Publicado por : Leire Artola Arin, Prensa Comunitaria, 11 de diciembre de 2024
En 2023 supimos hasta dónde llegó el poder de la multinacional rusa suiza Solway Investment Group. Un periodista de Prensa Comunitaria nos informó de una investigación que revelaba los abusos de la mina Fénix que tiene en Guatemala, y la multinacional intentó censurar esa conversación exigiendo su eliminación y el pago de 15.000 euros. ARGIA aprovechó la agresión para defender el periodismo independiente. Ahora conocemos de primera mano las violaciones de derechos humanos generadas por el extremismo de Solway: contaminación ambiental, criminalización de la defensa de los pueblos indígenas, amenazas, ataques a periodistas, sobornos… Dado que las multinacionales occidentales quieren silenciar el dolor, el miedo y la destrucción causado en Guatemala, le hemos dado voz a las comunidades organizadas que trabajan en la defensa de la tierra.
En Euskal Herria nos levantamos cada vez más ante la proliferación de macroproyectos, preocupados por sus daños. Pero, ¿hasta dónde vamos a defender el medio ambiente? Los pueblos Maya que hemos conocido en Guatemala no tienen ninguna duda: llevan la defensa del territorio hasta el final, porque está en juego la vida. A diferencia de la mayoría de occidentales, los pueblos indígenas conviven con la naturaleza, son su sustento vital y la tierra y el agua juegan un papel fundamental en su concepción del mundo.
¿Qué relación hay entre el cambio climático y las violaciones de derechos humanos? La oenegé Mugarik Gabe concluye en varios informes que existe un estrecho vínculo, entre otras razones, porque en América Latina se repite el mismo patrón en muchos países: “El modelo extremista, capitalista y neoliberal es sistemático, guiado por la lógica colonial y el saqueo”. Está claro, pues, que estamos protegiendo el territorio defendiendo los derechos de los pueblos de origen. La oenegé hace un llamamiento a las instituciones para que se responsabilicen del desarrollo de sus funciones. “Necesitamos poner el foco en las empresas y empresarios más responsables de la emergencia climática”, afirman. Gracias a Mugarik Gabe hemos viajado a Guatemala y hemos conocido las luchas de la población maya asfixiada por el extremismo.
El departamento de Alta Verapaz es el que acumula más macroproyectos en Guatemala. A su vez, este departamento es el que presenta mayor pobreza extrema del país, con una tasa de pobreza del 83%. En los pueblos que hemos atravesado por las accidentadas carreteras hay una clara carencia de necesidades básicas, pues la electricidad no llega a todas partes y los alimentos son más o menos abundantes según la cosecha. Además, hay comunidades aisladas que no han podido acceder a ellas por el cierre de carreteras debido a las lluvias, y porque algunas carreteras son propiedad de hidroeléctricas que necesitan su autorización para su paso. Eso sí, no quieren encontrarse con periodistas en su camino.
Dos de estas hidroeléctricas se ubican cerca de la capital del departamento de Cobán: Renace y Oxec respectivamente. El líder indígena maya Q’eqchi’, Bernardo Caal (Santa María Cahabon, 1972), destaca que el “capitalismo asesino” tiene un gran interés en Alta Verapaz, porque allí hay biodiversidad productiva, entre otras cosas. Conoce bien las prácticas de las multinacionales, pues en 2018 fue condenado a siete años de prisión por luchar contra estos macroproyectos sin presentar pruebas. Acusado de robo y detención ilegal, Amnistía Internacional lo ha reconocido como “preso de conciencia”. Ha pasado cuatro años en la cárcel de Cobán y, por su buena conducta, salió libre. Desde fuera del penal nos cuenta que le ayudaron a sobrevivir a la prisión, a seguir luchando y reivindicando y a recibir 50.000 cartas de apoyo de la ciudadanía. Al observar el río Cahabón, que pasa a 300 metros de la puerta de la prisión, recuerda que escuchó el río en su interior, lo que le dio fuerzas para seguir defendiendo su caudal.
