A la Corte Suprema de Justicia del Perú
Al Gobierno Peruano
A las empresas mineras
Los abajo firmantes, organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, nos dirigimos a ustedes en solidaridad con las comunidades Aymaras del Sur del Perú, que se organizan para defender sus bienes naturales, su territorio, su agua y la salud de su población frente a los diferentes proyectos mineros asentados en la región.
En particular vemos con mucha preocupación las tendencias que apuntan a exacerbar la criminalización de la protesta social mediante la instauración abusiva de procesos judiciales en contra de líderes de organizaciones sociales y de comunidades, a través del uso desnaturalizado de figuras penales (como la extorsión y autoría mediata) que tienen graves impactos en los DDHH, la libertad de expresión y la movilización social, debido a que en la práctica equiparan a las organizaciones sociales con entes criminales creados para delinquir y a sus portavoces como instigadores al delito.
Los hechos:
Nos referimos específicamente a los juicios derivados del conflicto socio-ambiental conocido como el “Aymarazo” del año 2011, cuando las comunidades del departamento de Puno se movilizaron en contra del proyecto minero Santa Ana, de propiedad de la empresa canadiense Bear Creek. La protesta exigía la cancelación del proyecto por los riesgos de contaminación de las fuentes de agua (incluyendo el Lago Titicaca que comparten Perú y Bolivia), la falta de consulta a las comunidades, la ilegalidad del proyecto y la falta de transparencia y mala fe de la empresa con las comunidades. La protesta desembocó en una dura represión por parte del estado y en la cancelación del proyecto. Sin embargo, la Fiscalía de Puno inició procesos penales a los principales dirigentes, que derivó en la condena de Walter Aduviri, principal portavoz – sentenciado a 7 años de prisión y a pagar una multa de 2 millones de soles (aprox. 600mil dólares y 2,500 salarios mínimos vitales en Perú).
En diciembre de 2017 los tribunales en Puno ratificaron esta sentencia y ordenaron la detención de Aduviri, quien al conocer el fallo se declaró en la clandestinidad. Su defensa presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para anular la sentencia, que fue aceptada en enero 2018 y que ahora está siendo revisada.
Consideramos que, si la sentencia es ratificada por la Corte Suprema, se estarían sentando duros precedentes en contra de la defensa de los DDHH y del territorio en Perú, debido a que Aduviri es acusado de ser “autor mediato” del supuesto delito de “disturbios” durante el Aymarazo, es decir, de instigar a terceros a cometerlos. Esto podría derivar en la persecución de más líderes que podrían ser considerados “autores mediatos” de supuestos delitos cometidos en conflictos similares, sin pruebas, y sólo por el hecho de ser portavoz de una organización o comunidad.Además, durante el proceso, y en una actitud profundamente racista, Aduviri fue despojado de sus derechos indígenas como miembro del pueblo Aymara – derecho al territorio, a la consulta, identidad, autonomía, etc.-, debido a que, a criterio de los jueces, posee estudios superiores. Es por eso que sus derechos indígenas no fueron tomados en cuenta en el juicio.
Por todo ellos los abajo firmantes:
Exhortamos a los Jueces de la Corte Suprema de Justicia del Perú a resolver el caso de Walter Aduviri teniendo en cuenta los estándares internacionales de los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en tratados internacionales vinculantes para el Estado peruano, como es el Convenio 169 de la OIT, al igual que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con ese sustento legal y legítimo consideramos que en definitiva debe anularse la sentencia en contra de Walter Aduviri, quien no hizo más que exigir la protección de de los derechos del pueblo Aymara;
Repudiamos con firmeza el uso arbitrario de figuras penales como el de “autoría mediata” (usadas en contra del ex presidente Alberto Fujimori y del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán por violaciones a los DDHH) para judicializar la defensa del territorio y perseguir a miembros de organizaciones sociales y comunidades. Consideramos que es de vital importancia que el Estado respete la decisión del pueblo de rechazar cualquier proyecto minero en su territorio, en legítima defensa de sus derechos, sin que por ello sean sujetos de persecución y estigmatización;
Exigimos a la empresa Bear Creek Mining Corporation y a las empresas mineras que se encuentran principalmente en el Sur del Perú a respetar los derechos y decisiones de las comunidades, en relación al proyecto Santa Ana y a cualquier otro proyecto minero en todo el país. La sociedad civil internacional organizada estará vigilando estos casos, siempre en compromiso con los pueblos afectados y sus derechos.
