Montreal, 17 de octubre de 2017
Señor Primer Ministro
La prensa escrita y electrónica canadiense ha dado cuenta de su reciente viaje a México [1]. Desde luego, nadie hoy en día podría oponerse a un acercamiento de los pueblos, aunque la simbólica visual y sonora de las visitas oficiales entre jefes de Estado, con sus sonrisas, apretones de manos y grandes declaraciones amistosas puede parecer de otra época. Por otra parte, que se acerquen economicamente los dos países en esta coyuntura en que autoritarismo e incoherencia se enseñorean de la política de Estados Unidos igualmente ha de ser saludable. Sin embargo una dimensión muy importante de las relaciones económicas entre Canadá y México merece serias reservas : se trata de las actividades que llevan a cabo empresas mineras canadienses en México.
En el Coloquio internacional sobre « Luchas autóctonas por el territorio : América latina y Quebec » que tuvo lugar en la Universidad de Quebec en Montreal los días 12 y 13 de octubre, testimonios de habitantes autóctonos de México y de otros países han revelado actuaciones inaceptables por parte de numerosas empresas mineras canadienses que violan impunemente los derechos de las personas y de las comunidades autóctonas, en contubernio con autoridades locales a las que corrompen y con el silencio cómplice del gobierno canadiense, el cual ha sido informado de estas actuaciones desde hace mucho tiempo.
En el municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Nororiental de Puebla,la empresa Almaden Minerals ha cavado cientos de pozos de exploración en total desacato de la ley mexicana que obliga a una « consulta previa, libre e informada » de la población autóctona, de acuerdo con la Convención 169 de la OIT, ratificada por México. Aunque se trata tan sólo de la fase exploratoria, estos pozos ya produjeron un grave deterioro en calidad y cantidad del agua que surte estas comunidades.
En busca de información sobre lo que les podía suceder en un futuro, los agricultores nahuas y mestizos de la región han descubierto que lo mismo pasaba en otras minas a cielo abierto que pertenecen a empresas canadienses, (como es el caso para 60% de las minas del país). En Carrizalillo y Nuevo Balsas, estado de Guerrero, así como en la Mina San Javier de San Luis Potosí, el agua se vuelve escasa y está contaminada, el polvo provoca graves irritaciones en los pueblos vecinos, crisis de astma y enfermedades de la piel, sobre todo entre los niños. Precisamente la desaparición de numerosos manantiales fue la que llevó a la comundad zapoteca de Calpulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca a mobilizarse y suspender, desde 2007, las actividades de la minera Continuum Resources, cuya sede está en Vancouver. A la devastación del entorno se suma la represión directa : el 27 de noviembre del 2009, Mariano Abarca Roblero, líder del movimiento de oposición a la mina Black Fire fue asesinado en Chicomuselo, Chiapas. Otro dirigente que se oponía a las mineras, Ismael Solorio Urrutia fue abatido, junto con su esposa Manuela Sólis Contreras, por oponerse a la instalación de la mina Cascabel, propiedad de Mag Silver, en Chihuahua[2].
El caso de la empresa New Gold-Minera San Javier, en San Luis Potosí ilustra a qué punto las empresas canadienses en México se burlan de las leyes del país que las acoge, en complicidad con las autoridades locales y con el Estado canadiense que actúan de común acuerdo. Así en 2009, el tribunal ordenó el cierre de la mina que operaba ilegalmente desde 2005. Fue cuando el embajador canadiense en México Guillermo Ryschinski, quien, como otros, confunde sus funciones diplomáticas con las de un lobbyista al servicio de las empresas mineras, desplegó el gran juego. Organizó con bombas y platillos la visita amistosa de la gobernadora general Michaëlle Jean mientras, en lo oscurito, un juez mexicano revocaba el cierre de la mina.
Usted, Sr. Primer Ministro, se encontraba entonces en la oposición liberal. Y cuando el militante Enrique Rivera, amenazado de muerte y exiliado en Canada , lo fue a visitar e informar de la situación en la mina San Javier, usted le contestó : »Aun si presentáramos proyectos de leyes contra este tipo de empresas, nada cambiaría. Hace falta un gobierno dispuesto a intervenir ! »[3]. Usted dirige el gobierno desde hace dos años y no interviene.
Los numerosos mexicanos que esperaban que las cosas cambiarían bajo su mandato están muy decepcionados : después de dos años en el poder, ud tiene exactamente la misma actitud que sus antecesores conservadores. Por eso los pueblos indígenas de México y de otros países piensan que será en sus propios territorios ancestrales donde ganarán la lucha. Para conservar estos territorios donde viven hace siglos, que les procuran su subsistencia y que ellos mantienen en su biodiversidad, están decididos a usar todos los medios legales a su alcance,. Así es como los campesinos de la comunidad de Tecoltemic han logrado una amparo en contra de Almaden Minerals… Esta, sin embargo seguía ampliando su zona de perforación de pozos. Los vecinos bloquearon entonces la ruta de acceso que la empresa utilizaba sin permiso.
