La industria minera es una de las más contaminantes, letales y destructivas del mundo. Sin embargo, hasta la fecha, las respuestas de las empresas mineras a la pandemia del COVID-19, han recibido poco escrutinio en comparación con otras industrias que están buscando beneficiarse de esta crisis.
Las organizaciones firmantes condenamos y rechazamos las formas en que la industria minera y algunos gobiernos se están aprovechando de la pandemia para fabricar falsas oportunidades y aceptación social para el sector minero, en el presente y en el futuro.
Estas acciones representan una amenaza clara y vigente para la salud y la seguridad de los trabajadores, y para las comunidades y organizaciones que han estado luchando durante décadas por defender la salud pública, contra la destrucción y la devastación de sus territorios por el extractivismo minero.
Sobre la base de un análisis colectivo desarrollado con comunidades afectadas, trabajadores y organizaciones de base, hemos identificado las siguientes tendencias que ilustran estas amenazas. Una revisión de más de 500 fuentes mediáticas, comunicados de prensa e informes sobre minería en el contexto del COVID-19 informa aún más estos hallazgos.
Uno: las compañías mineras han decidido ignorar las verdaderas amenazas de la pandemia y continúan operando, utilizando cualquier medio disponible.
Las empresas mineras y muchos gobiernos han presionado para clasificar a la minería como “un servicio esencial”, lo que permite que las operaciones continúen a pesar de los riesgos sustanciales que esto presenta. Al hacerlo, están poniendo en gran riesgo a comunidades, poblaciones rurales y urbanas, y a sus trabajadores. En muchos casos, las comunidades indígenas y rurales ya se encuentran en riesgo de ser afectados por el virus, especialmente las comunidades cuya salud se ha visto dañada por la contaminación generada por el extractivismo minero. Estas comunidades están luchando para poder protegerse de posibles brotes.
Dos: Los gobiernos de todo el mundo están tomando medidas extraordinarias para silenciar las protestas legítimas y a la vez promover los objetivos de la industria minera.
Los gobiernos han impuesto restricciones a la libertad de asociación y al movimiento de personas para salvaguardar la salud pública, sin ningún escrutinio público o supervisión ciudadana. Sin embargo, estas medidas severas y frecuentemente militarizadas afectan a la capacidad de los pueblos para defender sus territorios y sus vidas. Quienes defienden la tierra y el territorio tienen un mayor riesgo de violencia, convirtiéndose en blanco directo, y algunos siguen encarcelados injustamente, lo que plantea riesgos adicionales de posible contagio. Los gobiernos también han desplegado fuerzas estatales (militares y policiales) para reprimir a protestas legítimas y pacíficas, especialmente en los casos donde hay una oposición histórica contra las actividades de una empresa. Mientras tanto, se les permite a las empresas mineras seguir operando en estos mismos territorios. Estas y otras acciones benefician cínica e injustamente al sector minero.
Tres: Las empresas mineras están utilizando la pandemia como una oportunidad para encubrir sus historiales manchados de destrucción, para presentarse como salvadores públicos consecuentes.
En estos tiempos difíciles en que países enteros están luchando por obtener un mínimo de kits de prueba para Covid 19, las empresas mineras se han jactado en ofrecer a las comunidades y trabajadores afectados millones de kits de pruebas de origen privado. Esto no solo es un falso y débil intento de cubrir los impactos a largo plazo en salud pública regularmente causados por las actividades mineras, y la manera cruel de operar de muchas de estas mismas empresas, sino que representa un agravio al bien público en general y a los esfuerzos colectivos de muchos estados y comunidades para asegurar el acceso del público a las pruebas, dejando al descubierto las evidentes asimetrías entre las corporaciones multinacionales y los estados del Sur Global. En algunos casos, las empresas están regalando víveres directamente a pobladores, generando división social y socavando su resistencia pacífica, en un contexto en el que no se pueden movilizar por la pandemia.
