Artículo publicado en Prensa Comunitaria (Héctor Silva Ávalos) el 12 de octubre de 2023
El municipio lacustre de Izabal está atado a la historia del presidente. Su alianza con la fiscal general Consuelo Porras está marcada por la protección que ella la dio al enterrar una investigación que arrojó indicios de que Alejandro Giammattei recibió sobornos del empresario kazajo que es dueño de la mina de níquel en El Estor. Hoy, el presidente usa las mismas tácticas represivas que utilizó en Izabal para intentar socavar la protesta ciudadana que reclama por la renuncia de Porras.
Fue como ver la misma película otra vez, pero una versión ampliada, más ambiciosa. El lunes 9 de octubre, ya entrada la noche, la Presidencia emitió, en cadena de televisión, un mensaje de Alejandro Giammattei en el que el presidente habló, por primera vez, de las jornadas de protestas que han llevado a miles de guatemaltecos a las calles a pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y a exigir respeto a los resultados electorales que culminaron con el triunfo de Bernardo Arévalo De León, el presidente electo por el Movimiento Semilla. Las protestas llevaban 7 días cuando Giammattei se refirió a ellas y el mensaje presidencial coincidió con algo que, hasta ese momento, no había ocurrido: la violencia se había hecho presente en las manifestaciones pocos minutos antes de que el presidente hablara en cadena nacional.
Fueron actos de violencia aislados que la misma Policía Nacional, a través de voceros autorizados, reconoció había sido provocada por matones infiltrados en las protestas ciudadanas. No era la primera vez que una manifestación de calle contra Giammattei, su antecesor Jimmy Morales o frente al Congreso se solventaba así, con la presencia de matones y vándalos que, ajenos a los reclamos de los miles que protestaban de forma pacífica, llegaron a provocar caos.
Caos que luego sirvió a las autoridades para justificar la instalación de un régimen de excepción, algo que Alejandro Giammattei ya había hecho antes. Lo hizo en 2021 en El Estor, Izabal, para adelantar los intereses de una compañía minera de capitales rusos que, de acuerdo con una investigación abierta en el Ministerio Público ese año, le había dado un soborno millonario para obtener nuevos permisos de explotación de níquel y otros minerales en Guatemala y para traspasar obstáculos legales impuestos por la Corte de Constitucionalidad.
Como ocurrió el 9 de octubre de 2023 en la Plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala, cuando agentes infiltrados provocaron disturbios que luego justificarían la orden presidencial de reprimir la protesta, hace dos años, en octubre de 2021, algo similar ocurrió en El Estor.
El guión de los vándalos
Giammattei aireo su cadena nacional del 9 de octubre a las 7 de la noche. El mensaje central fue que su gobierno emitiría órdenes de arresto contra los líderes de las protestas y contra quienes llamó “grupos de choque”. No identificó a nadie, pero utilizó su alocución para instalar la narrativa que pretende atar a Bernardo De León, el presidente electo, y a Semilla con los pocos incidentes de violencia ocurridos en las últimas horas.
Ese intento, el de responsabilizar a Arévalo de los disturbios creados por agentes infiltrados, fue más evidente la madrugada del 11 de octubre, cuando el presidente saliente publicó una carta en la que llama a su sucesor al diálogo y lo acusa de alentar las protestas y los bloqueos y de, con ello, “atentar contra la seguridad, la economía y el turismo en el país”.
Nada dijo Giammattei, ni en su carta ni en su cadena nacional, de las causas que han movilizado a miles de guatemaltecos en los últimos días a marchar y manifestarse de forma pacífica y, sí, a tomar varias de las principales rutas del país en protesta por los intentos del Ministerio Público de revertir los resultados electorales. Nada dijo Giammattei de la exigencia de que renuncie la fiscal general Consuelo Porras, cuyos empleados y subordinados han abanderado un intento por criminalizar la voluntad popular que dejó a Arévalo como presidente.
Eso, la actuación del Ministerio Público tras las elecciones presidenciales, incluida la persecución criminal contra el Movimiento Semilla, ha sido condenado dentro y fuera de Guatemala, incluso por el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Parlamento Europeo, pero nada dijo el presidente Giammattei al respecto.