Caal acusa de “ecocidio” a los dueños de las empresas productoras de “energía verde” y a los gobiernos que son cómplices de ello. Describe a la naturaleza como: “Las hidroeléctricas torturan, masacran y matan al río Cahabón. ¿A dónde va toda la riqueza que sacan?”, denunció, recordando que la energía que obtienen de él no es para las comunidades, sino que generalmente se destina a minas y otros macroproyectos. Para ilustrar el tamaño de estas, cabe señalar que las centrales hidroeléctricas Renace y Oxec producen más energía de la que genera el Estado. Para ello, Caal ha advertido que el río se seca porque, para que la central funcione, desvía el caudal hacia canales artificiales de 8 a 10 metros de profundidad. Al fin y al cabo, privatizan el agua y el río para obtener beneficios económicos.
El defensor del río no tiene pelos en la boca y dice que hay que señalar a los culpables: El empresario español y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, asegura que está actuando como “delincuente”, pues su empresa es ACS, dueña de Renace y parte de Oxec. También ha señalado a una empresa israelí dueña de esta última, de que en tiempos de guerra llegó a Guatemala “para conseguir proyectos millonarios” y “para hacer estafas”. Sin embargo, Bernardo Caal ha demostrado que se puede atajar a estas transnacionales: “La empresa de Florentino Pérez tenía siete licencias para construir centrales eléctricas, y cuando estaban en la cuarta fase, me metieron preso. Pero gracias a la ayuda y la lucha de muchas organizaciones, las demás se paralizaron”.
El Cahabón es uno de los ríos más importantes de Guatemala y Caal tiene claro que lo seguirá defendiendo: “El Cahabón va como una serpiente, zigzagueando, uniendo los ríos de distintos pueblos. Es la unión de numerosos ríos que, tras muchos kilómetros, desembocan en el lago de Izabal”. El líder indígena sigue creyendo en los frutos de ejercer presión a través de la organización, aunque para ello tenga que correr riesgos. La cárcel no lo ha silenciado, pero ha logrado que su caso tenga prestigio y respaldo internacional.
De hidroeléctricas a plantas mineras
El zigzag de Cahabón se dirige hacia el este del país, hacia el calor del mar Caribe. Sobre las numerosas plantas, Cahabón se une al río Polochic a la entrada del departamento de Izabal y vierte su caudal en el lago de Izabal, el más grande de Guatemala. Las aguas del lago, de 45 kilómetros de largo y 20 kilómetros de ancho, han sido muy transitadas en la última década y contaminadas por los efectos de los macroproyectos extractivistas. Según nos han contado las comunidades de pescadores sobrevivientes del lago, la mina Fénix de Solway y la planta de palma de NaturAceites, S.A. contaminan Izabal, entre otros.
Izabal está rodeado de un paisaje idílico para el turista: altas sierras verdes, naturaleza salvaje, animales en libertad, aves pescando. El lago es tan grande que es difícil ver el otro extremo del terreno. Pero hay algo que se ve desde cualquier punto del lago a simple vista: un trozo de verde desnudo, incoloro, teñido de marrón anaranjado. “Ya no hay un montículo anterior, es una cáscara de huevo, como un huevo sin yema y clara”, describe un pescador. Y debajo de ese montículo desnudo, en la orilla, hay una chimenea y unas construcciones gigantescas con el nombre de Pronico, la planta procesadora de níquel que utiliza la empresa suiza rusa Solway Investment Group.
Pronico, CGN y Mayaniquel son quienes extraen el níquel, y han tratado de explicar que al ser entidades no relacionadas, las sanciones impuestas a uno u otro no afectarán al otro. Pero básicamente, actúan en conjunto y están vinculados a Solway. Como nos dijo Paolina Albani en la entrevista de 2023, “se comportan como organizaciones criminales”, incluso quitándoles la cabeza, vendrá otra y seguirá sacando níquel “porque es rentable”. Ante las sanciones impuestas por incumplimiento de la ley, siempre han negado de qué se les acusa, y destacan que son “empresas sostenibles”, que colaboran con el gobierno y los guatemaltecos, y que generan unos 1.500 empleos.