Consideramos que el caso de Walter Aduviri no es un caso aislado. Es parte de una política pro-minera en Perú, a la que se suman las constantes declaratorias de estados de emergencia en las zonas mineras, la suspensión de los derechos constitucionales de la población, la represión policial y la criminalización y estigmatización generalizada de las organizaciones sociales y comunidades. Al igual que en Perú, a lo largo del continente las multinacionales recorren los territorios con el único objetivo de extraer los recursos, dejando comunidades y ecosistemas destruidos. Cuando existe resistencia, el estado reprime, encarcela y hasta crea las condiciones para el asesinato impune de defensoras y defensores del territorio.
Las empresas también recurren a tribunales internacionales para demandar a los países compensaciones cuando sienten que sus inversiones han sido afectadas de cualquier forma. Después del Aymarazo, Bear Creek demandó al Perú en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial – que le ordenó pagar a la empresa la suma de 18,2 millones de dólares, que sumados a los intereses y costos legales de la demanda asciende a 37 millones.
Todos estos hechos demuestran una vez más y con mayor fuerza la necesidad de movilizarnos globalmente para presionar a los estados a que respeten y hagan respetar los DDHH y el territorio, además de la urgencia de generar un marco legal internacional vinculante para que las empresas transnacionales rindan cuentas por sus acciones alrededor del mundo y se termine la impunidad que las protege.
Fuente: Movimiento M4
FIRMA DE AUTORIDADES COMUNALES Y ORGANIZACIONES DE PUNO
1. Victor Yto Coari – Presidente Comunidad Ccampesina Sucasco_ Coata
2. Eloy peralta chambi – Presidente Comunidad Campesina San Antonio de Esquerica_ Huancane
3. Patricio Payohuanca Utazú – Presidente Comunidad Ccampesina Jatucachi_ Pichacani
4. Felix Suasaca Suasaca – Presidente Frente de Defensa en Contra de la Contaminación del rio Coata
5. Amanda Huayta Mamani – Alcaldesa M.C.P. Ccapuna Sandia
6. Raul Ca,mapana Hancco – Presidente Comunidad Ccampesina Cachuyo_ Orurillo
7. Juan Sanca Mamani – Presidente Comunidad Potoni
8. Pablo Anco Flores – Teniente Gobernador de la Comunidad Qorihuara.
9. Rolando Toro Mamani – Teniente Gobernador de la Comunidad Jirigachi.
10. Celso Belizario Quispe – M.V.Z. Veterinario Del Perú
11. Patricio Illacutipa Illacutipa – Presidente del Frente de Defensa Recursos de la Región de Puno
12. Roberto Ccori Ttacca – Presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales y Medio Ambiente del Distrito de Nuñoa – Melgar
