Hostigamiento Judicial y agresiones a radios comunitarias – Istmo de Tehuantepec – Oaxaca, México

Señores/as:

En las últimas semanas he recibido información sobre las sistemáticas violaciones de los derechos humanos en el estado de Oaxaca, en especial, en el Istmo de Tehuantepec en contra de los pueblos indígenas zapotecos e Ikoots. Veo con bastante preocupación la relación de estos hechos con la pretensión de las empresas Mareña Renovable y Gas Natural FENOSA de instalar el parque eólico llamado Bí Yooxho’ en los terrenos de bienes comunales. Los aerogeneradores de este megaproyecto serían instalados en tierras húmedas de buena calidad para el cultivo de la comunidad indígena zapoteca, conocida como Playa San Vicente. Recordamos que este megaproyecto eólico no fue consultado ni diseñado con las comunidades de dicha zona. Por esta razón la mayoría de la población del Istmo no está de acuerdo y se ha pasado por alto el derecho del pueblo a tener una consulta previa, libre e informada.

Tengo conocimiento sobre la detención arbitraria por parte de la policía estatal del Sr. Mariano López Gómez quien fue llevado al juzgado de garantía de Salina Cruz, por el presunto delito de “Extorsión”. Se informa que fue puesto en libertad; sin embargo obtuvo el beneficio de la libertad condicionado a asistir a firmar todos los días en la fiscalía de Juchitán. También estoy al tanto de la orden de aprehensión directa en contra de Carlos Sánchez Martínez, coordinador de Radio Totopo, bajo el mismo delito con el que fue acusado el Sr. Mariano López Gómez. Ambos pertenecen a la Asamblea del Pueblo Juchiteco así como de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, organizaciones sociales en defensa del territorio y que se oponen al proyecto eólico.

También tengo conocimiento del desmantelamiento y confiscación del equipo de producción de la radio comunitaria “Radio Totopo” por parte del gobierno el pasado 26 de

marzo de 2013. Esta radio comunitaria desde hace varios meses ha estado informando y sumándose a las acciones de difusión, defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec. Este hecho es un grave atentado al Estado de Derecho, contraviniendo a lo establecido en los principios 1 y 5 de la Declaración de principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De igual manera la persecución y criminalización de los comunicadores indígenas de la radio comunitaria “Radio Totopo”, son atentados contra la diversidad cultural y una violación a los derechos fundamentales y derechos colectivos, en particular, el derecho a la libertad de expresión y comunicación que tienen los pueblos indígenas para transmitir en su propia lengua, y el derecho a adquirir, administrar y operar sus propios medios de comunicación. Nos parece sumamente grave que el gobierno del estado no respete su palabra y los acuerdos que firmó el pasado 27 de Marzo, en una mesa de diálogo realizada en la iglesia de Esquipulas de la séptima sección en Juchitán.

Comprendo que ese día se acordó que la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco entregaría los vehículos resguardados en la barricada, asimismo el gobierno del estado se comprometía a no ejercer acción penal contra ningún miembro de la comunidad, además de que ambas partes acordaron la continuación del dialogo. Sin embargo el gobierno rompió con los acuerdos y con el dialogo al ejercer acción penal contra sus interlocutores apresando al DDH Mariano López Gómez días antes la reunión pactada entre las partes, lo que da muestras de poco respeto hacia los pueblos indígenas y a la búsqueda de solución de conflictos por la vía del diálogo.

Con bastante preocupación e indignación veo que en medio del clima de represión tan fuerte que se vive en México actualmente, los defensores y defensoras de los derechos humanos no solamente reciben constantemente amenazas y agresiones para frenar sus actividades sino que también son víctimas de hostigamiento judicial. Vemos como se asignan cargos que no corresponden con la realidad y que conlleva a que se adelanten procesos judiciales para maquillar y disimular la real persecución en su contra por realizar su trabajo en las comunidades.

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Por lo anterior exigo al Gobierno federal y estatal:

 Agradecería recibir por escrito una lista de las acciones que se emprenderán.