La desistencia del congreso en adoptar la ley de amnistía para todos los crímenes cometidos durante la guerra civil en Guatemala es una victoria, pero aún frágil
Después de varios intentos durante varias semanas para aprobar una enmienda a la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala de 1996, el Congreso de Guatemala ha decidido no seguir con la votación de la reforma que concedería impunidad a criminales de guerra, al menos por el momento. Lxs sobrevivientes de genocidio y la sociedad civil protestaron rotundamente contra el proyecto de ley 5377, conocido como la Ley de Amnistía, que podría haber liberado a decenas de ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad y también haber interrumpido la investigación y el enjuiciamiento de casos abiertos.
La retirada de la Ley de Amnistía de la agenda del Congreso se debe a protestas públicas y acciones legales dirigidas por organizaciones de sobrevivientes. Lxs sobrevivientes de todo el país realizaron semanas de protestas contra la medida, mientras que las organizaciones de la sociedad civil anunciaron que presentarían recursos judiciales contra la ley y emprenderían acciones legales contra los miembros del Congreso que vinieran a aprobarla.
La crisis llegó a su clímax el 13 de marzo. El Congreso se preparó para aprobar la Ley y, en respuesta, lxs sobrevivientes y los grupos de derechos humanos realizaron protestas afuera del edificio del Congreso durante horas y exigieron que sus representantes no aprobaran la ley. Representantes de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR, por sus siglas en inglés) presentaron al Congreso una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 12 de marzo había ordenado al Estado de Guatemala que se abstuviera de seguir la Ley de Amnistía.
Si bien la Ley de Amnistía ha sido eliminada de la agenda del Congreso por el momento, la amenaza continúa. Los grupos de sobrevivientes que monitorean la situación solicitan el apoyo de la comunidad internacional para condenar la legislación. Como explica Violeta Elias Osorio, joven que integra la AJR: «Es importante que la comunidad internacional sepa acerca de la Ley de Amnistía porque nos afecta a los pueblos indígenas más que a nadie. En el pasado hubo muchas muertes y todavía ni siquiera sabemos dónde están todos los muertos. Esto demuestra que el estado no tiene la capacidad de apoyar a nuestras comunidades, y necesitamos el apoyo del derecho internacional para detener esta Ley de Amnistía «.
Para saber más: «La reforma de la Ley de Reconciliación Nacional, el precio a pagar: absolver a los culpables de crímenes de lesa humanidad”
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Fuente y foto: NISGUA – Netweork in Solidarity with the People of Guatemala