13. Salvador Sanchez Quispe – Presidente del Centro Poblado de Larimayo Antauta
14. Aurelio Muna Pacheco – Presidente de la Unica Rondas Campesinas Ayaviri Melgar
15. Mario Raúl A. – Presidente de JASS
16. Timoteo Vlica M. – Presidente de la Comunidad Ucupisaj Pujio
17. Permigio Catacora Huaraya – Presidente de la Comunidad Campesina Pampahui
18. Javier Eli Sandoval Calderón – Secretario de Tenientes del Centro Poblado de Santa Cruz de Cajnajo
AMÉRICA LATINA
19. Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA, Perú
20. RED MUQUI – Perú
21. Red Muqui Sur – Perú
22. Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF, Perú
23. Instituto de Estudios de las Culturas Andinas – IDECA, Perú
24. Centro para la Democracia, Bolivia
25. Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4
26. Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP
27. CEDAL- Centro de Derechos y Desarrollo, Perú
28. Asamblea Argentina mejor sin TLC, Argentina
29. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM), Ecuador
30. Colectivo Voces Ecológicas COVEC, Panamá
31. Grupo de Pesquisa e Extensão Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade (PoEMAS) – Brasil
32. Tlachinollan Human Rights Center – Guerrero, México
33. Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Colombia
34. Red de Comités Ambientales del Tolima-Colombia
35. La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental – LAVIDA , Mexico
36. Centre Oecuménique des Droits Humains (CEDH)/Haiti
37. Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo», Colombia
38. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU
39. Asociación Marianista de Acción Social – AMAS – Otusco, Perú
40. Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático
41. Instituto Natura, Perú
42. Instituto de Salud MSC «Cristóforis Denéke» – ISDEN
43. Circulo de Estudios Críticos del Derecho, México
44. Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, UNAM, México
45. Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina
46. México: Bia´lii, Asesoría e Investigación, A.C.
47. Grupo Tacuba – México.
48. Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) – Internacional
49. ATTAC – ARGENTINA
50. Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos
51. Instituto EQUIT – Gênero, Economia e Cidadania Global, Brasil
52. Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, México
53. Otros Mundos/Chiapas, México
54. El Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC), México
55. Bios Iguana A.C., México
56. Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan A.C./ México.
57. Comunidad de Juristas Akubadaura, juristas indígenas de Colombia.
58. Asociacion de Maestros de Educación Rural de Guatemala
59. Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO). San Luis Potosí, México.
ÁFRICA, ASIA, OCEANÍA
60. Justiça Ambiental / Friends of the Earth Mozambique
61. Zambia Chalimbana River Headwaters Conservation Trust
62. Equitable Cambodia
63. Maritime Union Of Australia VIC Branch, Australia
64. Union Aid Abroad-APHEDA, Australia
65. Australian Fair Trade and Investment Network
66. Fortify Health, India
67. International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation (IPMSDL), Filipinas
68. Pacific Asia Resource Center (PARC)
69. Friends of the Earth Japan
70. PASA, Australia
CANADÁ
71. Mining Watch Canada
72. Council of Canadians
73. Common Frontiers
74. The Mining Justice Action Committee (MJAC), Canada
75. Canadian Unitarians for Social Justice, Canada
76. COPH in Québec/Canada
77. Alternatives North/Canada
78. Project of Heart, Canada
79. Canada/Sustainable Northern Nova Scotia
80. Mining Injustice Solidarity Network
81. Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL), Montréal, Canada
82. Centro de investigación en educación y formación en medio ambiente y ecociudadanía, Université du Québec à Montréal, Canadá
83. Sustainable Northern Nova Scotia – SUNNS
84. Atlantic Regional Solidarity Network, ARSN
85. Building Bridges Human Rights Vancouver
86. SOAR Canada
ESTADOS UNIDOS
87. Institute for Policy Studies (IPS) – Global Economy Project, Washington DC.
88. Maryknoll Office for Global Concerns (United States and International)
89. Sisters of Mercy of the Americas’ Institute Justice Team
90. Committee in Solidarity with the People of El Salvador, CISPES (National organization from the U.S.)
91. Texas Campaign for the Environment USA
92. Communities United for People, EEUU
93. Earthworks USA
94. US-El Salvador Sister Cities
95. Madison Arcatao Sister City Project
96. Washington Ethical Society/Global Connections. USA
97. Presbyterian Church (USA)
98. Holy Cross International Justice Office/US and International
EUROPA
99. Transnational Institute (TNI), The Netherlands
100. Corporate Europe Observatory, Bruselas-Bélgica
101. Latin America Solidarity Centre – LASC, Irlanda
102. Global Justice Now, UK
103. Friends of the Earth Ireland
104. Amis de la Terre France / Amigos de la Tierra Francia
105. ONG Africando, Gran Canaria – España
106. Justicia i Pau Barcelona
107. Source International
108. CATAPA vzw, Bélgica
109. Save our Sperrins, Irlanda del Norte
110. Pax Christi International, Bruselas
111. The Gaia Foundation, UK
112. Commission Justice et Paix Belgique
113. Asociación para los pueblos Amenazados, Suiza
114. Middlesex University London, UK
115. The Grail Global Justice and Trade Agreements Network
116. Organizacion Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Proteccion de los Defensores de Derechos Humanos
117. Salva la Selva, España
118. Asociación ambiental Petón do Lobo, España
119. Asociación galega Cova Crea
120. Public Services International
121. Amigos de la Tierra Irlanda del Norte
122. Anti Fracking International (UK)
123. Fracking Free Clare, Ireland
124. Comhlamh – Action for Global Justice, Irlanda
125. Unión Universal Desarrollo Solidario, España
126. Solifonds, Suiza
127. Othernews, Rome Italy
128. SOLdePaz.Pachakuti, Asturias
129. International Association of People’s Lawyers
130. Grupo de Información sobre América Latina (IGLA), Austria
131. Both ENDS the Netherlands
