IPS, 10 de enero, 2018.- La crisis política en Perú tras el indulto y las gracias presidenciales otorgados en la víspera de Navidad al exmandatario Alberto Fujimori deja dudas sobre las acciones que se tomarán para frenar la violencia contra las mujeres en este país, que registró 116 feminicidios en 2017 y que ocupa el octavo lugar en este delito en América Latina y el Caribe.
“Lo sucedido con el indulto desmerece las acciones que el gobierno pueda emprender para lograr una vida sin violencias, pues se ha dejado libre a uno de los peores violadores de derechos humanos de las mujeres”, afirmó Liz Meléndez, directora del no gubernamental Centro Flora Tristán.
La especialista recordó que en la década de los años 90, Alberto Fujimori fue responsable de la política pública que esterilizó de manera forzada a más de 200.000 mujeres andinas, campesinas y nativas, delito del que se verá libre de investigación y sanción al haber recibido el derecho de gracias presidenciales.
“Esta impunidad es indignante”, remarcó, pues cabe recordar que por problemas de acceso a la justicia, pobreza y discriminación, apenas se pudo conseguir armar un expediente con 2.074 casos.
La desconfianza hacia las acciones del gobierno se acentúa con la designación oficial de 2018 como el año del Diálogo y la Reconciliación, frase acuñada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski para justificar el indulto al exconvicto, sentenciado por corrupción y violación a derechos humanos, en especial en el marco del inicio del Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres.
“La declaración del decenio nos alerta de que se seguirá deslegitimando el enfoque de género, como sucedió a lo largo de 2017, por la presión de los grupos conservadores, cuyos representantes probablemente estén en el próximo nuevo gabinete; y nos preocupa que puedan haber retrocesos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, pese a los avances normativos”, refirió Meléndez.
Efectivamente, Perú es, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU Mujeres, uno de los países de la región con leyes, planes y políticas públicas contra la violencia de género, que legisló contra el feminicidio y que, inclusive, en 2017 aprobó nuevas leyes como la eliminación de beneficios penitenciarios a los sentenciados por violación sexual.
Sin embargo, la realidad mantiene cifras de espanto.
Según estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre 2009 y 2017, la violencia feminicida sumó 2.275 casos: 991 feminicidios y 1.275 tentativas. En este país hay un promedio de 10 asesinatos de mujeres por razones de género al mes.
El año pasado, también según el MIMP, cerró con 116 víctimas de feminicidios y 223 mujeres sobrevivientes de agresiones. La mayoría de los casos, 79 por ciento, se produjeron en zonas urbanas, y el resto, 15 por ciento, en las rurales.
Los agresores fueron en casi 80 por ciento de los casos, hombres vinculados afectivamente con las víctimas, 90.4 por ciento de mujeres adultas.
Esta situación coloca a Perú en el octavo lugar por la ocurrencia de feminicidios en la región, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), posición que escala al cuarto en comparación con los países del Cono Sur.
El crimen de mujeres por cuestiones de género es, sin embargo, el último eslabón de violencia en sus vidas.
Fuente: Servindi
