La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, presentó el informe sobre su visita a Honduras esta semana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, sumando su voz al llamado para una comisión independiente en la investigación del asesinato de Berta Cáceres. El informe incluye un anexo extenso sobre la lucha del pueblo Lenca de Río Blanco y recomienda que ‘se debe considerar seriamente revocar el contrato a favor de la empresa DESA.’
Francisco Javier Sánchez, Presidente del Consejo Indígena de Río Blanco y miembro del COPINH, agradeció el informe de la Relatora durante la presentación en Ginebra y resaltó la importancia de sus recomendaciones para el estado de Honduras y las instituciones financieras, especialmente en términos del Proyecto Agua Zarca y la responsabilidad de los bancos que lo financian. Como establece la Relatora, ‘los actos de violencia asociados con la realización del proyecto incluyendo los asesinatos de Berta Caceres, Tomas Garcia y otros dirigentes lencas, constituyen también delitos, y al respeto, el Estado, la empresa e instituciones financieras tienen responsabilidades bajo los estándares internacionales.’ (párrafo 54)
Francisco con la Relatora Victoria Tauli-Corpuz
El informe establece claramente las violaciones de derechos humanos e indígenas asociados con el proyecto Agua Zarca, en especial el hecho que nunca hubo consulta ni consentimiento previo, libre, e informado; al igual que la violencia, ataques, y asesinatos que ha sufrido el pueblo Lenca. El COPINH exige que el estado de Honduras respete los derechos indígenas y cancele de forma definitiva el Proyecto Agua Zarca. De igual manera, exigimos a los bancos que financian el proyecto – el FMO, Finnfund, y el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE – que se retiren inmediatamente y definitivamente del proyecto Agua Zarca. Ya basta con las justificaciones, excusas, y mentiras de DESA y los bancos. Es hora de cancelar los préstamos a este proyecto, que ha generado tanta muerte y sufrimiento.
Como dice el informe de la Relatora Especial:
‘Por otro lado, los bancos inversionistas en este caso deben ser conscientes de sus responsabilidades al haber tenido relaciones comerciales con una empresa implicada en actos que constituyen delitos y graves violaciones de derechos humanos. Aun antes del asesinato de Berta Cáceres se habían producido graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo amenazas, actos de agresión y muertes cometidas por agentes militares, personas vinculadas con la empresa o simpatizantes del proyecto. Es preocupante que, no obstante esta situación, los bancos inversionistas nunca vieron motivo para cuestionar el apoyo que brindaban al proyecto, pese a que, según el FMO, se habían realizado de manera continua estudios y viajes de debida diligencia y se contrataron consultores para averiguar los impactos del proyecto.
Lo anterior hacer surgir la pregunta: ¿qué valor se le dio a la seria de denuncias sobre los actos de violencia a través de los años contra miembros de COPINH y comunitarios de Río Blanco opuestos al proyecto? Otra cuestión que debió haber sido abordada es la serie de acciones penales contra funcionarios que aprobaron el proyecto. La Relatora Especial advierte que las declaraciones de DESA y de las instituciones financieras nunca hicieron referencia a estas acciones penales, a los diversos actos de violencia que han sufrido los opositores al proyecto desde su inicio…. ‘(párrafos 58-59)
‘Por otro lado, si una empresa o institución carece de influencia para prevenir o mitigar las consecuencias negativas de la otra entidad, debe considerar poner fin a la relación, teniendo en cuenta ‘la gravedad de las consecuencias sobre derechos humanos: cuanto más grave sea la violación, menos deberá tardar la [institución] en decidir si rompe la relación.’ (párrafo 60)
‘Dada la gravedad de las violaciones de derechos humanos y los delitos vinculados con el proyecto, cabría preguntarse sobre la responsabilidad compartida de FMO, Finnfund y BCIE por estos actos.’ (párrafo 61)
Finalmente resaltamos las recomendaciones de la Relatora para el estado de Honduras, incluso:
‘Teniendo en cuenta los actos de amenaza, hostigamiento y de violencia perpetrados durante años contra miembros de COPINH y de Río Blanco opuestos al proyecto Agua Zarca (pars XX-XXX), además de la imputación de por lo menos dos personas vinculadas con la empresa DESA por el asesinato de Berta Cáceres, y las violaciones relacionadas con la falta de consulta previa, se debe considerar seriamente revocar el contrato a favor de la empresa DESA, así como las licencias y otros permisos a favor del proyecto Agua Zarca.
Asimismo, se debe proceder a la desmilitarización de la región de Río Blanco y de la zona del proyecto mediante el retiro de las fuerzas militares, policiales, y de seguridad privada empleadas por la empresa.’ (párrafo 67-68)
El informe completo de la Relatora Especial está disponible aquí:
http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/images/docs/country/2016-honduras-a-hrc-33-42-add-2-sp.pdf
