Tegucigalpa, Honduras. – La madrugada de este lunes se dictó sobreseimiento definitivo para los y la defensora del Río Guapinol, quienes permanecían bajo prisión preventiva desde el sábado 23 de febrero, tras la decisión del juez de jurisdicción nacional, Víctor Méndez.
Los y la defensora se presentaron voluntariamente para responder por las acusaciones de usurpación y daños -supuestamente- en perjuicio de una empresa minera en Ceibita, Tocoa, departamento de Colón, el viernes 22 de febrero. Hasta ese momento, el juez Carlos Irías de León, les informó de un segundo requerimiento, por lo que no podía dictar medidas sustitutivas a la prisión, y al ser recusado por la defensa, los ambientalistas fueron enviados en un camión policial a Tegucigalpa.
Este lunes se está a la espera que liberen de los centros penitenciarios a Lourdes Elizabeth Gómez Rodas, Marco Tulio Ramos, Reynaldo Domínguez Ramos, Juan Antonio López, José Eugenio Esquivel Villeda, Juventino Cruz Hernández, Ally Magdaleno Domínguez Ramos, Juan Manuel Cruz Hernández, Juan Francisco Cruz García, José Santos Hernández, Carlos Leonel George George y José Adalid Cedillo Mendoza.
Fueron cuatro días de Audiencia Inicial con más de 50 horas de litigio, según defensores y acompañantes que han permanecido atentos y atentas al proceso de criminalización por defender los bienes comunes de la Naturaleza.
Sin embargo, el grito de “No están Solos” permaneció desde el momento que los y la defensora fueron presentados ante el Juzgado de la ciudad de La Ceiba, Atlántida; en el Juzgado de Letras de lo Penal en el barrio La Granja en Comayagüela, donde se continuó la audiencia de presentación de imputado; y el Juzgado de Jurisdicción Nacional en la avenida La Paz, de Tegucigalpa, hasta recibir a eso de las dos de la mañana, la buena noticia.
El juez Víctor Méndez, quien había mostrado parcialidad con la parte acusadora, según declaraciones de abogados del equipo de defensa, Omar Menjívar y Edy Tábora, y a quien habían recusado en dos ocasiones, dictó sobreseimiento definitivo para los 12 líderes comunitarios de la comunidad de Guapinol en dos expedientes, uno del mes de octubre y el más reciente de enero donde se les acusaba por varios delitos.
Delitos sobreseídos:
1.Usurpacion
2.Daños
3.Detentacion de espacios públicos
4.Incendio agravado en perjuicio de la empresa minera
5.Incendio agravado en perjuicio de un empleado de la empresa
6.Robo
7.Privación injusta de la libertad
8.Asociación Ilícita
Una matriz que demuentra negligencia en la investigación
Como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue una matriz que señala a los integrantes de “La Banda de la Aldea de Guapinol”, la que fue desechada por el Juez ante la carencia de fundamentos, entre los integrantes del supuesto grupo criminal y por lo tanto requerido en el segundo expediente, aparecía la fotografía y nombre de Antonio Martínez Ramos, un octogenario que falleció en el 2015.
Hemos logrado con la propia prueba de la fiscalía se emita sobreseimiento definitivo, detalló el abogado Edy Tábora, porque esos delitos con los que se les acusaba no existieron, realmente hemos visto con preocupación la actuación arbitraria de la Fiscalía, afortunadamente hubo buena reacción de las comunidades a nivel nacional e internacional, así como la conformación de un excelente equipo de defensa e incidencia, lo que permitió la resolución judicial apegada a los derechos fundamentales, la Constitución de la República, el Código Procesal Penal y tratados internacionales.
En cuanto al accionar del Ministerio Público, el ex fiscal de derechos humanos aseveró que, basan sus requerimientos fiscales en el derecho penal del enemigo, consideran a las comunidades que están defendiendo los bienes comunes, como enemigo, y eso es preocupante porque alrededor de esta concepción del derecho penal construyen pruebas y eso ha pasado en muchos casos.
En esta ocasión se logró demostrar que las pruebas contra los y las defensoras son construidas, y los fiscales no tienen la mínima intención de apegarse a la legalidad, por lo que la sociedad hondureña debe exigir que este Ministerio Público que se convierte en instrumento de criminalización para las personas que defienden derechos fundamentales en Honduras, debe cambiar.
Este debe ser un caso paradigmático que permita desnudar lo que sucede en el Ministerio Público. Si bien, éste no el primer caso ni el último, tenemos pruebas de las decisiones arbitrarias de las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público, como la presentación de la supuesta estructura criminal, un documento que realizó un miembro de la Dirección Policial de Investigación (DPI), no hay ni la más mínima diligencia para investigar los hechos, esto refleja una investigación mal intencionada, construida para criminalizar a personas que están defendiendo el derecho al agua y a la vida.
