Publicado por Jody García, Regina Pérez, Alexander Valdéz, José David López y Gilberto Escobar, el 17 de mayo de 2024
Desde 2021, el desmantelamiento del sistema de justicia guatemalteco llevó al despido, traslado o criminalización de 32 fiscales, abogados y jueces que alguna vez acercaron a las víctimas a conseguir justicia. Esto dejó casos de alto impacto en la impunidad, la revictimización de las personas afectadas y más víctimas. Los procesos de al menos 100 sindicados fueron cerrados parcial o totalmente.
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Diario Militar: cuatro décadas de injusticia
“Hace 39 años estabas en mi casa poniéndome una pistola”, dijo Néstor Villatoro con firmeza al coronel retirado Jacobo Salán Sánchez, apuntándole con su dedo índice derecho, para que no tuviera duda de que se refería a él. Los separaban unos cinco metros, en el Juzgado de Mayor Riesgo B. Era el 1 de febrero de 2023. El juez Rudy Bautista recién había dictado arresto domiciliario para Salán Sánchez y otro acusado. El coronel es señalado de ser uno de los responsables de la desaparición forzada del padre de Néstor, Amancio Samuel Villatoro, el 30 de enero de 1984.
Néstor tiene 56 años. En aquel entonces tenía 17. La mañana de ese lunes había visto a su padre salir hacia una reunión sindical en la zona 1, en el centro de la capital, donde desapareció llevado a la fuerza, como otras víctimas en este caso. Por la tarde, sin saber lo ocurrido, su hermano Samuel de 7 años acompañó a la madre, María del Rosario Bran de Villatoro, a esperarlo en la parada del autobús a tres cuadras de su casa en la colonia 1ro. de Julio, en Mixco, en la salida occidente de la ciudad. Mientras esperaban, su mamá vio a varios hombres encapuchados dentro de una panel blanca, un tipo de vehículo asociado con las desapariciones en la Ciudad de Guatemala durante el conflicto armado.
La madre tomó a Samuel de la mano y corrieron hacia su casa entre los callejones peatonales. Al llegar, se encontraron con unos diez sujetos —entre ellos, los que habían visto en la panel— que asaltaban la pequeña librería que la familia tenía en la entrada de la vivienda y donde no había nada de valor, ni grandes cantidades de dinero. Samuel todavía recuerda aquel asalto como ridículo. Los sujetos después entraron a la fuerza a la casa, patearon y encañonaron a Néstor. Todo fue presenciado por sus otros hermanos, Sergio, de 18 años, y Norma, de 6, además de su madre María del Rosario, y la abuela paterna, Felipa Villatoro.
En la audiencia de febrero pasado, Néstor reconoció a Salán Sánchez como el hombre que lo encañonó. La madre, aferrada al brazo de su hijo, también lo identificó. Cuando salían de la sala, lo llamó con rabia “maldito desgraciado”.
Para algunos familiares de las víctimas, esa audiencia fue la primera vez que se vieron cara a cara con dos de los acusados, casi 40 años después de las desapariciones forzadas.
Amancio Villatoro nunca volvió a casa. El sindicalista fue una de las 183 víctimas en el caso Diario Militar, un documento elaborado por militares que registra la desaparición forzada, la tortura, y/o la ejecución extrajudicial de personas consideradas enemigas del Estado. Los crímenes se cometieron entre 1983 y 1985. En 1999, el documento llegó como una filtración de una fuente militar al National Security Archives (Archivo de Seguridad Nacional), un centro de investigación y documentación de la Universidad George Washington, en EE. UU., que constató que se trataba de un documento original. Fue el primer documento de este tipo divulgado al público que retrataba metódicamente crímenes de lesa humanidad, donde junto al nombre de cada víctima aparecía la fotografía del documento de identificación que portaba previo a su desaparición.
A Samuel le ha costado mucho tiempo aceptar lo que sucedió a su familia. Meses después del secuestro de su padre, todos salieron al exilio. Habían esperado 39 años para ver de cerca a sus verdugos. “Uno se imagina a demonios, que sólo con verlos daría miedo, porque esa es la imagen que tengo en el subconsciente por todo el dolor que causaron. Ahora son tigres de papel”, dice.
Justicia de vida corta
Las familias de las víctimas del Diario Militar nunca estuvieron más cerca de la verdad y de obtener justicia que en 2021. Hace 13 años, la fiscal general Claudia Paz y Paz (2010-2014) empezó a procesar a poderosos narcotraficantes y a militares de alto rango vinculados a crímenes de guerra. En paralelo, el Organismo Judicial creó los juzgados y tribunales de mayor riesgo para procesar los casos de alto impacto, en los que están acusados personajes poderosos, como políticos, narcotraficantes, militares y líderes pandilleros.
