El CEHPRODEC denuncia:
-La persecución de que están siendo objeto los líderes y lideresas de muchas comunidades indígenas y campesinas conque trabajamos, así como del hostigamiento y acciones sumarias en contra de las y los defensores de Derechos Humanos, especialmente las y los defensores de la Tierra, Territorios y demás Bienes Naturales.
-Abuso Policial y Militar contra las comunidades.
1. A partir de la situación de la llegada a Honduras de la Pandemia COVID 19, el gobierno de la República ha decretado un Estado de Excepción con lo cual han quedado restringidas a nivel nacional varias garantías constitucionales. Esta situación está siendo aprovechada por la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad del Estado para incrementar su autoritarismo y atentar contra las organizaciones comunitarias que buscan alternativas para protegerse de la pandemia, ante la ausencia de soluciones por parte de algunos gobiernos locales y la misma institucionalidad del Estado, encargada del combate a la pandemia.
2. En muchas comunidades del país son los miembros de la sociedad civil local, quienes han conformado equipos de vigilancia y control para evitar el ingreso de personas extrañas a sus comunidades, ante el peligro de contaminación se prohíbe el ingreso de personas a la comunidad. El problema se ha presentado cuando algunos miembros de la policía nacional o militares, quienes portando armas de fuego y vestimenta militar (aun no estando en horas de servicio), pretenden entrar a pernoctar a sus comunidades en sus días libres, intimidando y amenazando a los pobladores en los retenes comunitarios.
3. Todo lo anterior ha provocado altos niveles de confrontación elevándose el nivel de peligro por amenazas a muerte y /o detención arbitraria de lideres y lideresas, desencadenando conflictos que ya han ocasionado la muerte de ciudadanos en la zona norte del país y ataques a ciudadanos indefensos en el municipio de Santa Elena, La Paz.
– Riesgo de las defensoras y defensores de Derechos Humanos
4. Al no permitirse la circulación ni el desplazamiento de defensores y defensoras de derechos humanos a nivel nacional, y en algunos casos entre los municipios, organizaciones como CEHPRODEC, CONROA, MILPAH y otras Defensoras de Derechos Humanos no pueden ejercer la vigilancia y el respeto de los derechos fundamentales de los pobladores, y sus liderazgos, especialmente de aquellas personas que gozan de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Mecanismo de Protección Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
5. En este sentido hemos observado una profundización del autoritarismo policial, militar y de otros operadores de justicia, quienes se han enfocado en la búsqueda y persecución de lideres y lideresas perseguidos (as) desde hace varios años por su rol de defensores y defensoras de los bienes naturales. Para ello podrían estarse destinando arbitrariamente recursos humanos y económicos que deberían estar siendo utilizados para satisfacer demandas propias de la emergencia nacional provocada por la pandemia COVID 19 .
-División en las comunidades
6. La actual situación de pandemia reclama la unidad nacional, asi como la unidad de las comunidades, pero el autoritarismo desatado, especialmente desde los operadores de justicia y desde algunas corporaciones municipales, mas bien está contribuyendo a la división de las comunidades. Uno de los factores que mas favorecen esta división es la politización en la entrega de la ayuda alimentaria de procedencia estatal, la cual está siendo utilizada por el partido de gobierno para su clientelismo electoral y excluye sistemáticamente a la oposición social y política.
Por lo anterior DEMANDAMOS URGENTEMENTE
1. Al Gobierno de la República. Otorgar salvoconducto a CEHHPRODEC y las demás organizaciones de Derechos Humanos se permita poder operar y circular, en medio de la pandemia con las medidas de protección adecuadas, y así poder contribuir a la vigilancia y respeto de los derechos humanos en el país.
2. A la Corte Suprema de Justicia. Permitir el acceso de las y los Defensores de Derechos Humanos a los juzgados de la República para ser garantes de la correcta impartición de la justicia en un país que ha sido catalogado como uno de los más peligrosos para quienes defienden la tierra y los territorios.
3. A los operadores de justicia. Cesar en su represión a los liderazgos comunitarios que solamente buscan organizarse y protegerse frente a la Pandemia, en el marco de una permanente desprotección y orientación por parte de las municipalidades y la institucionalidad del Estado.
4. A la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Jueces, Fiscalía. El Cese de las arbitrariedades en contra de los liderazgos comunitarios y de las y los defensores de Derechos Humanos. Esta demanda es a nivel nacional pero lo hacemos con mucho mayor énfasis en los departamentos de La Paz, Comayagua, Yoro y Olancho.
5. Al Mecanismo Nacional de Protección y a la OACNUDH, garantizar la veeduría y protección de las y los defensores de Derechos Humanos en Honduras, especialmente a todos los que gozan de medidas cautelares de naturaleza nacional e internacional.
Tegucigalpa, 5 de mayo de 2020
Fuente y foto: www.ocmal.org