A lo largo de este coloquio, comunidades autóctonas de Chile, de Ecuador, de Panamá, de Guatemala y de México dieron a oir su voz como sujetos directamente afectados por empresas mineras canadienses en el extranjero, en especial en América latina. Les sorprendió escuchar a los Cris de la nación de Wemindji que, en el propio Canadá, denunciaban que la compañía minera Goldcorp no respetaba su modo de vida y su derecho a la salud y envenenaba el medio ambiente. Otros Cris expresaron que, desde su punto de vista, si se respetaban los términos de su acuerdo de colaboración con Goldcorp, en la letra así como en el espíritu, se podría dar una relación fructífera para ambas partes.
¿Qué es lo que esperan los pueblos autóctonos del gobierno canadiense ? Que les dé los medios para denunciar en Canadá, donde estas empresas tienen su sede, las violaciones de sus derechos individuales y colectivos por estas transnacionales canadienses. Quieren obtener reparación justa por los daños causados. Y sobre todo quieren que el gobierno imponga a las compañías canadienses que actúan en el extranjero un código de conducta que las obligue a respetar el territorio, el modo de vida y las actividades económicas de los pueblos autóctonos. Hace años que se habla de la creación de un ombudsman independiente para el sector extractivo. El diputado John MacKay anunció el año pasado que se iba a instalar en marzo…y no pasó nada[4].
Por favor, no vaya a nombrar una comisión real para estudiar esta cuestión, que fuera a entregar su reporte justo al fin de su mandato ! Hay que actuar ahora !
Señor Primer Ministro, reciba nuestros saludos respetuosos
Pierre Beaucage, professeur émérite, Département d’anthropologie, Université de Montréal, membre du Groupe de recherche sur les espaces publics et les innovations démocratiques (GREPIP)
Colin Scott, professeur agrégé, directeur du Centre pour la conservation et le développement autochtone alternatif (CICADA), Université McGill
Daviken Studnicki-Gizbert, professeur agrégé, Département d’histoire, Université McGill
Marie-Ève Marleau, coordonnatrice du Comité pour les droits humains en Amérique latine, Montréal
Nancy Thede, spécialiste de l’Amérique latine, membre du Groupe de recherche sur les espaces publics et les innovations démocratiques (GREPIP)
Martin Hébert, professeur titulaire, Département d’anthropologie, Université Laval, Québec, membre du Centre interuniversitaire d’études et de recherche autochtone (CIÉRA)
Éric Léonard, chercheur, Institut de recherche pour le développement – IRD (France)
Jacques Galinier, professeur, Maison des Sciences de l’Homme, Paris
Paul Cliche, enseignant, Faculté d’éducation permanente, Université de Montréal
Pierre Trudel, chargé de cours à l’Université du Québec à Montréal et à l’Université de Montréal
Anahi Morales, professeure, Université Saint Paul, Ottawa.
Nuria Carton de Grammont, enseignante, Université Concordia.
Marie-Josée Massicotte, professeure agrégée, Université d’Ottawa
Viviane Weitzner, doctorante en anthropologie, CIESAS (Mexico)
Adriana Pozos, doctorante en Science politique, Université du Québec à Montréal, et membre du Groupe de recherche sur les espaces publics et les innovations démocratiques (GREPIP).
Marie-Dominik Langlois, doctorante en sociologie, Université d’Ottawa
Ximena Cuadra Montoya, doctorante en science politique, Université du Québec à Montréal
Marie Paradis, participante au colloque, Montréal
Amélie Nguyen, (Centre international de solidarité ouvrière), Montréal
Madeleine Desnoyers, participante au colloque, Montréal
Geneviève Lessard, Université d’Ottawa
Denis Langlois, Université d’Ottawa
Sophie Bissonnette, cinéaste, Montréal
Danièle Lacourse, cinéaste, Montréal
Gerardo Aiquel, ancien coordonnateur de la Coalition québécoise sur les impacts socio-environnementaux des transnationales en Amérique latine (QUISETAL)
Élizabeth Robinson, Département de santé publique (Québec) pour la Baie James
Molly Kane, coordonnatrice de l’Entraide missionnaire (Montréal)
Gérald McKenzie, Percé.
Marielle Pepin Lehalleur, anthropologue à la retraite (CNRS)
Lorraine Guay, infirmière retraitée, Montréal
Pierre Bonin, géographe à la retraite
Micheline Caron, Montréal
Claire Lapointe, Montréal
Maryse Pèlerin, Montréal
Denis Tougas, membre du comité consultatif d’Above Ground (Montréal)
CDHAL (Comité pour les droits humains en Amérique latine), Montréal
CISO (Centre international de solidarité ouvrière), Montréal
L’Entraide missionnaire, Montréal
MICLA (McGill Research Group on Mining in Latin America), Montréal
[1] Ver, entre otros, Stéphanie Lévitz, « Justin Trudeau au Mexique pour réaffirmer les liens politiques et commerciaux », Le Devoir, 13/10/2017.
[2] Victor M. Quintana S. : « Quieren reventar el Barzón » (doc. electr. consultado el 23/11/2012).
[3] Citación de Juan Carlos Ruíz Guadalajara « Justin Trudeau en México : frivolidad y decepción » La Jornada, 13/10/2017.
[4] Sarah Champagne : «Minières canadiennes à l’étranger. La création d’un poste d’ombudsman se fait toujours attendre » Le Devoir 10/10/2017.
