Publicado por Santiago Bastos Amigo, Prensa Comunitaria, el 31 de octubre 2023
La actuación de los 48 Cantones y otras instituciones de autoridad comunitaria en los hechos que se están desplegando a lo largo de todo este mes de octubre es algo que ha llamado la atención. Pero no es algo nuevo en la política reciente de Guatemala: la presencia de este tipo de instituciones en la política nacional, como parte de la acción de los pueblos indígenas, es algo que viene ocurriendo desde los últimos 20 años, y ha llegado a su momento culminante -por ahora- con su centralidad en este octubre revolucionario.
La rearticulación de las comunidades tras la guerra
La guerra que vivió Guatemala en la segunda mitad del siglo pasado se centró en su última fase en las comunidades mayas del altiplano, que se convirtieron en el objeto de las políticas de tierra arrasada. Tras el fin del conflicto, la descampesinización, la migración, la creciente presencia del crimen organizado y la corrupción estatal, dificultaron la recuperación de la vida comunitaria. Pese a ello –o quizá por ello-, mientras se daba la política multicultural protagonizada por el llamado Movimiento Maya a través de actores de carácter nacional, en muchas comunidades empezó a darse una rearticulación de sus instituciones comunitarias.
Ya en el año 1987 se produjo un cambio importante dentro de los 48 Cantones de Totonicapán, que hizo que cambiara su composición interna y en buena parte, su forma de actuar respecto a la política nacional. Alrededor de 1995, la Alcaldía Indígena de Sololá se reorganizó alrededor de lo que luego sería el SUD -Sololatecos Unidos por el Desarrollo-, una propuesta de comité cívico para retomar el poder municipal.
Después de la firma de la paz, en muchos lugares se empezaron a retomar, reorganizar o recrear la figura concreta de las alcaldías indígenas, alrededor del resurgimiento del derecho comunitario y la espiritualidad maya y los especialistas locales en ambos aspectos. El caso quizá más conocido es el de la de Santa Cruz de Quiché, prácticamente inactiva desde la década de los 70 del siglo XX, que se reorganiza alrededor de la impartición de derecho maya. Procesos similares ocurren en otras municipalidades y comunidades del Altiplano, como Santa Catarina Ixtahuacán, Panajachel y Comalapa. Mientras que otras, como las potentes estructuras de poder local de las Alcaldías Indígenas de Chichicastenango y San Juan Sacatepéquez, no entran en estas dinámicas y siguen funcionando como lo han hecho siempre.
En todos estos casos se renueva el tipo de personas que nutren esa institucionalidad, entran actores nuevos que la jerarquía comunitaria más bien gerontocrática y patriarcal no admitía, como mujeres, juventud, con el tiempo los migrantes empiezan a ser también piezas fundamentales. Asimismo en muchos casos líderes locales y activistas se reintegran a sus comunidades después de la guerra.
Otro elemento fundamental de esta reconstitución es que estas autoridades empiezan a presentarse y actuar como representantes del Pueblo Maya, como los 48 Cantones, que se autodenominan como “las autoridades del pueblo K’iche’ de Chuimekená”. Más que una mera cuestión de nombres, esto representa una forma nueva de entender el papel de las autoridades comunitarias, ahora como parte de todo el proceso de reconstitución del Pueblo Maya y otros pueblos indígenas en Guatemala. El ejercicio de la autoridad comunitaria se entiende como parte de esa autonomía que se ejerce y a la que se tiene derecho.
Estos procesos de recreación de las instituciones comunitarias son muy diversos, y se les suman otras dinámicas que también ayudan a recomponer las tramas comunitarias. La reforma del Código Municipal, en 2003, cambia la figura del alcalde auxiliar por la de alcalde comunitario, haciéndolo más dependiente de la asamblea local. Los COCODES –Comités Comunitarios de Desarrollo- se crean con intención cooptadora, pero en muchos lugares también se convierten en parte de la esta institucionalidad comunitaria renovada.
La respuesta comunitaria al despojo
Cuando el extractivismo se implanta en Guatemala, a través de proyectos mineros, hidroeléctricos y de agroindustrias, se pone a prueba toda esta rearticulación comunitaria que se venía dando. Como ocurre en otros países, las defensas frente a estas amenazas se hacen desde una base comunitaria y territorial, y son estas autoridades rearticuladas quienes la llevan a cabo en algunos lugares. En otros, la defensa del territorio hace que se pongan en marcha procesos de renovación comunitaria.
Quizá la prueba más conocida y contundente de esto fueron las consultas comunitarias de buena fe que se empezaron a realizar, en 2005, en Sipacapa, San Marcos y se extendieron prácticamente por la mitad del país los siguientes años. Casi un millón de personas de unos 80 municipios con sus comunidades respondieron de forma rotunda que no querían actividades extractivas en sus territorios.
Lo impresionante de estas consultas fue que en los lugares donde se hicieron el consenso sobre el rechazo de las actividades extractivas fue casi absoluto. Esto se logró por las lógicas comunitarias con que se realizaron y porque su organización recayó, no sólo estas autoridades comunitarias reconocidas como tales, sino en toda la estructura comunitaria representada por maestros, comités promejoramiento, pastores evangélicos, catequistas y, en muchos lugares, los COCODES.
