instancias internacionales de derechos humanos y a las opiniones de expertos en materia ambiental, confirman que el proyecto La Parota legal, ambiental y socialmente es inviable”, mencionan en el comunicado.
En la conferencia también estuvo el coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), José Raymundo Díaz Taboada y representantes de otras organizaciones sociales.
