En México cancelaron La Parota, pero adjudicaron presa El Zapotillo.
Mientras las organizaciones mexicanas festejaban la noticia divulgada el domingo acerca de la decisión gubernamental de cancelar el megaproyecto hidroeléctrico La Parota, en el Estado de Guerrero, se supo que la Comisión Nacional del Agua resolvió otorgar la licitación para construir la cuestionada presa El Zapotillo, en Jalisco.
La primera novedad generó algarabía. Bajo el argumento de problemas ocasionados por razones financieras, la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó sin efecto una de las iniciativas energéticas que generó más rechazo en los últimos años.
En los planes originales, La Parota se iba a comenzar a construir sobre el río Papagayo en abril de este año, y sobre su costo total existían diferentes versiones, que rondaban entre los 800 y los mil cien millones de dólares. Se calculaba que su puesta en funcionamiento inundaría casi 20 mil hectáreas de tierras cultivables, y que eso perjudicaría a 25 mil campesinos de treinta comunidades de Guerrero.
En el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) celebraron la decisión gubernamental como un “triunfo muy importante”, aunque ya se iniciaron trámites ante el presidente Felipe Calderón para acceder al documento de cancelación de obras que termine de confirmar las versiones periodísticas que circulan desde el fin de semana.
Mientras, en el central Estado de Jalisco el estado de ánimo es muy diferente. Allí desde hace varios años se viene alertando que la construcción de El Zapotillo dejaría inundadas a las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
A pesar de esas advertencias el plan gubernamental sigue adelante, y hace pocos días se dio a conocer el nombre de los capitales privados que participarán en las obras, y que en menos de una semana firmarán el contrato. Se trata de La Peninsular Compañía Constructora, en asociación con Fomento de Construcciones y Contratos (FCC), de capitales españoles y el grupo Hermes.
Los grupos opositores a El Zapotillo están enviando cartas de denuncia a los responsables de las firmas que ganaron la licitación. Les transmiten que la presa destruiría el cauce natural del río Verde, en cuyos márgenes hay centros poblados desde hace más de 1400 años.
Responsabilizan a los inversores por su complicidad en las violaciones a los derechos humanos de la población asentada en la zona y por causar “daños irreversibles” al patrimonio histórico, ambiental, cultural y religioso.
“Las condiciones sociales en las que se encuentra inmerso el proyecto, no garantizan la seguridad de su inversión, por lo cual le solicitamos considerar esta información antes de firmar definitivamente un contrato que lo obligaría a trabajar en este contexto de irregularidades y resistencia a la construcción de esta presa”, concluyen en la misiva.
Article aussi disponible en anglais