Algunas empresas mineras han establecido fondos de asistencia o han realizado donaciones considerables a los ministerios estatales. Estas «donaciones» directas en efectivo no sólo están lejos de ser proporcionales a los impactos reales de sus actividades, sino que también representan un riesgo de corrupción, que se evidencia a medida que vemos a los gobiernos dispuestos a debilitar las medidas de emergencia, o a permitir el incumplimiento de las mismas, o a simplemente eximir a la industria de cumplirlas.
Cuatro: Las empresas mineras y los gobiernos están utilizando la crisis para promover cambios de regulación que favorezcan a la industria a costa de la vida de las personas y el planeta.
Mientras posicionan a la minería como actividad esencial en el presente y para la recuperación económica global posterior al COVID-19, las empresas mineras siguen presionando contra medidas ya limitadas, que existen para abordar los impactos sociales, culturales, ambientales y económicos de sus actividades. Impactos que ya afectan a las comunidades, pero por los cuales las empresas no son responsabilizadas o llamadas a rendir cuentas. Esto se está haciendo tanto explícitamente, al suspender la poca supervisión y vigilancia ambiental que había para la industria, o implícitamente, al hacer más difícil que las comunidades afectadas obtengan información e intervengan en el otorgamiento de permisos. Distintos gobiernos han dado profundas concesiones a la industria minera, y las empresas ahora están presionando a los gobiernos para que esa desregulación sea permanente.
Al mismo tiempo, las empresas utilizan cada vez más mecanismos supranacionales de solución de disputas Inversor-Estado (ISDS), integrados en miles de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, para demandar a los gobiernos, especialmente en el Sur Global. Las empresas siguen haciendo o amenazando con demandas judiciales de cientos de millones o incluso billones de dólares, por decisiones tomadas por gobiernos, por tribunales e incluso por organismos de derechos humanos, socavando así la soberanía nacional al tomar decisiones para proteger la salud pública y atacando la autodeterminación de quienes luchan por proteger su bienestar ante los proyectos extractivistas. Donde hay información disponible, los reclamos vigentes y conocidos llevados a cabo por el sector minero se suman a más de US $ 45.5 mil millones de dólares aunque es probable que el total actual sea mucho más alto. Se temen nuevas amenazas en respuesta a las medidas tomadas durante la pandemia.
Condenamos estas respuestas a la pandemia del COVID-19 como actos de agresión que exacerban las amenazas y riesgos que afectan a las comunidades, los pueblos indígenas, los defensores de la tierra y los trabajadores mineros que se enfrentan a esto a diario.
Rechazamos la afirmación central que la minería representa un servicio esencial, ni ahora ni para el periodo de recuperación económica. En el contexto de una crisis mundial de salud, económica, ecológica y climática, afirmamos que las comunidades saludables, los pueblos indígenas, los trabajadores y los movimientos sociales son esenciales, no las depredadoras corporaciones mineras.
Hacemos un llamado a los gobiernos nacionales para que respeten y apoyen los procesos autónomos de organización y autodeterminación de las comunidades afectadas por la minería y los pueblos indígenas. Informados por su conocimiento ancestral y tradiciones, sus esfuerzos son de vital importancia para proteger la salud de sus comunidades y del medio ambiente, y para garantizar la soberanía alimentaria de las poblaciones rurales y urbanas a través de la producción agrícola a pequeña escala y otras actividades relacionadas. La «reactivación» económica no debe promover más minería, sino que, en cambio, debe reconocer y reforzar las iniciativas comunitarias.
Hacemos un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que presten mucha atención y condenen activamente las violaciones de los derechos humanos cometidas por los gobiernos y las empresas mineras durante la pandemia y el período de recuperación que sigue.
Nos solidarizamos con las comunidades de primera línea, los pueblos indígenas y los trabajadores más afectados por la crisis del COVID-19 y las respuestas de la industria minera. Y pedimos a todas y todos apoyarles en sus vitales campañas por la justicia.
Firman
Organizaciones
Organisations
Earthworks, États-Unis
Institute for Policy Studies, États-Unis
London Mining Network, Royaume-Uni
Mining Watch Canada
Research and Degrowth (RnD)
Terra Justa
War on Want, Royaume-Uni
Yes to Life No to Mining, Global
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)
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Foto: sitio web del M4
