El 6 de febrero de 1995, Blanca Jeannette Kawas Fernández fue asesinada en su domicilio en el Barrio El Centro, en la ciudad de Tela (Atlántida) como represalia a su labor de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente tras denunciar casos de explotación maderera ilegal y oponerse públicamente a diversos proyectos económicos en la Península de Punta Sal, Honduras.
La defensora del medio ambiente, era conocida por su papel de proteger más de 400 especies de flora y fauna de Honduras durante sus últimos años hasta su asesinato. Las actividades de Jeannette Kawas y los progresos realizados para preservar 449 especies de plantas, la diversidad de flora y fauna, lagunas costeras, afloramientos rocosos, pantanos, manglares, costas rocosas, playas de arena y selva ubicadas en una franja costera de 40 kilómetros, fueron obstáculos para proyectos privados.
Lideró actos en contra del gobierno de Carlos Roberto Reina Idiáquez (1994-1998), debido al otorgamiento de títulos de propiedad a campesinos y empresarios en la zona núcleo de Punta Sal, luego llamado Parque nacional Jeanette Kawas. Además, creó y presidió la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal, Punta Izopo y Texiguat (PROLANSATE), la que bajo su liderazgo promovió ante el Congreso Nacional la creación de un parque nacional en la zona de Punta Sal.
Como no hubo hubo interés en los operadores de justicia de Honduras para aclarar las causas de su muerte, el 13 de enero de 2003, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús y el Centro para la Justicia Internacional (CEJIL) enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pronunciamiento y señalaron al Estado de Honduras como responsable del asesinato de Blanca Jeannette Kawas Fernández, junto a los de Carlos Escaleras y Carlos Luna, defensores del medio ambiente.
En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado hondureño por violar el derecho a la vida de la defensora e incumplir su obligación de investigar y juzgar el caso de manera diligente. En su sentencia, el Alto Tribunal ordenó una serie de medidas de obligatorio cumplimiento para Honduras, entre ellas: llevar a cabo los procesos penales correspondientes, y en su caso, sancionar a los responsables; ejecutar una campaña de concientización y sensibilización sobre la importancia de la labora de las personas defensoras del medio ambiente; así como levantar un monumento en memoria de la defensora ambientalista y realizar la rotulación del parque nacional que lleva su nombre. Al día de hoy, estas medidas permanecen pendientes de cumplimiento.
En uno de los países más peligrosos del mundo para lxs defensorxs del medio ambiente como Honduras, investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de este asesinato resulta fundamental para romper con la impunidad instalada en el país y garantizar que hechos como este no se repitan.
En octubre de 2019, el Tribunal Interamericano emitió una resolución de supervisión de cumplimiento de la sentencia del caso, ordenando al Estado que adopte a la mayor brevedad las medidas necesarias para cumplir con las reparaciones pendientes. Así, instó al Estado a construir el monumento y rotular el parque nacional conforme las consideraciones de la familia y sus representantes, quienes han destacado la necesidad de que ello se realice en la municipalidad de Tela, en sitios que den la mayor visibilidad e impacto a la preservación de la memoria de Jeannette Kawas.
A pesar de todo, la sentencia dictada por la Corte IDH en el presente caso tiene un valor histórico, al reconocer por primera vez que “existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”.
26 años después, su caso, como el de cientos de defensorxs del medio ambiente asesinadxs en Honduras, se mantiene en total impunidad.
Fuente: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Fuente foto: La Tribuna
