Los presidentes de 52 comunidades de Challhuahuacho, en el departamento de Apurimac, acordaron suspender el bloqueo comunitario que habían estado llevando a cabo durante dos meses, en un acuerdo para levantar el estado de emergencia vigente desde agosto de 2017 y para permitir la reapertura del corredor minero y el paso de los camiones hacia la minería de Las Bambas.
El levantamiento del estado de emergencia debe supuestamente establecer una mesa de diálogo entre las comunidades afectadas por el corredor minero, el Ministerio de Transporte y la compañía minera MMG. Las poblaciones afectadas por el corredor minero solicitan principalmente una compensación económica, así como formas de mejorar la carretera (asfalto, control de ruido) a través de la cual pasaron los camiones mineros.
Sin embargo, hay varios elementos que ponen en duda las verdaderas intenciones de los actores estatales y mineros y la validez del acuerdo firmado. De hecho, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, sostiene que aceptó suspender el bloqueo bajo presión por temor a ser detenido nuevamente. Además, los asesores legales de la comunidad, Jorge y Frank Chávez Sotelo, han estado detenidos desde el 21 de marzo sin ninguna esperanza de liberación.
Para entender la situación, es importante recordar los elementos clave que llevaron a la escalada de tensión entre la minería china y la comunidad.
Al inicio del proyecto, en 2011, la compañía minera Las Bambas pertenecía a la compañía suiza Xstrata, que planeaba transportar los minerales con un mineroducto a Espinal para ser tratados. Este plan fue aprobado como parte del estudio de impacto ambiental, un proceso que alentaba la participación ciudadana.
Sin embargo, con la venta de Las Bambas a la compañía china MMG en 2013, el mineroducto fue cambiado por una ruta terrestre para transportar los minerales, una modificación de gran importancia que no fue aprobada por la población afectada. Esta carretera, que ahora se utiliza exclusivamente como un corredor minero, está marcada por el paso de más de 300 camiones por día en una carretera de 482 km y pasa por más de 70 aldeas predominantemente indígenas. Entonces, no es sorprendente que estas idas y venidas causen una cantidad significativa de polvo y afecten las semillas de los agricultores.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, por lo tanto, ha reclasificado la carretera como una carretera nacional, deresponsibilizando a la empresa y poniendo el gobierno peruano responsable de mejorar el corredor minero. Sin embargo, no se ha hecho nada para cancelar o mitigar los efectos negativos del paso de los camiones.
Desde agosto de 2017, se había establecido un estado de emergencia y se aseguró la presencia de la policía y del ejército para permitir el paso de camiones, hasta que se produjo el bloqueo de la comunidad, lo cual fue levantado recientemente debido al acuerdo dudoso y a la mesa de diálogo que debe seguir.
La situación en la mina Las Bambas es un ejemplo flagrante de la primacía de los intereses de las compañías mineras sobre el bienestar y los derechos fundamentales de las comunidades afectadas. De hecho, la falta de transparencia por parte de la empresa y la falta de eficiencia de las autoridades estatales peruanas han llevado al deterioro de las condiciones sociales en las áreas de desarrollo minero y, como resultado, a conflicto que estamos presenciando hoy. Continuaremos monitoreando esta situación de cerca.
Fuentes:
http://cooperaccion.org.pe/las-bambas-gobierno-levanta-el-estado-de-emergencia-en-corredor-minero/
http://cooperaccion.org.pe/las-bambas-cronica-de-un-conflicto-anunciado-que-parece-no-tener-fin/
Para entender la situación:
https://gestion.pe/peru/bambas-5-hechos-entender-brevemente-conflicto-zona-nndc-262703
https://peru21.pe/politica/bambas-gregorio-rojas-senala-presionado-firmar-acuerdo-470619
http://www.cdhal.org/comunicado-de-rema-en-solidaridad-y-apoyo-a-los-compas-en-resistencia-contra-el-proyecto-las-bambas/ (comunicado publicado en noviembre de 2015 por el CDHAL)
