Los cuatro miembros independientes tendrán la facultad de documentar las violaciones de derechos humanos en el país, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
El 21 de noviembre, el Gobierno de facto de Bolivia acordó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la creación de un grupo de expertos para investigar las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto desatado en el período electoral y el posterior golpe de Estado contra Evo Morales.
La CIDH informó, a través de su cuenta de Twitter, sobre la conformación de un Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), que se instalará en el país durante seis meses y que tendrá como misión investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Las cuatro personas que serán designadas por la CIDH tendrán las siguientes responsabilidades:
- Elaborar planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades, incluyendo fallecimientos, lesiones, detenciones arbitrarias, persecución judicial, desaparición y tortura.
- Análisis técnico de las lineas de investigación en curso, con la posibilidad de determinar acciones penales.
- Revisar el Plan de Atención Integral a Víctimas del conflicto postelectoral, con la posibilidad de recomendar acciones al Estado.
Por su parte, el Gobierno de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, se comprometió a garantizar el acceso a las investigaciones judiciales y recursos necesarios a los expertos del GIEI, así como a otorgar la seguridad para los integrantes de la comisión.
En una visita de la CIDH a Bolivia en el mes de noviembre, el equipo del organismo documentó el «excesivo uso de la fuerza» en las operaciones conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, bajo el Gobierno de facto impuesto tras el golpe de Estado a Morales.
Entre las actuaciones desmedidas de los uniformados contra los civiles, el organismo alertó sobre las nueve muertes ocurridas en Sacaba, Cochabamba, del 15 de noviembre, y en Senkata, en El Alto, del 19 de noviembre, en las cuales fallecieron diez personas durante un operativo militar y policial.
Hasta el 27 de noviembre, la comitiva de la CIDH tuvo conocimiento de 36 personas que fallecieron y más de 800 que resultaron heridas en el marco del conflicto postelectoral en Bolivia. Además, otros 364 ciudadanos fueron detenidos, muchos de ellos sin una orden judicial previa.
El organismo ha instado al Estado boliviano para que investigue y esclarezca cada uno de los actos violentos, con el fin de establecer los responsables, juzgarlos y sancionarlos.
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