Publicado por Le Devoir, 20 de diciembre de 2024
En una decisión sin precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el viernes a El Salvador, uno de los países con las leyes más restrictivas sobre el aborto, por impedir a una mujer interrumpir un embarazo de alto riesgo en 2013.
Era la primera vez en su historia que la Corte Interamericana, con sede en San José de Costa Rica, consideraba el derecho al aborto, en un caso que ilustra la situación de las mujeres, sobre todo las de escasos recursos, en países donde el aborto está prohibido, y que ha tenido una fuerte resonancia más allá de las fronteras de El Salvador.
Beatriz, el alias de la joven fallecida en accidente de tráfico en 2017, padecía lupus -una enfermedad autoinmune- cuando se quedó embarazada por segunda vez en 2013, a los 22 años, tras un primer parto complicado.
El feto resultó ser inviable debido a una grave malformación congénita, y la joven había sido informada de que corría el riesgo de morir si llevaba el embarazo a término.
Recurrió entonces a los tribunales para obtener la autorización de un aborto terapéutico, pero su petición fue rechazada por el Tribunal Constitucional.
Se puso de parto prematuramente, se le practicó una cesárea y el feto murió cinco horas después del alumbramiento.
En su sentencia, el Tribunal consideró al Estado «responsable de la violación de los derechos a la integridad personal, a la intimidad y a la salud […] en perjuicio de Beatriz».
Consideró que las autoridades habían «violado el derecho de la víctima a la protección judicial» cuando la Corte de Constitucionalidad salvadoreña le negó el derecho a abortar.
«Creo que esto es justicia total, porque es lo que estábamos esperando», declaró a la AFP Delmy, la madre de Beatriz, calificándolo de “victoria”.
Directrices
El Salvador prohíbe el aborto desde 1998, bajo pena de prisión de hasta ocho años. En la práctica, los tribunales del país suelen procesar a las mujeres que abortan por homicidio agravado, dictando penas de hasta 50 años de cárcel.
En una entrevista con AFP en 2013 desde el hospital de San Salvador donde estaba siendo atendida, Beatriz dijo: «Quiero una cesárea, primero por mi salud y porque el niño no va a vivir. No está bien lo que me han hecho, me han hecho sufrir».
Su familia, de La Noria Tierra Blanca, al sureste de la capital, San Salvador, decidió emprender acciones legales tras su muerte para que «ninguna otra mujer pase por lo que ella pasó», según su hermano Humberto, de 30 años, que pidió el anonimato para proteger la identidad de su hermana.
Las organizaciones feministas celebraron la decisión. «La justicia ha triunfado. Estamos felices, hoy […] pasará a la historia de la justicia reproductiva de las mujeres», dijo a la AFP Angélica Rivas, abogada de la organización Colectiva Feminista.
La Corte ordenó a El Salvador adoptar directrices «para el personal médico y judicial que atienda embarazos que pongan en peligro la vida o la salud de la madre».
También pidió al Estado salvadoreño que adopte medidas que garanticen «la seguridad jurídica en situaciones como las del presente caso».
El Gobierno asume «con responsabilidad» la condena y analizará «a profundidad los alcances (de la decisión) y las recomendaciones» de la Corte, de acuerdo con «la legislación nacional», dijo en un comunicado el comisionado de Derechos Humanos de la Presidencia, Andrés Guzmán.
En América Latina, el aborto está permitido en Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay y algunos estados mexicanos. En otros países, como Chile, está permitido en determinadas circunstancias como violación, riesgos para la salud de la madre o en casos de malformación fetal, mientras que en El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, así como en Haití, está totalmente prohibido.
