Publicado por Paolina Albani, Prensa comunitaria, el 31 de enero del 2024
Los pescadores Tomás Che, Cristóbal Pop y Vicente Rax y el periodista comunitario maya Qʼeqchiʼ, Carlos Choc, quedaron libres de cargos, este 31 de enero, después de que el caso por el que han estado criminalizados por la Compañía Guatemalteca de Níquel, durante siete años, fuera cerrado por falta de pruebas.
Para las 9 de la mañana de este miércoles 31 de enero estaba agendada la audiencia de etapa intermedia en la que el Juzgado Penal de Puerto Barrios, Izabal, resolvería si los implicados quedarían en libertad o si serían enviados a juicio, por los delitos de detención ilegal, amenazas, instigación a delinquir y asociación ilícita.
La audiencia empezó una hora después. Con casi dos horas de retraso. Mientras esperaban afuera de la sala, los tres pescadores y el periodista comunitario maya Q’eqchi’ de El Estor, Carlos Choc, conversaban con sus abogados y temían que la audiencia, una vez más, fuera suspendida por la ausencia de la abogada de Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
Sin embargo, después de la espera la audiencia inició. Allí, el juez Aníbal Arteaga no solo aceptó la solicitud que hizo el Ministerio Público (MP) de anular los cargos por falta de pruebas, sino que detuvo las medidas de coerción impuestas en contra de los sindicados, que fueron ligados a proceso en enero de 2019, y luego obtuvieron medidas sustitutivas que los obligaron a acudir a la sede del MP en El Estor cada 30 días para firmar un libro de actas.
Al salir de la audiencia, celebraron el cierre del caso, pero también una etapa en la que la criminalización les ha impedido vivir con normalidad, e incluso, en la que se les ha excluido de la comunidad por oponerse a la mina.
“Hoy, se cerró un proceso donde hemos venido sufriendo por parte de la empresa. Cerramos una historia en la que fuimos golpeados por la persecución y criminalización que hemos recibido durante 7 años. Es un día histórico”, dijo Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales (GPA), que estaba acompañado de otros integrantes que fueron criminalizados al inicio del proceso como Eduardo Suram.
“Estaba en la necesidad de tener esa libertad. Fue desgastante para mí y mi familia… creo que ya se hizo un papel importante para las personas que fueron compradas por la empresa y por los que me declararon no grato, pero era importante defender los recursos del bello lago de Izabal”, agregó Pop.
“El MP estableció que los miembros de la gremial -de pescadores artesanales- se encontraban ejerciendo la defensa del lago de Izabal ante los estragos de la minera y establece que es un ejercicio reconocido internacionalmente, por el cual no podían ser perseguidos.
Este es un precedente claro de la defensa de los derechos y en el caso del periodista Choc, que estaba haciendo una cobertura periodística en el momento de los hechos que, falsamente acusó la minera, en su momento. Ahora, se mantiene su inocencia”, dijo Rafael Maldonado, abogado de los pescadores de El Estor, Izabal.
El periodista Choc dijo que este día fue importante no solo por el acceso a la justicia, que permitió cerrar el caso en su contra, sino por el reconocimiento que se le dio a los pescadores en la defensa del lago de Izabal.
“Pasaron más de siete años para que se dictara una sentencia”, fue la reacción inmediata de Héctor Reyes, abogado de Choc de parte del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH). “Se aceptó la solicitud que hace cuatro años hizo el MP, en el sentido de que no había ningún delito que perseguirles, pero que no se había hecho por varias ausencias de la abogada de la empresa. Hoy, se dicta el sobreseimiento y se levantan las medidas contra Carlos y los compañeros pescadores. Ahora, puede ejercer su labor informativa y ese derecho a denunciar lo que ocurre en El Estor, tanto como en otros lugares de Guatemala”.
Los pescadores y el periodista abrazaron a sus abogados al salir del Juzgado Penal de Puerto Barrios, tras la resolución del juez que les devolvió la libertad.
Cómo inició el caso de criminalización
En mayo de 2017, los pescadores de la GPA presenciaron la aparición de una mancha roja de textura grasosa y con olor ferroso sobre el lago de Izabal. A un kilómetro de la planta de la mina. Días después, notaron los cadáveres de varias especies acuáticas que flotaban en la superficie.
Como resultado, los pescadores tomaron las calles en manifestación pacífica, para exigir el cierre de la minera de níquel de CGN.
El gobierno de Jimmy Morales dijo que intentó iniciar un proceso de diálogo, pero los pescadores dijeron que fueron excluidos de las mesas. Así que persistieron en su demanda.
En pocas horas, el gobierno movilizó a la policía antimotines al lugar, para hacerlos retroceder y recuperar el control de la carretera principal de El Estor, que es la misma que da acceso hacia la planta de la minera.
La brutalidad de la policía cobró la vida de uno de los pescadores: Carlos Maaz. Es acá cuando el rol de Choc se hace relevante, pues como uno de los periodistas comunitarios que cubría el desarrollo de los hechos, fue el único que captó el momento en que la policía disparó contra Maaz.
La muerte y la excesiva fuerza policial dieron carpetazo a la manifestación y poco después, 12 personas, entre ellos pescadores, comerciantes y el periodista Choc fueron denunciados por la mina.
El argumento del MP fue que taparon una carretera y retuvieron a trabajadores de la mina, pero, para 2019, el ente investigador había cambiado de postura al pedir al juzgado de Puerto Barrios, cerrar el caso por falta de pruebas.
El juez Arteaga, que ha fallado a favor de la minera en otras ocasiones, se negó y dio a la Fiscalía, dos meses más, para que buscara las evidencias necesarias, exclusivamente, contra Choc y los pescadores Pop, Che y Rax.
Esos dos meses se alargaron a siete años, por la constante suspensión de las audiencias. Principalmente, por la ausencia de la abogada de la mina o por la reprogramación de Arteaga.
Pero este 31 de enero, con el cierre de la investigación, concluyeron también siete años de criminalización por una denuncia falsa de CGN, propiedad de Solway Group.