Y por eso, el irrespeto a la voluntad popular expresada en las urnas y el repudio a las acciones de Porras y su fiscalía, es que se ha juntado la gente a protestar en Guatemala. Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, una de las organizaciones que ha acompañado los afanes democráticos de los guatemaltecos en la coyuntura reciente, lo ve claro: “Si tuviéramos una democracia más o menos funcional el clamor del pueblo tendría un efecto. Tampoco existen contrapesos para frenar el poder abusivo del MP entonces estamos sometidos a un orden cuasi autoritario. La gente se reveló contra eso porque no quiere perder poca democracia que queda en el país”, reflexiona Marroquín sobre las causas de las protestas.
La narrativa del presidente desconoce todo eso. Como ya lo había hecho en El Estor en 2021, Giammattei acudió al manual de no hablar de las causas de las protestas, fingir acciones violentas que luego su gobierno atribuyó a los manifestantes y luego reprimirlas. Lo mismo.
En el caso reciente, el de las protestas masivas contra la fiscal Porras y su intento de revertir el resultado electoral, el guion fue evidente casi de inmediato. Minutos después de la intervención en que el presidente saliente anunció represión contra manifestantes a los que no identificó, un alto funcionario del gobierno, sin quererlo, desmintió a Giammattei. Poco después de las 9:30 p.m., el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, aceptó en una entrevista con Emisoras Unidas que los que instigaron los desórdenes en la Plaza de la Constitución fueron infiltrados, personas ajenas a las manifestaciones. Lo mismo habían dicho, minutos antes, voceros de la PNC. La Policía, incluso, subió fotos de los infiltrados en sus redes sociales, las cuales luego la institución borró tras la intervención del presidente en la cadena nacional.
Los aliados políticos de Giammattei, en redes sociales y a través de vídeos, repitieron hasta la saciedad el guion del presidente, ese según el cual las manifestaciones, pacíficas hasta el domingo anterior, debían de ser criminalizadas. Lo hizo, por ejemplo, Álvaro Arzú hijo, un diputado de ultraderecha que apoyó la candidatura de Zury Ríos, la cual sufrió una derrota estrepitosa en las elecciones de junio pasado.
A la intervención de Giammattei había antecedido, el mismo 9 de octubre, una de la fiscal general Porras en un vídeo de casi ocho minutos en que ella defendió casos penales abiertos contra Semilla y contra representantes del Tribunal Supremo Electoral y exigió al Ejecutivo parar las protestas.
Por lo visto después, el presidente tomó la palabra a la fiscal. De acuerdo con un mensaje que posteó en sus redes, Giammattei está por reunirse con su gabinete para determinar si un estado de excepción es necesario. Es aquí donde todo empieza a parecer una película ya antes vista; algo que ya ocurrió, hace poco, en El Estor.
Entre octubre y noviembre de 2021, el gobierno Giammattei también utilizó mentiras y la criminalización de la protesta ciudadana para avanzar su agenda política. En El Estor, los concejos ancestrales Q’eqchi’ de la zona de Izabal y Alta Verapaz habían bloqueado las entradas y salidas al municipio lacustre para protestar por el funcionamiento ilegal de la mina de níquel propiedad de Solway, una empresa de capitales rusos y kazajos asentada en Suiza. El reclamo de la comunidad Q’eqchi’ era que la mina seguía funcionando a pesar de que una resolución de la CC se lo impedía y de que, contraviniendo la ley, los mineros no habían hecho una consulta comunitaria.
En El Estor también, el gobierno Giammattei hizo suyos reclamos de criminalizar a quienes protestaban, pero aquella vez no se lo había pedido la fiscal general, sino los mineros rusos. Empleados de la mina habían esparcido noticias falsas de que los manifestantes estaban bloqueando el paso al comercio, lo cual no era cierto, según Prensa Comunitaria atestiguó en su momento: los Q’eqchi’ bloquearon la calle solo a camiones de carbón y otros insumos que se dirigían al recinto minero.
La Policía, el ejército y los ministerios de mina y ambiente de Giammattei montaron un escenario de intento de diálogo, como ocurre ahora, que al final solo sirvió para dar tiempo a una intervención militar que terminó con la represión de los manifestantes y la implantación de un estado de sitio que los funcionarios gubernamentales aprovecharon para acosar judicialmente a dirigentes indígenas antimineros y periodistas.