¿Quién ha contaminado el lago más grande de Guatemala?
Como hemos visto, la práctica habitual de esa multinacional que intentó censurar a ARGIA es reprimir todas las voces en su contra. La mina está ubicada en el pueblo pesquero de El Estor; en donde viven unos 80.000 habitantes, y más del 90% son de origen maya q’eqchi’. La empresa tiene el control de toda el área alrededor de la mina, con vigilancia constante desde tierra, aire y agua. Por tanto, para los periodistas no es fácil llegar allí. Juan Bautista Xol (El Estor, 1994), periodista de Prensa Comunitaria, ha vivido y contado la historia de la lucha contra la mina desde el principio y está siendo perseguido por informar sobre el caso. “Las comunidades que se ven al costado de la carretera son las que vivían en las montañas, pero fueron desplazadas para extraer níquel”. Bautista nos explicó que las empresas muchas veces usan dinero para desplazar a las comunidades y, a veces, violencia o intimidación. Más adelante en el camino, protegida por un gran recinto, nos mostró la residencia de los trabajadores de la empresa que venían del exterior, la llamada “colonia”.
Cuanto más me acerco a la planta que procesan, peor está el camino. “Esos huecos los ha provocado el tránsito de sus camiones”, dice el periodista de El Estor, señalando la chimenea y añadiendo: “Cuando procesaban níquel, el humo de la chimenea levantaba todos los días una nube roja”.
En estos momentos, la planta no está operando, entre otras cosas porque en noviembre de 2022 el Departamento del Tesoro Público de Estados Unidos congeló sus cuentas corrientes, debido a las actividades denunciadas. Sin embargo, esta sanción se levantó en 2024, y Solway anunció que se está trabajando para ponerla de nuevo en marcha. También se trabaja en la extracción de las llamadas “tierras raras” que contienen algunos minerales, pero su influencia en la gente no se puede comparar a la de las chimeneas cuando están en funcionamiento. Es una pesadilla para la gente, que está viviendo con la incertidumbre a la hora de ponerla de nuevo en marcha. La información que ofrece Solway es muy opaca y la población desconoce sus intenciones. De esta manera, también le resulta más fácil actuar con impunidad.
En la orilla se ven grandes montones de residuos generados por la operación minera. La empresa dice que los tratan para que no se conviertan en contaminantes, pero muchos pescadores nos han asegurado que no lo hacen. “No cumplen con la evaluación de impacto ambiental. Han secado la colina y han contaminado el agua. Los peces han disminuido. Antes cogíamos el anzuelo y cogíamos un pez, ahora no lo hacemos”.
Como ya se ha comentado en anteriores artículos sobre Solway, en 2017 se produjo una explosión del caso cuando apareció una mancha rojiza en el lago y los peces aparecieron muertos. Fue entonces cuando se creó la Gremial de Pescadores y las protestas se endurecieron. La empresa alegó que la contaminación se debía a las algas marinas que eran las responsables de la contaminación y atribuyó la culpa a la población. Sin embargo, según el gran estudio periodístico internacional Mining Secrets, la empresa ocultó la contaminación y utilizó todo tipo de prácticas para silenciar lo ocurrido: amenazas, intimidación, sobornos… Además, durante las protestas, la Policía disparó al pescador Carlos Maaz, quien perdió la vida.
Pescadores organizados contra la mina
La situación se deterioró por completo y desde entonces han sido objeto de criminalización y represión violenta. Esto nos dijeron unas diez mujeres y quince hombres que se reunieron en la reunión de la Gremial de Pescadores, invitados por Prensa Comunitaria, y pidieron a los periodistas que cuenten su realidad: “Cuando ustedes vienen, la empresa y el gobierno se molestan, pero si no lo dices todo está encubierto”. Hasta ahora se han sentido “abandonados”. Han criticado que el poder de la empresa se extiende a todos, y que ha comprado a los medios de comunicación, a las fuerzas armadas, al gobierno, al alcalde, a los jueces… incluso a los representantes de los pueblos indígenas.
