A siete meses del derrame de un millón de litros de agua cianurada en San Juan, la asamblea de Jáchal y diferentes organizaciones internacionales levantan la voz mientras los grandes medios y la clase política hace oídos sordos.
Siete meses después, el silencio quiere seguir imponiéndose. Aunque cada vez es más difícil, porque las pruebas y los interesados en conocer la verdad se extienden mucho más allá de San Juan, donde el 12 de septiembre de 2015, en la mina Veladero, explotada por la compañía canadiense Barrick Gold, se produjo el derrame de un millón de litros de agua cianurada que afectó a la región del río Jáchal, sus afluentes y a las poblaciones en su área de influencia.
“Los peritajes que confirman contaminación son un empuje a la lucha, pero sin embargo, hay una temible y sospechosa negación del tema, donde los funcionarios minimizan los efectos del derrame y las consecuencias que traen en la población”, expresó Miriam Corso, representante de la asamblea vecinal Jáchal No se Toca, quien además aseguró: «tenemos el caso de un chico de cinco años de Jáchal donde aparecen rastros de mercurio en un análisis de sangre que se le practicó, pero el niño y su familia están con identidad reservada porque recibieron amenazas.”
El hecho, gracias a la protección mediática de la que goza la megaminería en nuestro país, pasó inadvertido para los grandes medios y la mayoría de los funcionarios tanto provinciales como nacionales. En cambio, el tema fue tomado con preocupación por diferentes organizaciones ambientalistas internacionales. Según Greenpeace, Barrick Gold utiliza más de 110 litros de agua por segundo en ese emprendimiento, lo cual equivale a nueve millones y medio de litros por día. “No vamos a parar de manifestar hasta que la última mina se vaya, porque son incompatibles con la vida de la población y el desarrollo de nuestras comunidades», enfatizó Corso.
Semanas atrás, más de veinte asambleas y colectivos ambientales se reunieron para celebrar un nuevo encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en la Asamblea Jáchal no se toca, surgida en 2004 a partir de la noticia de la instalación de la minera en el departamento de Iglesia.
Asistieron a la asamblea representantes de Chile y Uruguay, de las asambleas Campesinos por el Valle del Huasco y de la Asamblea Pachamama, entre otras. Y tras tres días de debate, se determinaron acciones conjuntas para realizar en apoyo a la situación que está enfrentando el pueblo de Jáchal.
Los efectos de la explotación son devastadores. En principio, se dinamitan las montañas con la consiguiente alteración del paisaje, y la destrucción de lugares en varios casos sagrados para comunidades indígenas, por el uso de toneladas de explosivos. Asimismo, la remoción de la tierra libera a la atmósfera minerales tóxicos como el arsénico.
El proceso de molienda y decantación requiere mucha energía para triturar la roca y extraer unos pocos ramos de oro por cada tonelada rocosa, incrementando la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero. El uso de millones de litros de agua potable de ríos, arroyos y napas, implica la dispersión extensiva del cianuro aplicado para la separación metalífera.
El líquido potable deja de estar disponible para las comunidades y para otros usos como la agricultura y la cría de animales. Notoriamente, los minerales son separados en piletones a cielo abierto llamados “diques de cola”, con vertidos de una sopa química contaminante que van a parar a los cursos hídricos o se filtran a las napas.
La red AVAAZ, que inició una campaña de activismo por internet, publicó un documento que expresa que “las multinacionales megamineras se llevan el mineral sin dejar prácticamente nada en el país y sí recibiendo múltiples subsidios (energía, agua, y exenciones impositivas)”. Al mismo tiempo, la entidad remarca que “las autoridades utilizan la Ley Antiterrorista para procesar a los miembros de las comunidades que se oponen a ese tipo de megaminería, como en los casos de Andalgalá y Chilecito”.
Se afirma que a pedido de numerosos vecinos, y de comunidades indígenas desplazadas, el municipio de ese departamento sanjuanino efectuó un estudio técnico sobre el agua de los ríos de la zona, y así se detectó contaminación hasta 1.400 por ciento por encima de los valores tolerables.
La misma fuente sostiene que tras el vertido con agua cianurada de Veladero se verificó la contaminación en los ríos de deshielo con elementos peligrosos como aluminio, arsénico, boro, manganeso, cloruros y sulfatos.
Después del episodio se abrieron dos investigaciones judiciales, una en el fuero Federal a cargo del juez Sebastián Casanello y otra en la Justicia sanjuanina, a cargo del juez Pablo Oritja, cuya Circunscripción procesó a nueve ejecutivos de la empresa Barrick por el mencionado derrame. Frente a esto, el gobierno de la provincia estableció una multa a la compañía de 145.696.000 pesos. Sin embargo, desde la Asamblea consideran que la multa, así como los procesamientos, son insuficientes.
Credito fotografías: Agencia Para la Libertad
Por Miguel Grinberg