El Fiscal General, Óscar Chinchilla, debe proceder de manera inmediata a investigar la conducta de fiscales abusivos que han procedido a tener varios días privados de libertad a compañeros y una compañera, y que son responsables penal, civil y administrativamente, declaró Tábora, mediante redes sociales como ser el sitio GuapinolDespierta.
Juana Esquivel, coordinadora de la Fundacion San Alonso Rodríguez (FSAR), expresó que si en algún momento dudaron fue por el sistema de justicia, no por la inocencia de ellos (compañeros y compañera), estamos muy contentas de que haya llegado la justicia y que ellos estén libres y puedan llegar a sus comunidades, municipio, casa, familia y nosotros también. Cabe señalar que Juan López es su compañero de organización.
Hemos visto la manifestación y presión de la lucha pacífica, que significa Guapinol, desde el canto, la oración, la resistencia, la música, la pintura, hemos visto como las comunidades desde ese clamor popular exige libertad para los compañeros, ante la acusación falsa contra ellos y ella.
El abogado defensor Carlo Jiménez, declaró que, con la evacuación de pruebas se pudo demostrarle al juez -Víctor Méndez- que no se cometió delito y que se basaron en las mismas pruebas presentadas por el Ministerio Público, entidad que no actuó como un representante del pueblo, sino de la sociedad mercantil como es este caso.
La fiscalía tenía documentos que podían probar la inocencia de los defensores y no las presentó -al contrario- manipuló e inventó medios de pruebas, que con sólo poner fotos y unirlas con líneas, decía que son una banda criminal, el caso llegó al punto que el fiscal, cuándo presentamos el acta de defunción de don Antonio, más bien se burló, arguyendo que no debían presentar esa prueba porque no tenían poder la víctima, detalló Jímenez, del Comité por La Libre Expresión (C-Libre) .
Por su parte el agente de la DPI asignado a Tocoa, que llegó a dar declaración, demostró que no investigan, sino lo que hacen lo que les encarga la policía, medios de prueba para incriminar a las personas, agregó.
Desde la Policía de Investigación pasando por el Ministerio Público, y en su gran mayoría los jueces, parece que son un solo bloque, un solo cuerpo que está trabajando como un solo equipo, que no tienen que contradecirse, sino “nosotros somos los buenos y tenemos que meter a los malos presos”, hay una denuncia y automáticamente la persona es el villano, y lo que hay que investigar es la forma de meterlo preso y no la verdad.
La en el caso de la matriz que pretendía incriminar a los defensores y defensoras de Guapinol, constituye falsificación de documentos públicos, y la fiscal al presentarlo en audiencia judicial pretendiendo hacerla valer, también es autora de falsificación de documentos públicos, según la ley penal hondureña, por lo que es lamentable que los operadores de justicia se encargan de operar la injusticia, consideran y tratan como enemigos a los opositores del sistema, valiéndose de los órganos del Estado que están más bien para proteger a las personas.
Cabe recordar que en algún momento el Juez Víctor Méndez, expresó que debía llamar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, pero hubo un momento en que el togado empezó a escuchar a la defensa -detalló el abogado Jímenez- por lo que la presión del pueblo, especialmente los que permanecían fuera del juzgado, las organizaciones defensoras de derechos humanos, observación internacional y la denuncia pública, fue fundamental para lograr con los argumentos legales, el sobreseimiento definitivo.
ste día, defensores y defensoras de derechos humanos, entre ellas la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva; la directora de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA); feministas y periodistas han estado pendientes de la liberación y salida de la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto” y el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), en el caso de Lourdes Gómez. Espera que se ha alargado este día, informó Banegas.
El último día de audiencia, los y la defensora del río Guapinol, no fueron trasladados al juzgado de Tegucigalpa, un recorrido de 32 kolómetros desde Támara, y a 500 kilómetros de distancia con respecto a Guapinol, por lo que, no presenciaron el resultado de cuatro días, donde finalmente se comprobó su inocencia y quedó demostrado que su lucha la basan en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, su hermana la tierra y su prójimo el río.
La resolución a favor de la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, específicamente del Parque Nacional “Carlos Escaleras”, en memoria del ambientalista asesinado, se dió en el cumpleaños 48 de la lideresa indígena lenca, Berta Cáceres, asesinada el 02 de marzo del 2016, cuando libraba la defensa del Río Gualcarque, en el occidente de Honduras.
Al cierre de esta nota, el comunicador social, César Obando, informó que hasta mañana martes, los y las compañeras saldrán de prisión.
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Foto: Sandro Rodríguez / defensores en linea
