En nombre de la sociedad civil canadiense y de la comunidad académica que trabaja con los pueblos de Guatemala, expresamos nuestra profunda preocupación por el intento de golpe de Estado actualmente en curso en Guatemala.
Guatemala se encuentra en una encrucijada entre la restauración de una democracia tambaleante o la completa cooptación del Estado por fuerzas políticas y económicas vinculadas a estructuras criminales. La respuesta de la comunidad internacional a esta crisis -y la de Canadá- no podría ser más importante.
Desde la sorprendente victoria del candidato anticorrupción Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales del 20 de agosto, el «Pacto de los Corruptos», una alianza entre la élite económica, los ex-militares y los conservadores que controlan la mayor parte del Estado guatemalteco, ha intentado anular los resultados. La toma de posesión del nuevo gobierno y del nuevo Congreso, prevista para el 14 de enero, podría verse impedida por estas fuerzas políticas, que se ven amenazadas. Por lo tanto, no es seguro que se permita a Arévalo y a su equipo tomar posesión del cargo.
En los meses posteriores a la victoria de Arévalo, varios poderes del Estado guatemalteco, incluidos el ejecutivo, gran parte del legislativo, la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad, así como la Fiscalía General -todos ellos profundamente implicados con el crimen organizado- tomaron medidas extraordinarias para impedir que el presidente electo tomara posesión de su cargo, incluida una orden de suspensión contra el partido ganador de Arévalo en las urnas, el Movimiento Semilla. Se ha detenido a simpatizantes del partido y se ha amenazado con procesar a magistrados del tribunal electoral.
A esto se suman los intentos de levantar la inmunidad legal del presidente y vicepresidente electos, así como de los representantes de Semilla en el Congreso, con el fin de procesarlos por cargos falsos, como expresar apoyo a las manifestaciones estudiantiles prodemocráticas en las redes sociales. Numerosos defensores y líderes anticorrupción ya han sido acusados y encarcelados, o forzados al exilio, como parte de una inquietante perversión de la justicia en Guatemala que ha estado en marcha desde la salida de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) en 2019 y se ha intensificado en el último año.
En respuesta, encabezadas por las autoridades indígenas ancestrales, decenas de miles de personas salieron a las calles para defender el proceso democrático y el Estado de derecho en Guatemala. Grandes manifestaciones no violentas sacudieron el país durante gran parte de octubre y noviembre. Sin embargo, el Congreso y la Fiscalía General no hicieron más que intensificar su asalto a la democracia, obligando a la mayoría de los magistrados del tribunal electoral a abandonar el país y exigiendo a la Corte Suprema que anulara las elecciones.
Las autoridades ancestrales han sido objeto de represalias: amenazas, criminalización y asesinatos, entre ellos el del líder xinka Noé Gómez, asesinado el 28 de octubre. También aumentan los conflictos en las zonas rurales, donde los terratenientes y la agroindustria aprovechan la distracción provocada por el cuestionamiento de la transición democrática para llevar a cabo desplazamientos extrajudiciales de comunidades indígenas.
El 8 de diciembre, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó lo que calificó de «intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala», al anular las elecciones generales, lo que «constituye la peor forma de ruptura democrática y la consolidación del fraude político contra la voluntad popular».
Los días previos a la investidura presidencial del 14 de enero son cruciales para el futuro de Guatemala. Si Arévalo consigue tomar posesión, lo hará con un mandato abrumador para acabar con la corrupción y restaurar las instituciones democráticas que tanto se han erosionado en los últimos cinco años.
Pero si el golpe a cámara lenta que está en marcha tiene éxito y se impide que Arévalo asuma el cargo, será el golpe de gracia a la reconstrucción democrática que con tanto esfuerzo han construido los valientes guatemaltecos, con el apoyo de la comunidad internacional, incluido Canadá, tras 36 años de conflicto armado.
Canadá y sus aliados deben dejar claro que, después del 14 de enero, no reconocerán ningún gobierno en Guatemala que no sea el del presidente Bernardo Arévalo. Las consecuencias de un posible derrocamiento de la democracia también deben ser meridianamente claras: 1. suspensión de la ayuda bilateral; 2. congelación de los activos estatales guatemaltecos en el extranjero; 3. oposición a cualquier nueva ayuda financiera de instituciones multilaterales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
La alianza implicada en el lento golpe ya está empezando a desmoronarse ante la resistencia masiva y continuada del pueblo guatemalteco y la creciente presión de la comunidad internacional. Si se explicitan las consecuencias internacionales de la ruptura democrática, podría bastar para inclinar la balanza a favor de la democracia y la esperanza.
Contamos con que el gobierno canadiense haga una declaración firme de apoyo a Arévalo y denuncie el intento de golpe de Estado en Guatemala.
Fuente: https://www.ledevoir.com/opinion/idees/804930/idees-democratie-justice-ne-tiennent-fil-guatemala
