Se articulan organizaciones sociales y colectivas con la lucha social de las madres y padres por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
En la reunión provisional de la Asamblea Nacional Popular, doña Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, estudiante desaparecido en 2014, señaló que el gobierno «se ha burlado mucho de nosotras las madres y los padres. Nosotras vamos a seguir y no vamos a creer que nuestros hijos ya están muertos. Si no me dan pruebas de mi hijo cómo voy me voy a quedar con esa verdad… La verdad es que no hay verdad».
Las madres siempre se han preguntado dónde están sus hijos, qué pasó con ellos y a dónde los fueron a dejar. «Como madre sigo esperando a mi hijo, no pierdo la fe y la esperanza de que será lo último que voy a perder», dijo doña Blanca Nava.
Lo más que se ha podido hacer son búsquedas donde encontraron mil restos óseos de 4 a 5 centímetros. También se han realizado detenciones, con irregularidades. Las últimas detenciones han sido las de Jesús Murillo Karam, tres militares, entre los que está el coronel José Rodríguez Pérez. Sin embargo, sobre el paradero de los 43 estudiantes no se sabe nada.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres de los 43, hizo notar las preocupaciones de los últimos acontecimientos en el caso Ayotzinapa. Primero, las madres y padres ven que hay una demora injustificada en la ejecución de las 20 órdenes de aprehensión en contra de los militares, pero es el día en que no se han ejecutado. El pasado miércoles 14 de septiembre sólo se pudieron detener a tres militares sin saber las razones de qué ha pasado con el resto. Lo que sí vemos es que hay una dosificación en las órdenes de aprehensión.
Segundo, hay una «demora después del discurso del secretario de la defensa nacional en la detención de militares. El presidente de México les da la tribuna a las fuerzas armadas y desde ahí cuestionan a las madres y padres porque supuestamente están generando un conjunto de acciones con el fin de querer desprestigiar a una institución militar». Estas declaraciones son sumamente peligrosas.
Esta posición recia del secretario de la Sedena preocupa porque da un mensaje directo para que no se toquen 17 militares más que tienen orden de detención. Hay un temor justificado de que el ejército esté apretando la tuerca al ejecutivo. Después de que se ejecutaron algunas órdenes de aprehensión se dio el discurso del secretario donde dice que «hay intereses perversos de querer crear una desconfianza en las fuerzas armadas porque estamos diciendo que son asesinos, que infiltran de manera infundada los movimientos sociales y que deben responder por graves violaciones a los derechos humanos». En fin, el ejército quiere encubrir a 20 de sus elementos.
Tercero, «la comentocracia, quienes escriben para las oligarquías y un régimen militaristas, afirman que el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas y Omar Gómez Trejo, fiscal del caso Ayotzinapa, están creando acusaciones infundadas contra un pobre ejército que carga a México en sus espaldas», asevera Vidulfo Rosales.
Las madres y padres consideran que hay un ambiente enrarecido que trata de tejer una cortina de humo. Están minimizando las detenciones como el general que está en la cárcel por violar derechos humanos en México. Lo cierto es que no se están ejecutando las órdenes de aprehensión que el mismo gobierno las anunció. Además, los jueces están exonerando a personas responsables, y caciques en Guerrero tratan de dividir a los padres de familia.
Las organizaciones sociales se solidarizaron con las madres y padres, así como el apoyo a Vidulfo Rosales y se manifestaron contra los ataques mediáticos de la clase política y del ejército que se muestra indiferente al dolor de las madres, que, al contrario, busca ocultar la verdad.
Las madres y padres exigen cárcel para todos los militares, desde el soldado hasta los generales que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes. Al general Cienfuegos no se le está investigando, pues no fue ajeno a lo que estuvo ocurriendo. Es impensable que no supiera que la normal estaba siendo infiltrada y que tenían monitoreados a los jóvenes desde su salida hasta el arribo en Iguala el 26 de septiembre de 2014, y que sus elementos estaban participando de manera directa en la agresión. Por eso debe enfrentar la justicia.
Vidulfo Rosales habla en que «nos negamos mirar al México profundo y otro imaginario con sus contradicciones, lleno de exclusión, desigualdad y más 100 mil desaparecidos. Qué pasa con los desaparecidos. Nos encontramos una burbuja donde la juventud está en un ensueño por la narrativa de una ideología neoliberal. Así, el discurso del gobierno termina criminalizando la protesta social».
El debacle de la democracia en México se profundiza con una crisis de derechos humanos. Se pensó que todo cambiaría con el gobierno de la cuarta transformación. Sin embargo, las imágenes del terror, de la impunidad y la corrupción continúan. Se habla de libertad de expresión, pero se criminaliza la protesta aun cuando la lucha es por verdad y justicia.
Artículo publicado el 17 de septiembre de 2022 en Tlachinollan
