A casi un mes de las movilizaciones en el país centroamericano, se agudizan las tensiones sociales y toma fuerza la demanda de una asamblea constituyente plurinacional.
El 29 de julio pasado, se llevó a cabo el Paro Nacional en Guatemala. La jornada de lucha se extendió a lo largo y ancho del país, y fue impulsada por las autoridades de los pueblos indígenas, donde además confluyeron organizaciones campesinas, estudiantes, sindicatos, organizaciones feministas y grupos religiosos. Las principales demandas que articularon el paro estuvieron centradas en la renuncia del presidente, Alejandro Giammattei, de la Fiscal General, Consuelo Porras, y la convocatoria a una Asamblea Plurinacional Constituyente.
Crisis social y pacto de corruptos
El proceso de lucha abierto con el 29-J es expresión de la agudización de las tensiones sociales que se profundizaron con la pandemia de la COVID-19 y rompieron la tensa calma que vivía la sociedad guatemalteca. En los últimos años, se ha incrementado el deterioro de las condiciones de vida de la población, en un país con 60 por ciento de pobreza y 22 por ciento de pobreza extrema, cifras que se incrementan en la zona rural y en comunidades indígenas, donde el porcentaje alcanza el 80 por ciento.
A esto, se suma las consecuencias que dejaron a su pasar los huracanes Eta e Iota, en 2020, y el clima de hostilidad social producto de la política represiva y violatoria de los derechos humanos por parte del gobierno. Esta crisis estructural llevó a que muchas personas se vean forzadas a migrar, teniendo como destino Estados Unidos, produciéndose así una crisis migratoria en la frontera de Estados Unidos con México y en los límites fronterizos con El Salvador, Guatemala y Honduras, desde el mes de enero a esta parte.
Las problemáticas sociales y económicas se recrudecieron durante la pandemia a partir de la desidia del gobierno guatemalteco en la gestión de la política sanitaria y la falta de vacunas. Guatemala es uno de los países con índice más bajo de vacunación por persona en Latinoamérica, al mismo tiempo que enfrenta la tercera ola de contagios, con la circulación de nuevas cepas y un sistema sanitario colapsado.
El desmantelamiento del sistema sanitario y de seguridad social por parte de los gobiernos neoliberales y de la actual gestión del presidente Giammattei han dejado al desamparo a millones de guatemaltecos y guatemaltecas. A fines del año pasado, en medio de movilizaciones y represión por parte de las fuerzas de seguridad, el Congreso aprobó un presupuesto de ajuste sobre varias áreas importantes para el abordaje de la situación pandémica.
La denuncia sobre casos de corrupción contra funcionarios del actual gobierno y del presidente han ido en aumento. Las irregularidades en el manejo de los fondos destinados para la gestión sanitaria y las investigaciones en torno a coimas y sobornos son la expresión de una red de intereses y negocios que vincula a políticos, jueces, empresarios, ex militares y bandas criminales. A estos vínculos espurios incrustados en las instituciones, se las denomina “pacto de corruptos”, que sostiene un sistema político elitista y un modelo económico excluyente. Es contra esta red de intereses que las distintas organizaciones sociales, campesinas e indígenas vienen luchando.
La lucha contra la corrupción y la impunidad es una reivindicación histórica del pueblo guatemalteco, sellado en el acuerdo de paz de 1996. Han habido avances en investigaciones y encarcelamientos a partir de la creación, en 2007, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), perteneciente al Ministerio Público, en 2010. Los casos más emblemáticos fueron la detención del ex presidente Otto Pérez Molina, que renunció tras las masivas movilizaciones en su contra en 2015, y el juzgamiento al ex militar y represor Efraín Ríos Montt.
