Una fuga de documentos ha revelado que el gobierno de los Estados Unidos estableció una lista de nombres de personas que deberían estar sujetas a un control especial a la frontera. Diez periodistas, un abogado y otras 48 personas de organizaciones como “Border Angels” y “Pueblo sin Frontera” fueron calificadxs por los oficiales como organizadorxs o instigadorxs.
Las informaciones personales están reunidas en una base de datos secreta. Además, esas personas han sido objeto de búsquedas abusivas o sin orden judicial. Según una fuente anónima del Departamento de seguridad interior de los Estados Unidos: “Somos una agencia de investigaciones criminales, no una agencia de inteligencia. No podemos crear expedientes sobre personas, pero lo estamos haciendo. Es un abuso de la autoridad fronteriza.”
Esos esfuerzos de colecta de informaciones fueron perpetrados por la “Operation Secure Line”, designada para monitorear la caravana de migrantes. El documento se titula “Sector de las relaciones exteriores de San Diego: ejercicio 2019, sospechosos, organizadores, coordinadores, instigadores y prensa”. Los nombres en esta base de datos son de las personas presentes durante los episodios de violencia que estallaron en la frontera en noviembre de 2018.
Este documento es la prueba de que los estadounidenses están dispuestos a mantener el orden por medio de la persecución de defensorxs de los derechos humanos que trabajan con lxs solicitantes de asilo y que critican las prácticas de la agencia de “protección de aduanas y fronteriza” (CBP).
Para justificarse, el portavoz de la agencia declaró que “los actos criminales, como la entrada clandestina en los Estados Unidos, constituyen agresiones al mantenimiento del orden y un riesgo a la seguridad pública y por eso son frecuentemente monitoreados e investigados por las autoridades”.
Esha Bhandari, abogado, cualifica esto como violaciones graves de la primera enmienda (que protege, entre otros derechos, la libertad de expresión y de prensa). Según él, “el gobierno no puede usar el pretexto de la protección de la frontera para objetar activistas que critican sus políticas, o abogados que efectúan una representación legal, o periodistas que simplemente hacen su trabajo”. Mitra Elabolahi, también abogado, añade que durante años el gobierno de los Estados Unidos utilizó el pretexto de la “seguridad a la frontera” para no respetar los derechos constitucionales y abusar de su autoridad. Estos hechos destacan la urgente necesidad de una vigilancia y de una responsabilización de las agencias.
Mas fuentes:
Informe del Comité para la protección de periodistas (en inglés): https://cpj.org/reports/2018/
Foto: NBS 7 San Diego