El gobierno, en complicidad con el MP, usó al ejército, incluso jeeps artillados que donó Estados Unidos, para llevar adelante los actos represivos cometidos durante el estado de sitio. Allanaron casas de dirigentes indígenas, de periodistas, extendieron órdenes de captura contra los comunitarios y, al final, lograron debilitar los movimientos de resistencia en El Estor. La mina siguió funcionando.
Como ocurre ahora, en las protestas de El Estor el Ministerio Público y su jefa, Consuelo Porras eran protagonistas.
La apuesta del presidente por la fiscal general y la necesidad de supervivencia
Ha parecido, en algún momento de las últimas horas, que la alianza entre el presidente y la fiscal general se ha erosionado. Lo que antes se hacía en privado, hoy alcanzó la esfera pública: el reclamo para que Giammattei intervenga en las protestas que le exigen a ella su renuncia del MP; o las intenciones expresadas por lo troles cibernéticos a los que el MP suele alimentar de información reservada de casos abiertos contra exfiscales, jueces o periodistas, como la de una de esas cuentas que invitó, en un tuit, a que la fiscal use “la bomba atómica” que tiene contra las autoridades (el gobierno) “para que hagan su trabajo”, en una alusión a la potencial represión de las protestas.
Por ahora, en público, Giammattei sigue apostando por la fiscal Porras, a quien él reeligió en 2022. Desde entonces, ambos se han protegido.
Cuando Porras se reenganchó, el gobierno de Joe Biden en Washington no dudó en cuestionar, en público, la reelección. Más aún, el mismo día que Giammattei la nombró fiscal general para un segundo mandato, el Departamento de Estado los incluyó a ella y a su esposo, Gilberto de Jesús Porras, en una lista de funcionarios corruptos. Luego, Washington también incluyó en sus listas negras a Ángel Pineda, Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, algunos de los principales lugartenientes de Porras.
A pesar del refunfuño de Estados Unidos, Giammattei se mantuvo inamovible en el apoyo. A finales de 2022, durante una visita a Washington, el presidente contestó enfadado a cuestionamientos sobre la fiscal general que le hicieron en una reunión en el Banco Mundial, según confirmó a Prensa Comunitaria un diplomático latinoamericano que tuvo información sobre ese encuentro. Luego, en público, Giammattei acusó a la administración Biden de entrometerse en asuntos políticos internos y a grupos progresistas de Estados Unidos de atacar al gobierno guatemalteco por la agenda “provida” del presidente.
El nexo, a pesar de posibles temblores recientes, parece mantenerse. Tanto que el presidente de Guatemala ha preferido la posibilidad de reprimir a los miles que exigen en la calle la renuncia de Porras que pedírsela él mismo. El gesto no ha pasado desapercibido.
“Tanto Giammatei como Porras son la cabeza del llamado pacto de los corruptos. Sin ellos quedan sin protección todos los abusos de poder y saqueos del erario. O sobreviven juntos o caen juntos esa es su consigna”, asegura Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana.
“Giammattei Intenta terminar las protestas, dividir a la oposición, ignorar a los manifestantes, entrampar a Arévalo, sabiendo que la fiscal general le dará el golpe a la elección. Si Giammattei y el CACIF (empresa privada) no rompen con la fiscal no hay solución”, escribió en su cuenta X -antes Twitter- el diplomático estadounidense Stephen MacFarland, que sirvió como embajador en Guatemala.
Hay quien cree que Giammattei no puede ya renegar de Porras: es demasiado lo que ella sabe. Lo cierto es que, desde que la reeligió en mayo de 2022, Porras no ha hecho más que proteger al presidente. Uno de los casos en que eso ocurrió tiene que ver, precisamente, con El Estor.
En agosto de 2018, cuando apenas tenía dos semanas de haber sido nombrado nuevo jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el fiscal Rafael Curruchiche envió un memo a las 11 agencias a su cargo en la capital y otra en Quezaltenango para que informaran “a la brevedad posible” sobre una “investigación relacionada con reunión del presidente de la República con ciudadanos rusos”.