Este tipo de acción comunitaria se reforzó en aquellos lugares donde se instalaron actividades extractivas con tal impunidad y desprecio por la gente, que provocaron casi inmediatamente protesta y oposición. Normalmente son autoridades de base local y de legitimidad comunitaria quienes llevan la lucha. En el caso de Barillas, la Asociación de la Defensa de los Recursos Naturales integrada por los COCODES de las aldeas, que se sitúan alrededor del proyecto, y ellos actúan como representantes de sus comunidades. Las Doce Comunidades Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez, que estuvieron tantos años defendiéndose frente a la cementera de la familia Novela, estaban representadas y convocadas por los alcaldes comunitarios respaldados por sus asambleas, quienes de una forma autónoma respecto a la Alcaldía Indígena de San Juan, mantuvieron toda la lucha de defensa de su territorio. En Yich K’isis, San Mateo Ixtatán también son las autoridades comunitarias reunidas de la microrregión quienes llevan la lucha y funcionan siempre en relación a sus asambleas.
Estos procesos ponen en marcha dinámicas de coordinación territorial de diferentes niveles. Así surge el Consejo de Pueblo Maya (CPO), que pretende recoger y articular toda la experiencia surgida de las consultas comunitarias. También surgen espacios de carácter más regional, que en muchos casos se basan precisamente en su carácter comunitario. Ya no se articulan en nombre de un genérico Pueblo Maya, sino en el de cada una de lo que eran las comunidades lingüísticas ahora se autorrepresentan como pueblo y son la base de la coordinación. Así tenemos el Parlamento Xinka, las Autoridades Ixil, el Gobierno Ancestral Plurinacional Chuj, Akateko, Q’anjob’al y Popti’, el Consejo Mam. Se trata de una nueva forma de articulación desde las comunidades hacia arriba.
Los cambios en la movilización indígena de Guatemala
Todo esto supone un cambio en lo que era la política indígena de Guatemala que había estado ligada al proceso de paz alrededor de lo que llamábamos Movimiento Maya. Este había funcionado con a base actores de carácter nacional, formados o apoyados por actores comunitarios. Ahora son los actores comunitarios los que conforman o se mueven en coordinaciones regionales, dando un carácter de política territorial y actuando desde la comunidad hacia arriba. Los actores no son capaces de vincularse a esta acción comunitaria prácticamente desaparecen de la escena política, y los que son capaces de sumarse, como como el Comité de Unidad Campesina (CUC) y la Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, sobreviven.
En este contexto surge otro actor que también representa esta nueva fase: el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), una asociación de carácter regional que se convierte en un actor muy importante a nivel nacional por promover la movilización comunitaria en protesta por el costo de la energía.
Otro actor que surge en este contexto y se autorreconoce como tal, son las autoridades comunitarias o autoridades ancestrales. Además de su importancia en todas las acciones que estamos viendo, se aglutinan en la Asociación de Autoridades Ancestrales de Guatemala, donde hay una gama muy amplia de tipos de autoridad y de institución, desde más locales a las más regionales, civiles o espirituales. En ella encontramos desde los mencionados Parlamento Xinka, Gobierno Plurinacional y Autoridades Ixil, hasta una gama amplia de alcaldías indígenas y comunitarias de base local. Cualquier comunicado que leamos en estos días, muestra toda esa articulación de representantes y de actores de carácter comunitario y municipal.
Todo esto se hace evidente en el año 2015. El precedente más claro de la situación actual, no sólo por la movilización de la gente, sino porque la corrupción de las autoridades políticas se convierte en elemento central. En aquellas jornadas de agosto y septiembre, la movilización que se dio fuera de la capital fue tan fuerte, pero menos visibilizada, que la de la Plaza en la capital. Y cuando esas movilizaciones llegaron desde los territorios a la capital, ahí estuvieron las autoridades ancestrales indígenas, tomando un protagonismo y presencia política como representantes no excluyentes de los pueblos indígenas de Guatemala.
Todo este proceso representa la consolidación desde la base comunitaria de la lógica de autodeterminación y reconstitución como pueblos indígenas. Esta rearticulación de unas autoridades comunitarias que tienen una larga historia de continuidad y cambio, supone un reforzamiento de lo propio y de la actuación desde lo propio. Va acompañada de la apuesta por la idea de los pueblos como sujetos políticos autónomos y con saberes y conocimientos propios que se enfrentan a un Estado que cada vez es más claramente visto como racista y colonial. Por eso, de forma paralela, se acompaña con el reclamo por un Estado plurinacional.
La participación electoral indígena
Pero al mismo tiempo, este proceso de reconstitución hacia la autodeterminación va unido a una presencia y un interés cada vez más claro por la política electoral, la política institucional de un Estado guatemalteco que es reconocido cada vez como más corrupto, más ilegítimo y más colonial.
En 2015, el CPO había entrado a participar electoralmente aliado a Convergencia, una opción política de izquierda. A raíz de todo lo que ocurre ese año, CODECA decide formar el Movimiento por la Liberación de los Pueblos (MLP), planteando la necesidad de un proceso constituyente plurinacional popular como su eje de acción.