Así llegó a las manos del juez Miguel Ángel Gálvez el caso del Diario Militar, en cuyo inicio solo había nueve militares y expolicías detenidos. Seis más fueron capturados posteriormente. La justicia por las desapariciones llegó tarde. Algunos de los acusados, antes temidos por las víctimas, hoy son ancianos en sillas de ruedas que apenas logran escuchar los señalamientos de la Fiscalía. Durante el curso de este proceso penal han muerto dos: Mavilio Castañeda Bethancourt, exmiembro de la Policía Militar Ambulante (PMA), fallecido el 26 de marzo de 2022, y el general retirado y exministro de Defensa, Marco Antonio González Taracena, quien murió el 14 de junio de 2022.
El caso comenzó a retroceder cuando Gálvez envió a juicio a nueve acusados en mayo de 2022. La Fundación Contra el Terrorismo (FCT), una organización conservadora de ultraderecha que está detrás de la persecución penal de operadores de justicia, denunció al juez en un caso no relacionado con el Diario Militar, pero que tuvo un impacto irreversible en el mismo. A través de esa querella se solicitó que el juez Gálvez perdiera la inmunidad para procesarlo. La FCT fue fundada por Ricardo Méndez Ruiz (hijo de un militar procesado por Gálvez por crímenes de lesa humanidad), cuando en 2013 el general retirado Efraín Ríos Montt enfrentaba un juicio por genocidio.
Desde entonces, la Fundación ha solicitado el retiro de la inmunidad a varios fiscales y jueces que llevaban casos de corrupción que fueron abiertos por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, 2007-2019), como lo hizo con la exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra, o el juez Carlos Ruano; o quienes, como Gálvez, llevaban procesos contra exmilitares acusados de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
Como titular del juzgado de Mayor Riesgo B, Gálvez envió a juicio a Ríos Montt, condenado por genocidio en 2013, y ordenó en 2015 el proecesamiento por corrupción del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Para el 15 de noviembre de 2022, el juez había denunciado que se violentó el proceso del Diario Militar, había salido del país y anunciado su renuncia. Desde el exilio, el exjuez dijo al periódico digital El Faro que se están desmontando todos los procesos que él llevaba, incluyendo el Diario Militar, y se está arriesgando a los sobrevivientes y testigos con las medidas sustitutivas otorgadas a los militares procesados. Gálvez sostuvo que con este caso entendió que Guatemala está diseñada para la impunidad.
Criminalización de operadores de justicia
El caso del exjuez no es único. Desde el 23 de julio de 2021, cuando fue destituido ilegalmente Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de la FECI, hasta abril de 2023, un total de 32 operadores de justicia han salido al exilio (incluyendo a Sandoval y Gálvez). Otros diez han sido procesados y una, Virgina Laparra, exjefa de una subsede de la FECI, enfrenta una condena de cuatro años de cárcel.
El impacto inmediato fue una estela de decisiones que otorgaron a al menos 100 sindicados el beneficio de salidas de la cárcel por arresto domiciliario y el cierre parcial o total de sus casos. Se trata de beneficios para el 7 % de las 1,500 personas que la CICIG logró procesar en sus últimos seis años de funcionamiento.
En noviembre de 2022, cuando Gálvez salió al exilio y renunció, también comenzaron las medidas favorables para los sindicados. Ganaron amparos y lograron salir de la cárcel. Además, Elena Sut Ren, la fiscal de la Fiscalía de Derechos Humanos encargada desde 2016 del expediente del Diario Militar, fue trasladada en abril de 2023 a otra fiscalía por una recomendación del Departamento de Seguridad de la institución, luego de hacer un análisis de riesgo que Sut solicitó.
Una resolución de noviembre de 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acerca del caso, cita a los representantes de las víctimas indicando que “‘Sut ha señalado que no (tenía) interés’ en ser objeto de un traslado de fiscalía”, aunque solicitó ese análisis por los riesgos que corría con el caso del Diario Militar, y por también llevar los casos Bámaca Velásquez (un guerrillero torturado y víctima de desaparición forzada en 1992 a manos del Ejército) y Plan de Sánchez (una masacre de 268 personas, a manos de patrulleros civiles y fuerzas estatales en 1982, durante el conflicto armado interno, en Rabinal, Baja Verapaz, a 88 kilómetros al norte de la capital guatemalteca).
