El 30 de junio de 2015 Emgesa procedió al llenado del vaso del embalse del Quimbo autorizado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- contra la advertencia por parte de la Contraloría de las fallas geotécnicas y sismicidad inducida, contra la Resolución 0759 del 26 de junio de 2015 que no se encontraba en firme y sin tener en cuenta el Estudio contratado por Emgesa, por solicitud de la ANLA, con el Grupo de Limnología Amazónica de la Universidad Nacional de Colombia coordinado por Santiago Duque, que había recomendado que “la biomasa debe ser retirada en su totalidad del vaso del embalse para minimizar los impactos ambientales adversos y evitar la degradación en la calidad del agua y el río Magdalena”.
La ANLA, autorizó el llenado sin el cumplimiento de las obligaciones económicas, sociales, ambientales y culturales establecidas en la Licencia Ambiental, entre ellas, la restitución de 5200 hectáreas en producción, los reasentamientos sin las condiciones establecidas, tales como la legalización de los Planes de Ordenamiento Territorial, con proyectos productivos con garantías de comercialización, distritos de riego, agua potable, los compromisos ambientales registrados por la CAM, la conservación del patrimonio arqueológico y el desacato de la Sentencia T-135 de la Corte Constitucional que ordenó un nuevo censo de afectados, entre otros.
El Gobierno de Santos, apoyado en un concepto de la ANLA según el cual Emgesa, había cumplido con la totalidad de las exigencias de la Licencia y había retirado el 99% de los residuos vegetales, decretó la generación de energía por encima de orden judicial que había impuesto medida cautelar de suspensión de la misma mientras se retiraba la biomasa del vaso del embalse, orden que tumbó la Corte Constitucional.
Paradójicamente y ante las evidencias y denuncias formuladas por Asoquimbo, la CAM y el Gobierno del Huila, en cabeza de Carlos Julio González, la ANLA reconoció que el llenado y posterior operación de la represa El Quimbo se realizó sin el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Licencia Ambiental y, en consecuencia, mediante Resolución No. 381 del 07 de abril de 2016, “impuso” a Emgesa una sanción pecuniaria de 2.503´258.650.oo. de pesos por “no haber adelantado las actividades de repicado, apilado y retiro de la madera y la biomasa producto del aprovechamiento forestal en el vaso del embalse”.
La medida posiblemente será impugnada por Emgesa debido a que la ANLA no solo autorizó el llenado del vaso del embalse sino que había afirmado que Emgesa había cumplido con todos los requisitos establecidos en la Licencia Ambiental, entre ellos, el retiro de la biomasa.
La Corporación Autónoma del Alto Magdalena declaró que “Ninguna sanción por ningún valor, puede compensar el daño ambiental causado al departamento del Huila por parte de la compañía Emgesa, al no retirar la biomasa para realizar el llenado de la represa de El Quimbo”. Pero desconoce que desde el 2012, Asoquimbo entregó un Informe a la Contraloría que la obligó a realizar un estudio sobre los graves impactos económicos, sociales, culturales, ambientales concluyendo que Emgesa, para esa época, ya había ocasionado daños que superaban los 352.000 millones de pesos.
Hoy esos daños no sólo son irreparables sino incuantificables, razón por la cual Asoquimbo se opuso radicalmente a la construcción de la obra. Además, se apoyó en el Informe titulado ¿ES “EL QUIMBO” TECNICAMENTE VIABLE? elaborado por el científico Kashyapa A. S. Yapa (Ph.D. en Ing. Civil – UC Berkeley) en el 2013 que en una de sus conclusiones señala que: “La mayor preocupación ambiental del proyecto El Quimbo es la falta de oxígeno y sus bajas temperaturas en el fondo del embalse que no solamente destruiría su vida acuática, sino también la del río abajo y en La CHB. Y el EIA desecha estas preocupaciones, aplicando dudosamente datos de un modelo, incapaz de modelar situaciones reales”. El estudio fue entregado oportunamente a la ANLA y a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.
María Lourdes Zimmermann y Alberto Castaño titulan en Semana Sostenible “Un desastre forestal llamado Quimbo” donde se denuncia que “los escándalos ambientales y sociales que han rodeado al proyecto del Quimbo están lejos de llegar a su fin. 3.000 hectáreas de bosque seco pueden haber sido taladas de manera ilegal al no haberse tomado en cuenta una veda sobre especies en el proceso de licenciamiento”.
La ANLA no sólo es responsable del ecocidio en el Quimbo, sino que actúa a favor de los intereses de las corporaciones transnacionales como se demuestra hoy con la expedición en la resolución 0286 del 18 de marzo de 2016 que autoriza la explotación en cerca de 150 puntos diferentes a la empresa Hupecol lo que a juicio de los habitantes de La Macarena se convertiría en un desastre ambiental de grandes magnitudes al denunciar que uno de los sitios que se vería afectado es el río Caño Cristales reconocido mundialmente por sus cinco colores. (Ver licencia)
La ANLA actuó en contra del Plan Integral de Manejo del Sector Río Losada– Caño Perdido, que mediante Resolución 585 del 30 de diciembre del 2015 prohibía las actividades petroleras en la zona que fue entregada para exploración a Hupecol.
El presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, aseguraron que la licencia de exploración se suspendió, sin embargo, las comunidades exigen a la ANLA la Derogatoria de la Resolución 0286 del 28 de marzo.