Pero los obstáculos puestos por el gobierno de Jimmy Morales y la reconfiguración del “pacto de corruptos”, ante el temor de empresarios, políticos y ex militares de que avancen las causas investigadas, pusieron freno a los logros obtenidos. Carlos Barrientos, del Comité de Unidad Campesina (CUC), considera que “desde la llegada a la presidencia de Giammattei en 2020, asistimos a una restauración conservadora, ya que el pacto de corruptos no solo busca frenar los logros obtenidos contra la corrupción e impunidad, sino también busca que retrocedamos en esas conquistas. Es por esto que han venido avanzando en cooptar las distintas instituciones del Estado”.
La gota que rebalsó el vaso del descontento social fue la destitución, por parte de la Fiscal General Consuelo Porras, del ahora ex Fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, que estaba a cargo de la FECI. Tras el final de la CICIG, en 2019, durante el gobierno de Morales, la FECI era el último bastión de la lucha contra la corrupción. Durante los meses de marzo y abril, se había consumado la cooptación de la Corte de Constitucionalidad, que se suma al Congreso Legislativo, al Poder Ejecutivo y los órganos del Poder Judicial.
Por un Estado plurinacional, popular y antipatriarcal
Al igual que las masivas movilizaciones de 2015, las consignas del paro del 29 de julio tuvieron un fuerte acento puesto en la corrupción. Pero el elemento distintivo y más relevante con respecto a las manifestaciones de seis años atrás es el carácter plurinacional de la jornada de lucha. Lina Valenzuela, de Alianza Política -sector de mujeres-, señala que “llamamos plurinacional al paro porque fue convocada por las autoridades de los pueblos indígenas, es desde sus territorios que se inició el llamado a las movilizaciones y corte de carretera, y se expandió hacia todo el país, y sobre todo hacia las ciudades, teniendo como símbolo el bloqueo de la calle Martí de la ciudad de Guatemala”.
El 29-J fue impulsado por las autoridades ancestrales de los 48 cantones de Totonicapán, de la alcaldía de gobierno de Sololá y del Parlamento del pueblo Xinka, al cual confluyeron las demás comunidades indígenas y organizaciones campesinas, sociales, estudiantiles, feministas y religiosas.
A diferencia de 2015, el proceso de lucha iniciado con el Paro Plurinacional busca ir más allá de las demandas destituyentes de renuncia del presidente, sino también cobra fuerza la convocatoria a una Asamblea Plurinacional Constituyente por un Estado plurinacional, popular y antipatriarcal, que reconozca la diversidad que habita en el territorio de Guatemala, que respete las formas de autodeterminación de los pueblos, la forma de administración de sus territorios, de la administración de su justicia y articulación política.
Otras de las demandas que se hicieron presentes en las manifestaciones fueron el acceso a vacunas, la reducción del costo de la canasta básica y de la energía eléctrica, y el rechazo a las empresas mineras e hidroeléctricas.
El 29-J abrió un ciclo de movilizaciones cuyo desenlace es impredecible. Las movilizaciones se dan en un contexto de suba de casos de contagio, de incremento de las medidas restrictivas y autoritarias del gobierno, y con las instituciones del Estado cooptadas por la corrupción. Las autoridades de las poblaciones originarias se encuentran en consulta y analizando los pasos a seguir, con la certeza de que la salida al conflicto no puede ser como la de 2015, donde lo que cambió fue la cara de quien preside el país, pero no el sistema corrupto. Es por esto que uno de los desafíos que se abre es la unidad política plurinacional entre quienes vienen confluyendo en las protestas sociales y la representación política en las instituciones.
Hay un hilo rojo que recorre América Latina, desde la Cordillera de los Andes suben las movilizaciones y demandas constituyentes y de plurinacionalidad -tal como venimos analizando en el marco de OBSAL (Observatorio de coyuntura de América Latina y el Caribe)- hasta Centroamérica. En una región atravesada por crisis estructurales e inestabilidad política, la Guatemala profunda y plurinacional abre un escenario de lucha donde todo está por decirse.
Fuente: Resumen Latinoamericano
Fuente Fotografía: Luis Echeverría