Los querellantes en el caso Diario Militar (familiares de las víctimas) revelaron que, en abril y mayo de 2022 (durante las audiencias de etapa intermedia), Sut se sentía amenazada porque hombres desconocidos la seguían a bordo de un vehículo hacia su vivienda y trabajo. Además, la fiscal fue blanco de varias denuncias penales por los casos que llevaba.
En noviembre del mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Guatemala otorgar medidas urgentes de protección a la fiscal, a petición de las familias de las víctimas.
Origen de la persecución
Entre 2007 y 2019, la CICIG abrió la mayoría de casos que actualmente son afectados por la persecución judicial. En 2019, el entonces presidente Jimmy Morales confirmó que no renovaría la extensión del mandato de la Comisión Internacional. Mientras funcionó, la impunidad bajó de un 98 % a un 94.2 %, según un estudio de la Fundación Myrna Mack. Su cierre supuso la agudización de la persecución de fiscales y jueces que llevaban sus casos. Eso incluyó personal de la FECI, cuyo actual jefe, Rafael Curruchiche (sucesor de Sandoval), fue incluido en 2022 por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la Lista Engel de actores antidemocráticos o corruptos. Curruchiche es acusado en esa lista de boicotear la investigación de posibles sobornos al presidente Giammattei y de otros posibles actos de corrupción de altos funcionarios y empresarios.
Para febrero de 2022, con Sandoval afuera y el retiro de la inmunidad de Gálvez en curso, la fiscal general Consuelo Porras negó que se criminalizaba a los operadores de justicia. La funcionaria aseguró que sólo se cumplía con cuanto “establece la ley”, aunque las consecuencias en los procesos eran visibles.
“La presencia del juez Gálvez en el Caso Diario Militar era una garantía de acceso a la justicia para las víctimas, y a su salida vemos sindicados que obtuvieron beneficios carcelarios que en otro momento no fueron considerados”, dice la abogada Jovita Tzul, especialista en derechos humanos y representante de Samuel Villatoro y otros querellantes en el proceso. El 30 de noviembre de 2022, ocho organizaciones internacionales de derechos humanos, encabezadas por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), denunciaron que el caso tuvo retrocesos tras la salida de Gálvez. Citaron como ejemplos la resolución de la jueza Claudette Domínguez que dejó en libertad al exmilitar Toribio Acevedo, uno de los acusados; y también el amparo otorgado a favor de Salán Sánchez.
El 1 de febrero de 2023, el juez suplente Rudy Bautista (quien sustituyó temporalmente a Gálvez, luego sucedido en el cargo por la jueza Eva Recinos) concedió arresto domiciliario a dos acusados en el caso: el exmilitar Salán Sánchez y el expolicía Malfred Orlando Pérez Lorenzo. Luego, Acevedo también recibió la medida, pero la Sala Primera de Mayor Riesgo la revocó el 14 de abril. Ese exmilitar debió atender una audiencia el 17 de abril y nunca llegó.
Para entonces, la esperanza que los familiares de las víctimas tenían al inicio del proceso del Diario Militar se había convertido en frustración. Eso incluía a los Villatoro.
Amancio Villatoro, el padre de Néstor y Samuel, es una de las seis víctimas que fueron localizadas entre las 183 personas que aparecen en el Diario Militar. Sus restos fueron ubicados en 2003 en una fosa común en una antigua base militar en Comalapa, Chimaltenango (49 kilómetros al occidente de donde desapareció). Sin embargo, fue identificado hasta 2011. La investigación determinó que lo retuvieron y torturaron durante dos meses antes de matarlo. Su madre, Felipa, murió a los 90 años sin saber qué sucedió a su hijo. Otras 177 víctimas siguen desaparecidas.
Paulo Estrada, uno de los querellantes, contó que no se pronunciaron como víctimas sino hasta la salida del juez Gálvez del país. Estrada escribió una columna denunciando cómo Gálvez fue víctima de un sistema de justicia cooptado.
Los querellantes anunciaron el pasado 16 de mayo que las audiencias se retomarán y que aún confían en el sistema de justicia, porque consideran que el caso está bien fundamentado.
No obstante, la jueza del caso argumentó que el amparo otorgado a Salán Sánchez dejaba en suspenso el fallo que envió a juicio a los nueve acusados, y suspendió una audiencia del 17 de mayo para presentar pruebas. Los querellantes apelaron el amparo, y el recurso está pendiente de un amparo definitivo en la Corte de Constitucionalidad (CC). (…)
Fuente : https://cicloscap.com/la-justicia-en-guatemala-esta-mas-lejos-tres-casos-que-lo-explican/
