Hay paros que no se ven pero en los que también se está jugando la vida. En toda Colombia, desde finales de abril se multiplican las protestas por la situación desesperada de amplios sectores de la población, pero las poblaciones afectadas por el megaproyecto de Hidroituango, impulsado por la multinacional Empresas Públicas de Medellín (EPM), pararon una vez más para continuar una lucha en la que han puesto sangre, energía y vida hasta límites insospechados. Pararon y lograron un espacio histórico de negociación. Para evitar que la mesa de negociación sea un entretenimiento, el Movimiento Ríos Vivos ya ha convocado a un nuevo paro el 18 de junio, en caso de que no haya avances significativos en el próximo mes.
Las 300 de la primera línea
Esta vez se agruparon desde el 9 de mayo campesinos, barequeros y pescadores de Sabanalarga, Toledo, Briceño, Ituango, San Andrés de Cuerquía, Valdivia y Tarazá para, a partir del lunes 10 de mayo, bloquear las obras del megaproyecto. No fue fácil. EPM ha trancado el territorio con rejas instaladas en diversos puntos y con una seguridad privada que lleva meses intimidando a quien pretende pescar en zonas del río Cauca o a quienes se pretenden movilizar cerca del embalse. Pero lo consiguieron.
Estas 300 mujeres y hombres se tomaron sendos túneles ubicados en los municipios de Briceño y de Ituango, así como el muro del embalse e impidieron que entraran materiales o personal a las obras. Sí permitían salir a los casi 1.100 jóvenes trabajadores que se mueven en el enjambre de túneles del megaproyecto y dejaban pasar alimentos y enseres que iban o salían del municipio de Ituango, el único que quedaba aislado por el tranque.
Aunque hubo momentos de mucha tensión con la seguridad privada y con la Policía Nacional y fuertes presiones para levantar el paro, los manifestantes lograron hablar con representantes de la empresa y al final el día 13 de mayo se produjo una primera reunión entre una delegación del Movimiento Ríos Vivos, con Isabel Cristina Zuleta al frente, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso.
De esa reunión salieron dos compromisos: la instalación de una mesa formal de negociación, que se produjo el miércoles 19 de mayo, y el levantamiento temporal del paro.
Ríos Vivos llegó el 19 de mayo con una versión actualizada del pliego de peticiones que ya habían hecho público en enero de 2020, justo antes de la pandemia, y que incluye cerca de 90 acciones muy concretas que buscan la reparación integral de los ecosistemas afectados por el megaproyecto Hidroituango, así como verdad, justicia social y ambiental, reparación integral y garantías de no repetición para las víctimas del proyecto. Aunque el primer encuentro ha sido apenas para comenzar a acordar la metodología de la negociación sí es histórico que se produzca una negociación directa fuera de los juzgados.
Mientras, el Movimiento Ríos Vivos ya ha decidido volver a convocar un paro para el 18 de junio en caso de que las negociaciones no avanzan y para presionar a la Gobernación de Antioquia y a los alcaldes de la zona, que son las instituciones que sigue haciendo caso omiso de todas las medidas cautelares a favor de la seguridad de las comunidades y de los integrantes del Movimiento.
De hecho, una prioridad para la defensa de la vida es conseguir el respeto a la libre movilidad en el territorio y que se cumplan las medidas cautelares otorgadas a las víctimas de Hidroituango por el juzgado 75 penal con funciones de control de garantías de Bogotá y el restablecimiento de los derechos fundamentales y la reparación del daño que dictó el juzgado 45 civil del circuito de Bogotá.
Hay que recordar, que además del acoso, represión, asesinato (algo más de 30 líderes de los campesinos, barequeros y pescadores) y persecución legal al Movimiento Ríos Vivos, en abril de 2018 colapsaron dos de los túneles de desviación del río y esto provocó la inundación de más de 4 mil hectáreas y unas 59 mil personas se quedaron sin hogar y sin posibilidades de cultivar o conseguir comida. Los municipios.
El 26 de agosto de 2019, la Fiscalía acusó al ex gerente de la empresa Hidroituango y al ex gerente de EPM-Ituango -empresa administradora del proyecto- del delito de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, la audiencia de acusación se ha aplazado en varias ocasiones y el caso se ha transferido del fiscal a fiscal. Pero algunos procesos sí avanzan y justo este 21 de mayo la Contraloría General de la República dictó más medidas cautelares y embargó las cuentas de Luis Alfredo Ramos, en calidad de gobernador de Antioquia, con asiento en la junta directiva de Hidroituango y de Aníbal Gaviria Correa, en su calidad de alcalde de Medellín para la época de los hechos. También ordenó embargo de cuentas a Jesús Arturo Aristizábal y Álvaro Julián Villegas Moreno, miembros de la Junta Directiva.
La Primera Línea de la resistencia en el cañón del Río Cauca sigue siendo ejemplar en la defensa del territorio y de quienes lo habitan.
También se protesta bailando en el muro de #Hidroituango#RiosVivosResiste
Nuestra venganza es la alegría pic.twitter.com/jvQPSytq2G— ISABELCRISTINAZULETA (@ISAZULETA) May 15, 2021
Fuente: Colombia Plural
