En su propia casa de habitación y por personas desconocidas, fue asesinado Arnold Joaquín Morazán Erazo, en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, Honduras. Hasta el momento se desconocen las causas de su crimen y lo que ha trascendido en los medios de comunicación es que falleció luego de recibir varios disparos.
Morazán Erazo formaba parte del grupo de las 32 personas que fueron imputadas en el expediente del caso Guapinol, a quienes se les acusó de los delitos de usurpación y daños, asociación ilícita, robo, privación injusta de la libertad e incendios agravados. Sin embargo, Morazán, nunca se presentó ante los tribunales de justicia.
El caso Guapinol tiene origen en el año 2018, cuando los pobladores del sector Guapinol y San Pedro instalaron un campamento para protestar contra el daño ambiental provocado por Inversiones Los Pinares, empresa que tiene 2 de las 854 concesiones mineras que se registran en Honduras, hasta julio del 2018. La empresa minera se situó en las cercanías del Río Guapinol, dañando la flora y fauna de la zona, afectando los habitantes de las comunidades aledañas, quienes se abastecen del agua del río.
El asesinato de Erazo se suma a las acciones de hostigamiento, persecución, criminalización y a la judicialización de los 12 defensores y líderes de Guapinol, que se encuentran encarcelados desde hace casi un año. Sobre el crimen de Arnold no hay claridad, sin embargo, nadie desconoce que en vida fue un acérrimo opositor a las acciones de la empresa minera. Sus allegados dicen que era muy conocido y querido en la comunidad ya que era predicador y cantante de música cristiana.
Desde el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), denunciamos este vil asesinato y demandamos:
Al Estado y Gobierno de Honduras, la cancelación de la concesión a la empresa minera Inversiones Los Pinares, ya que con su presencia en la zona ha dejado luto y dolor entre las comunidades de Guapinol y el Sector San Pedro.
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- Al Ministerio Público, sin sesgo político o injerencias de ninguna naturaleza, iniciar la investigación correspondiente para esclarecer el crimen y llevar a prisión a los responsables.
- A la Secretaría de Derechos Humanos, realizar las diligencias correspondientes que permitan resguardar la integridad física de las y los líderes ambientalistas de la zona, que persisten en defender los bienes comunes de la naturaleza en la zona.
- Igualmente, exigimos la libertad inmediata de los 12 prisioneros ambientalistas de Guapinol, tal como lo han estado demandando diversidad de organizaciones nacionales e intenacionales.
Fuente y foto : Centro de estudio para la democracia
