El día miércoles 17 de diciembre de 2014 informó la Dra Mirtha Vásquez desde la algarabía de la puerta principal de la Corte Superior de Cajamarca que Maxima Acuña de Chaupe, a su esposo, su hija Ysidora y su yerno había sido absuelta de TODOS LOS CARGOS interpuestos por la poderosa empresa minera Yanacocha, de apropiación ilícita de terrenos, y por ese motivo ella va a poder regresar a su predio para seguir siendo posesionaria. ¡No la pueden desalojar!
Tras un largo proceso que ha durado más de tres años, el juez resolvió declarar fundado el recurso de apelación frente a la anterior sentencia que les condenaba a dos años y ocho meses de prisión, y al pago de una multa de 5.500 soles
Sin embargo la empresa minera Yanacocha ha presentado un recurso de casación que implica una revisión de la interpretación de los jueces sobre las normas que han permitido el fallo. Lo más probable es que lo declaren improcedente.
Celebremos que en el Perú ¡se ha hecho justicia!
Un largo conflicto
En 1994 la familia Chaupe Acuña adquirió 18 hectáreas de tierras frente a la Laguna Azul, tal y como indica el certificado de posesión otorgado por la comunidad campesina de Sorochuco. Dos años después, la empresa compró a la comunidad 270 hectáreas cercanas al terreno de los Chaupe Acuña, argumentando que dentro de éstas se encuentra el terreno en litigio. Fue el 24 de mayo de 2011, con la llegada de la minera a la zona, cuando comenzó la odisea de la familia por mantener bajo su propiedad la parcela denominada “Tragadero Grande”. Ese día la empresa se presentó con maquinaria y policías, destruyeron su vivienda e intentaron desalojarlos.Tras este intento, la minera regresó en varias ocasiones con el fin de desalojarlos y se produjeron agresiones por parte de la Policía Nacional de Perú hacia los miembros de la familia, que nunca abandonaron su terreno.
En el año 2011 se presentó la primera denuncia de la empresa alegando la usurpación de tierras. Tras varias apelaciones, en agosto de 2014 el juzgado dictó una nueva sentencia en contra de la familia, que ahora queda anulada. De esta forma, la familia queda absuelta y de momento no podrá ser expulsada de sus parcelas. “Me quedaré en mis tierras pues ya no temo el desalojo con el que Yanacocha me amenazaba cada día”, afirmaba Máxima Acuña entre lágrimas de alegría a la salida del juzgado.
Proyecto minero Conga
La casa de la familia Chaupe Acuña se encuentra frente a la Laguna Azul, una de las lagunas que podrían verse afectadas por el proyecto minero Conga, en el Departamento de Cajamarca en el norte de Perú. Este proyecto, que actualmente se encuentra paralizado, pretende extraer entre 480.000 y 780.000 onzas anuales de oro y 54.000 toneladas de cobre durante aproximadamente veinte años, contando con una inversión estimada de 4.800 millones de dólares. Para ello, se destruirían cuatro lagunas, dos (El Perol y Mala) serán vaciadas para extraer mineral y las otras dos (Azul y Chica) serán usadas como depósitos de desmonte.
Según un informe de 2012 que la organización Environmental Defender Law Center encargó al hidrogeólogo estadounidense Robert Moran, el agua de la zona donde se proyecta Conga es potable y útil para la agricultura y otras actividades como los criaderos de trucha que ya existen en la zona. En sus conclusiones, el informe asegura que el subsuelo de las lagunas que Yanacocha pretende utilizar para almacenar sus residuos tóxicos no es impermeable, sino que la roca cálcica porosa del subsuelo filtraría las sustancias contaminantes a todo el sistema hídrico. Esto provocaría la contaminación de manantiales y otros recursos acuíferos subterráneos, donde metales como el aluminio, arsénico o plomo, permanecerían muchos años después de que la minera abandonase la explotación de la zona.
El proyecto Conga ha suscitado una gran controversia y una fuerte oposición por parte de la población, cuya resistencia comenzó en noviembre de 2011. Tras el levantamiento de la población civil en contra del proyecto minero, las autoridades declararon el estado de emergencia y la militarización de varias provincias. El punto más álgido de la represión tuvo lugar en el año 2012, cuando la policía mató a cinco personas durante una manifestación, entre ellos a un joven de 16 años. Ese mismo año el pueblo de Cajamarca convocó la Gran Marcha Nacional del Agua que recorrió 840 km entre la ciudad norteña y Lima, articulando a miles de personas en torno a la defensa del derecho al agua y a la protección de las cuencas hidrológicas frente a la minería. En la actualidad el conflicto continúa activo, lo que refleja el rechazo de la población al proyecto y la inviabilidad social que supone.
Link: https://www.facebook.com/MaximaChaupe
