Publicado por DarÃo Aranda, Rebelion.org, el 9 de enero del 2024
Movimientos campesinos y pueblos indÃgenas de todo el paÃs rechazan el megadecreto de Milei y el proyecto de ley ómnibus. Denuncian que, además de antidemocráticos, son herramientas para el avance del extractivismo y hacerse de los territorios ancestrales. El impacto en la producción de alimentos y en la soberanÃa alimentarÃa.
Movimientos campesinos y comunidades indÃgenas rechazan las medida del Gobierno –tanto el megadecreto como el proyecto de ley ómnibus– por atentar contra la producción de alimentos, debilitar la soberanÃa alimentaria y facilitar el avance del modelo extractivo sobre territorios comunitarios. La Confederación Mapuche denunció que el Presidente implementa «un autoritarismo represor, clasista, racista y organizado para una mayor explotación a manos de los grupos de poder económico». Llamados a la movilización y a la más amplia unidad para frenar la quita de derechos.
Doce organizaciones de La Plata, Berazategui y Florencia Varela, zona de producción hortÃcola por excelencia, emitieron un comunicado conjunto en repudio a las medidas del gobierno de Javier Milei. «Se trata de un ajuste brutal sobre campesinos, trabajadores, el pueblo; y una gigantesca entrega de la soberanÃa», denuncian la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), la Federación Rural, el Movimiento Nacional Campesino IndÃgena (MNCI-VÃa Campesina), Mujeres de la Tierra y la Asociación de Medieros (Asoma), entre otras.
Puntualizan que la devaluación, la desregulación del precio de los alquileres y el aumento de los combustibles, entre otros medidas, provocan una «profunda crisis» en el sector y, explican, afectará a toda la población por el consecuente aumento del precio de los alimentos.
La unión de doce organización, bajo el paraguas de la «Multisectorial Agraria La Plata», es también una muestra de la diversidad en la acción, incluso lo explicitan en el comunicado y hacen un llamado a otros espacios: «Hoy más que nunca es necesaria la más grande unidad para defender lo conquistado, seguir peleando por lo que falta y, al calor de la lucha, impedir los planes de esta derecha reaccionaria y ponerle freno a la represión».
Desde la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) declararon que las comunidades originarias de la provincia se declaran «bajo estado de amenaza ante una Presidencia que promueve odio racial y que busca privar de derechos al pueblo, conquistas que nadie nos regaló y que no vamos a regalarle a ningún gobierno por más protocolos represivos que muestren (en referencia a Patricia Bullrich)».
«Hemos vivido un sistema democrático débil, incompleto, desigual, que ha impedido que las naciones indÃgenas ocupen el lugar que nos corresponde. Pero con todas esas falencias que son reparables con la movilización popular, este sistema desaparece ante un autoritarismo represor, clasista, racista y organizado para una mayor explotación a manos de los grupos de poder económico concentrados», denunció la Confederación Mapuche.
Además expresó su rechazo al decretazo y al proyecto de ley ómnibus, llamaron a la defensa de los bienes comunes, los territorios indÃgenas y a la unidad del campo plurinacional y popular.
La Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) definió al megadecreto como una medida «autoritaria» y, junto con las medidas enviadas al congreso, las catalogaron como «un fuerte golpe a la producción de alimentos».
Conformada por la UTT, la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), el Movimiento Nacional Campesino IndÃgena Somos Tierra (MNCI-ST), Bases Federadas y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf), la Mesa Agroalimentaria está en las antÃpodas de la Mesa de Enlace y del sector empresario representado por Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa –en la actualidad con referentes en la SecretarÃa de Agricultura y del INTA–).
La Mesa Agroalimentaria denunció que cada punto del DNU beneficia a un grupo reducido de empresarios «que desde siempre hacen negocios a costa de la miseria del pueblo». Y destacaron que rechazan la mirada neoliberal del Gobierno que «deja todo en manos del mercado».
Todos los sectores campesinos e indÃgenas coinciden en que la derogación de la llamada «ley de tierras» (que limita la extranjerización) profundizará el extractivismo minero, petrolero, forestal y del agronegocio. Al mismo tiempo que implicará mayor concentración de tierras en pocas manos.
La Asociación Campesina del Abaucán (Acampa) de Catamarca es un espacio autónomo que impulsa desde hace más de dos década una emblemática feria de semillas criollas en el oeste provincial. Manuel Aguirre integra Acampa, es productor y comunicador en la radio comunitaria Horizontes (en Medanitos). «El Gobierno le da más libertad de acción a las grandes empresas y al mismo tiempo les da vÃa libre para que sigan contaminando y saqueando nuestros territorios, al mismo tiempo que dejan más pobre al pueblo», afirmó Aguirre.
Recordó que en la zona ya padecen a la minera china Liex Zijin con el proyecto de explotación de litio «Tres Quebradas», que no ha dado trabajo, ni desarrollo local y atenta contra el desarrollo turÃstico y agropecuario del lugar. Aguirre advirtió que los sectores populares «no se quedarán de brazos cruzados», que harán respetar sus derechos y forma de vida, y –desde la organización campesina– llamaron a organizarse y tener mayor articulación: «La única forma es unirnos y luchar todos juntos».
No a la minerÃa de litio
El Presidente, en una entrevista televisiva, dio a conocer el interés del multimillonario Elon Musk y de empresas de Estados Unidos por el litio de Argentina. Mariela Alancay, de la comunidad indÃgena de Aguas Blancas (en las Salinas Grandes de Jujuy, lugar codiciado por las mineras) le respondió: «Tiene que venir aquà y ver la realidad. Nosotros vivimos y trabajamos aquà por generaciones, tenemos el ganado y cuidamos la salinas. Tenemos derechos, son nuestros territorios y ya dijimos que no queremos minerÃa de litio».
Alancay integró el Tercer Malón de la Paz, que viajó desde Jujuy a la Capital Federal en reclamo contra la reforma constitucional y acampó frente la Corte Suprema (sin respuesta). Además del ArtÃculo 75 de la Constitución Nacional, la Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos IndÃgenas y el Convenio 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango supralegal), las comunidades originarias enarbolan el derecho de quien vive en el lugar. Mariela Alancay lo resume: «Nuestros ancestros nos dejaron esta naturaleza, estos territorios sanos y limpios para los que trabajemos. Nosotros cuidamos la Pachamama y se las dejamos a nuestros hijos y nietos. Por eso la defendemos y por eso decimos no al litio, sà al agua, sà a la vida».
Fuente: https://rebelion.org/la-unica-forma-es-unirnos-y-luchar-todos-juntos/