“Estamos en un momento crítico, la tensión es mucha”. Los miembros de la Gremial de Pescadores hablan desde el dolor y la indignación, intercalando el idioma Q’eqchi’ y el castellano. Y no es para menos. Las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas son continuas y han sido condenados a vivir en el ejercicio del poder, con miedo, zozobra, desconfianza e indefensión. La organización y la solidaridad son las que les ayudan a salir adelante, pero han reconocido que por falta de recursos les resulta difícil mantener la red.
Se recordó que el pasado 29 de octubre fue asesinado otro integrante de El Estor, el pescador Felipe Xo Quib. Un empleado de la empresa minera ha sido acusado del asesinato por el gremio de pescadores. Las viudas de los dos pescadores están sentadas juntas, con sus hijos en el regazo. “¿Quién compensará a estas mujeres? ¿Cómo van a salir adelante los niños?”. Los pescadores han cuestionado la “justicia”.
Vulneración del derecho a la consulta
Los miembros del Gremio de Pescadores tienen dos demandas principales: una investigación sobre las violaciones de derechos humanos y la actuación de Solway, y el debido cumplimiento del derecho legal a la consulta. El derecho a la consulta de “buena fe” es uno de los principales reclamos de los pueblos mayas. En este sentido, antes de autorizar el establecimiento de un macroproyecto en el territorio, el Estado debe consultar a los pueblos originarios, la cual debe ser previa, libre e informada. En Guatemala tienen dos herramientas para exigir que esto se garantice, las cuales el gobierno ha aceptado: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas, firmado en los Acuerdos de Paz de 1996; y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por el gobierno en 2007.
La Gremial de Pescadores asegura que si hacen una “consulta de buena fe” aceptarían el resultado. Pero en las otras comunidades de El Estor en Izabal no ha ocurrido nada parecido. En 2021 se realizó una consulta sobre la mina Fénix, pero no fue legal, según dictaminó la Corte Constitucional de Guatemala en abril de 2022. El fallo decía que la empresa debería cesar sus operaciones hasta nueva consulta, pero no hay una fecha para ello. El presidente de la Gremial de Pescadores, Cristóbal Pop, fue encarcelado por defender el lago, y según denuncia, el 2021 “no fue una consulta”: “Las comunidades no nos dieron permiso para poner la mina, la consulta no tuvo ni información ni libertad”. De hecho, los pescadores nos han advertido que en el momento de su consulta había estado de sitio en El Estor, y que la empresa utilizó sobornos para obtener votos favorables.
Otra de las causas de la tensión que se vive en el pueblo es que la mina ha creado conflictos y bandos entre la población. Algunos incluso se han pronunciado en defensa de la minería. Los pescadores reunidos en el pleno son dirigentes de las Viejas Autoridades –la organización de los pueblos indígenas y de autogobierno– y dicen que la organización de los COCODE –alcaldes auxiliares–, que reúne a representantes de los pueblos indígenas, está comprometida con la mina, los rechaza. Han asegurado que algunos han vivido en primera persona haber sido alcaldes auxiliares y haber sufrido sobornos, pero al negarse a hacerlo, ahora, como viejas autoridades, se sienten marginados. En la consulta de 2021, por ejemplo, se citó a ciertos interrogatorios del COCODE y se excluyó a exautoridades. “Lamentamos que alcaldes y alcaldesas colaboradores se vendan. Los indígenas no deben vender la pobreza”.
La lucha por recuperar lo que nos quitaron
Guiados por los pescadores Cristóbal Pop y Juan Bautista Gremio, cruzamos el lago de Izabal en lancha y llegamos a la comunidad de Chapín Abajo, en un viaje de una hora, a la velocidad que permite el viejo motor de la embarcación. Cuando nos acercamos a la orilla del agua, notamos un olor extraño. “Es el olor de la planta de NaturAceites, el del aceite de palma”, aseguró el periodista Juan Bautista. Esta comunidad está aislada, porque no pueden salir de ella, porque varios miembros están criminalizados y tienen órdenes de aprehensión por luchar contra las imposiciones de plantaciones de palma.