La pesquisa de Curruchiche, uno de los principales lugartenientes de Porras, tiene que ver con la investigación al presidente que abrió Juan Francisco Sandoval, el jefe de FECI hasta julio de 2021, luego de que un exagente de inteligencia contratado como seguridad privada de una delegación de mineros rusos que visitó Guatemala entre abril y mayo de ese año testificó que él y otros habían ido a dejar un soborno de los empresarios extranjeros a la casa del presidente.
Sandoval empezó a investigar ese caso en junio de 2021. Poco más de un mes después, Porras lo destituyó y él tuvo que salir de Guatemala. Ahora vive exiliado en Washington. Tras la salida de Sandoval Curruchiche se hizo cargo y la investigación sobre los rusos desapareció. Lo mismo pasó con otro expediente, relativo a un supuesto soborno entregado por el exministro José Luis Benito a Giammattei: quedó cerrado.
Luego, Curruchiche y otros fiscales bajo su mando, como Cinthia Monterroso, acuerpados por la Fundación contra el Terrorismo, emprendieron persecuciones penales contra Jose Rubén Zamora, exdirector de El Periódico y uno de los primeros periodistas en divulgar el supuesto trato entre el presidente de Guatemala y los mineros rusos. También persiguieron los subalternos de la fiscal Porras a exfiscales, jueces y operadores de justicia que habían procurado investigaciones a miembros del llamado pacto de corruptos, entre funcionarios, políticos y empresarios implicados en casos de gran corrupción o de criminalidad organizada.
Todo parecía funcionar bien para el pacto, Giammattei y el MP. Hasta que llegaron las elecciones de junio y la segunda vuelta de agosto pasados, que dejaron a Arévalo como presidente electo y a los hombres y mujeres aglutinados alrededor del gobierno actual y del MP de Porras sin otro plan aparente que el de criminalizar a los ganadores, al tribunal electoral por avalar ese triunfo y a quienes se han volcado a las calles para exigir a la fiscal general que no intervenga con la voluntad democrática de los guatemaltecos y que renuncie a su cargo.
A la cabeza de la intentona por desconocer y criminalizar a los ganadores de la presidencial ha estado, desde el principio, el MP de Porras y Curruchiche, que inició una investigación contra Semilla por supuestas irregularidades durante la formación del partido político y luego al TSE. Los fiscales llegaron al extremo de incautar urnas y sacarlas de recintos administrados por el tribunal, algo que no se veía en el país desde los tiempos de las dictaduras militares del siglo pasado.
Entes multinacionales también han cuestionado al gobierno guatemalteco por su rol en la coyuntura postelectoral y por su apoyo a la fiscal general. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, cuestionó los intentos del MP por bloquear los resultados de la elección y la transición. Lo actuado por la gente de Porras, dijo Almagro, es “un ejemplo vergonzoso para el hemisferio” y “un ataque sin precedentes” contra la democracia guatemalteca.
Hoy, como ocurrió en 2015 cuando miles de guatemaltecos se manifestaron para exigir la renuncia del entonces presidente, embarrado en casos de corrupción, Guatemala ha vuelto a las calles, pero hay diferencias. A la base de las protestas hace ocho años estaba el apoyo popular a lo actuado por el MP de entonces, que había descubierto una inmensa trama de corrupción que implicaba a todo el entramado de poder, empezando por Otto Pérez Molina, el presidente. Entonces, la gente salió a las calles a respaldar lo actuado por los fiscales. Hoy ha salido a exigir que otros fiscales, estos aliados con el poder de turno, se vayan.
Y hoy, en 2023, hay más protagonismo de las poblaciones indígenas de Guatemala, que en 2015 pasaron por las protestas desde las orillas. “La del 2015 fue una protesta de corte urbano de clases medias y baja e incluso alta. Hoy el motor de la movilización son los pueblos Indígenas tan maltratados e ignorados por los últimos gobiernos. Se hastiaron de que les roben y encima los denigren. De ahora en adelante cualquier gobierno que vuelva a mostrar rasgos de soberbia y tiranía tendrán que vérselas con ellos”, dice Marroquín.
Son los comunitarios mayas los que, en todo el país, mantienen bloqueos en carreteras e incluso se han desplazado a la capital para decirle al presidente que seguirán ahí hasta que Consuelo Porras se vaya. Como lo hizo en El Estor hace dos años, el presidente Giammattei vuelve a amenazar con reprimirlos.