Así, para las elecciones de 2019, se amplía el espectro político en el cual se sentían representados lo maya y lo comunitario. Solía estar ligado a la URNG y a Winaq, y ahora además están CPO en su ligación con otros y el MLP, que alrededor de la figura de Thelma Cabrera consigue un honroso cuarto lugar, pero sobre todo una presencia y una legitimidad que asusta a las autoridades.
Para las elecciones de 2023, llama la atención la amplia presencia de actores indígenas en la política electoral. El mismo MLP se queda sin su binomio presidencial por efecto de la aplanadora judicial perversa del “Pacto de corruptos”, en una muestra del miedo que levantaban. A pesar de ello, echa toda la carne al asador con su propuesta de “Volcancito visto volcancito marcado”. Esta actitud, junto con todo el esfuerzo hecho por las demás opciones, muestra la paradoja o complementariedad que ha mencionado: de forma paralela al proceso de reconstitución desde lo comunitario, se viene dando esta voluntad de presencia en la política nacional como forma de resolver la situación colonial.
Como todos sabemos, el resultado de estas elecciones no ha sido el esperado. En el contexto de boicot sistemático y planificado a todas las opciones que puedan cuestionar al régimen, se dan unos resultados en que ni el MLP ni las otras opciones, ligadas a lo indígena, consiguen apenas presencia en el Congreso ni en las municipalidades. En cambio, quien recoge, primero de forma tímida y luego de una forma abrumadora los anhelos de cambio, es un partido que también surge de las movilizaciones de 2015, pero que es una opción que tiene muy poca ligazón con lo indígena a pesar de su voluntad de cambio y su carácter progresista.
La centralidad comunitaria en la revolución pacífica de octubre de 2023
Tenemos entonces en estos momentos a un sujeto político indígena que viene reconstituyéndose de forma cada vez más evidente a través de la figura de estas autoridades comunitarias y ancestrales. Y tenemos una política estatal en la que cada vez se hace más evidente que hay que participar para cambiar. Pero no se puede hacer a través de actores políticos formales o electorales propios. Lo que se hace, así interpreto yo este momento, es que la política comunitaria es la que toma ese papel de transformación estatal, la que se utiliza para empujar este cambio que se considera necesario.
Es impactante la apuesta que todos los actores indígenas de diferente carácter y ámbito hacen por las autoridades comunitarias, cómo aceptan casi borrarse del mapa de las movilizaciones para apoyar y sumarse a su iniciativa. Impacta mucho también, por la historia de este país, la aceptación que los actores no indígenas hacen del liderazgo de unas autoridades que no solo son indígenas, sino también comunitarias, representantes de esa parte de esta sociedad negada por tantos siglos.
Pero esta actuación de las autoridades comunitarias indígenas, en este octubre de 2023, y en todas las actividades que la precedieron desde junio, no es inesperado. Llevan 20 años, por lo menos, trabajando como un sujeto político que ya no solo es el representante de su comunidad frente al Estado, sino que además se considera parte de unos pueblos indígenas que van más allá de las comunidades y que tienen una serie de derechos que se ponen sobre la mesa: la autodeterminación, el territorio, el derecho a ser consultados….
Entonces, cuando el Estado guatemalteco entra en crisis y estalla un momento de contradicción, es esta forma comunitaria la que se pone en marcha para destrabar la situación. Se consolida así una forma de entender la participación que ya venía desde hace tiempo: participar en la política guatemalteca desde sus comunidades, como sujetos comunitarios, Cuando la participación electoral como guatemaltecos es burlada sistemáticamente esta se convierte en la salida que ellos proponen y la sociedad acepta.
La importancia de este carácter comunitario en la forma de autoconcebirse y actuar se muestra en el otro elemento que ha marcado el mes que ya llevamos de este Paro Nacional: la forma en que colectivos de todo el espacio guatemalteco han respondido y se han sumado al llamado de las Autoridades Ancestrales como tales comunidades. No es un paro de organizaciones ni de figuras, han sido grupos autoconvocados los que han paralizado el país cortando carreteras, llenando plazas y cruces, invitando a bailar y a compartir cada uno en su territorio, y desde ellos, estos días a la capital.
A estas alturas, cumpliendo un mes de Paro Nacional, no sabemos cómo va a terminar esto. La necedad de los corruptos se mide contra el aguante de la gente, las comunidades y sus autoridades. Pero sí podemos arriesgarnos a decir que estas jornadas de octubre de 2023 van a cambiar la política de Guatemala. Quizá no va a ser evidente hoy ni en unos años, pero lo que se haga a partir de ahora va a tener que tener en cuenta estos actores indígenas organizados desde sus comunidades.
Podemos decir que estas comunidades y sus autoridades están logrando algo que no se alcanzó con los acuerdos de paz ni con todo el multiculturalismo, y que se alcanza en un momento de crisis y de enfrentamiento: el reconocimiento de los pueblos indígenas de Guatemala como actores de primer nivel de este país.
Eso ya no se va a poder cambiar.