Sin embargo, hemos encontrado una comunidad que está organizada “contra el capitalismo y el neoliberalismo”, como explica el líder indígena Pedro Cuc. Entre otras cosas, las empresas palmeras han recuperado la mitad de las tierras tomadas sin consulta, talando ellas mismas las palmeras y diversificando la cosecha. Llevan un año haciendo esto, pero todavía están de duelo: están rodeados de fuerzas policiales y sufrieron una represión brutal, la violencia que utilizaron contra adultos y niños. Sin embargo, se muestran esperanzados y luchan por cumplir con su trabajo: “Lo único que queremos es dar a nuestros descendientes tierras y valores para vivir”.
Un intento de censurar las voces de las comunidades
Cuando sale el sol, los pescadores se ponen a trabajar, y esta vez hacen lo mismo, recogiendo las redes “atarraya” que echaron la noche anterior. Con suerte, las esposas de muchos de estos hombres venderán lo que pescan en la playa o en el mercado, hasta que las tareas de cuidado de los niños se interpongan en su camino.
El padre del periodista Juan Bautista es, de hecho, el guía del barco y también es pescador. El periodista trabajó como su asistente durante cinco años, tiempo durante el cual comenzó a informar y reportar sobre la pesca ilegal. Son pescadores artesanales, por lo general, en El Estor, y están muy alejados de la pesca industrial que tan común es en nuestro país. Bautista hijo vio que los pescadores tradicionales necesitaban una voz y encontró el camino para lograrlo en las redes sociales. “No soy licenciado en periodismo, pero soy periodista comunitario”, definió el colaborador de Prensa Comunitaria.
Ha pagado caro ser periodista comunitario, es decir, ser portavoz de las comunidades. Varios periodistas comunitarios fueron atacados por la empresa por cubrir las protestas contra la mina de 2017 y tuvieron que huir. Bautista aún no era periodista, pero se sintió “obligado a informar a la ciudadanía” y empezó a trabajar en Prensa Comunitaria de El Estor. En 2021, la empresa, apoyada por las fuerzas armadas del estado, llevó a cabo una violenta represión contra defensores de la tierra que bloquearon la vía, sobre lo que informó Bautista. La respuesta a la información fue esta: entraron a su casa, lo detuvieron durante seis horas, le quitaron sus equipos electrónicos… Luego estuvo prófugo durante 45 días, para “proteger su vida”, y cuando regresó se encontró con la madre de su hijo de dos años y su pareja en el momento en que lograron ponerlo en contra del periodista, “valiéndose de un soborno”.
Ahora es el único periodista comunitario del pueblo y ha criticado a las autoridades por dificultarle el trabajo y negarle información. Sin embargo, el agradecimiento de las comunidades lo motiva a seguir adelante, y tiene claro que seguirá en esta labor “hasta el final”: “Tengo persecución y señales en mi contra, tengo miedo al entrar y salir de casa”, pero no me he movido de mi pueblo. Porque, si me voy, ¿quién hará el periodismo?”. En defensa de la libertad de expresión, está impartiendo varios talleres en las comunidades aledañas, empoderando a la ciudadanía y aprendiendo a contar lo sucedido de forma independiente, sin esperar a los periodistas.
Los padres de Bautista apoyan su trabajo, lo que también le ayuda a no darse por vencido: “Mis padres son parte de la resistencia del territorio, y gracias a ellos estoy aquí. No pararé, tal vez algún día logren censurarme, pero no dejaré de contar la realidad de El Estor por mi cuenta”.
Para que la información sobre los abusos de los proyectos extractivistas llegue al otro lado del mar, solemos tener el viento en contra. Por el contrario, Europa abre sus puertas al petróleo y al níquel extraídos de los centros palmeros y mineros, y nuestras gigantescas empresas y almacenes dan la bienvenida a los barcos cargados que parten del pueblo de Puerto Barrios en Izabal.
Este reportaje fue publicado originalmente por ARGIA, miembro de la Red de Economía Social OLATUKOOP, socio del Instituto de Ecopublicación.
