Las empresas canadienses que operan en el extranjero tienen un largo historial de violación de derechos humanos. En 2019, se creó la oficina de Defensoría del Pueblo en Canadá para investigar denuncias. Sin embargo, la pregunta es: ¿Ese mecanismo puede realmente ayudar a las comunidades a obtener justicia por los daños causados por empresas y proyectos canadienses?
Desde hace mucho tiempo, empresas canadienses han sido acusadas de cometer graves violaciones de derechos humanos en el extranjero. A pesar de la movilización de las comunidades afectadas, la impunidad es la regla.
Frente a la presión de la sociedad civil, el gobierno de Canadá creó en 2019 la oficina de la Defensoría para la responsabilidad empresarial, con la intención de recibir e investigar denuncias sobre la actuación de esas empresas.
El Comité por los derechos humanos, CDHAL, conversó con Emily Dwyer, la coordinadora de la red Canadiense para la rendición de cuentas de las empresas canadienses. Ella nos explica por qué la Defensoría del Pueblo no es un mecanismo adecuado.
Las organizaciones sociales y los sindicatos canadienses están preocupados porque la oficina canadiense de la defensoría del pueblo próximamente abrirá sus puertas para recibir quejas de comunidades afectadas por proyectos o empresas canadienses. Pero la oficina no tiene los poderes mínimos para ser un mecanismo adecuado para recibir e investigar estas quejas.
Emily, qué dirías a las comunidades que piensan presentar denuncias ante la Defensoría?
La oficina no es lo que el gobierno de Canadá prometió crear ni lo que la sociedad civil canadiense y sus contrapartes mundiales pidieron. La oficina actual falta de autoridad y depende enteramente de la voluntad de las empresas acusadas de violaciones para proporcionar información necesaria para confirmar los hechos. Además, la defensoría no es independiente del gobierno de Canadá ni de las empresas.
Cuáles son los riesgos para las comunidades?
Primero, no está claro si la información sensible que las comunidades afectadas pudieran proporcionar se mantendrá alejada de las manos de gobiernos o empresas objeto de evaluación. Segundo, debido a la falta de poderes de investigación, la defensoría podría llegar a conclusiones o redactar informes inexactos y podría dañar los intereses de la comunidad afectada.
Es importante resaltar que Canadá cuenta con otros mecanismos similares que hasta el día de hoy no mejoraron la situación de las comunidades afectadas. Al contrario, muchas veces, tras años invirtiendo recursos y tiempo en los procesos de denuncia, las violaciones siguieron e incluso hubo represalias.
Las organizaciones y sindicatos de Canadá continuarán de velar e incidir en la transformación de la defensoría en una oficina con los poderes necesarios para reclamar justicia. Pero, por el momento, avisamos que prosiga con cautela.
Desde Canadá, reporta Jéssica Ramos, del Comité por los derechos humanos en América Latina, CDHAL.
Escuche la versión audio de esta noticia aquí.
Foto : http://cnca-rcrce.ca/?lang=fr/
